DESCARGO DE DE LA RÚA ANTE TRIBUNAL DE CONDUCTA DE UCR (20/3/02)
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El planteo sobre incompetencia de este Tribunal que he formulado, mantiene toda su vigencia y lo reitero. Es indudable que el intento de juzgar la gestión del ex presidente constitucional de la República, excede el marco local de los organismos partidarios del distrito. Se trata de analizar un gobierno y el cumplimiento de la plataforma electoral. Aquél, elegido por el pueblo de toda la Nación, ésta aprobada por la Convención Nacional. Sin perjuicio de ese planteo de incompetencia que ratifico, quiero exponer algunos aspectos relativos al fondo de las denuncias en trámite todo lo cual desde luego me reservo el derecho de ampliar oportunamente y ofrecer pruebas.
Quiero señalar, ante todo, que en nuestra centenaria existencia el Tribunal de Conducta de esta capital no ha sido nunca empleado para dirimir internas partidarias. Estas se resuelven exclusivamente por el voto de los afiliados. En este caso, la lucha interna está presente desde el comienzo, en todas las presentaciones, acompañándose incluso los manifiestos y panfletos de la lista encabezada por Rodolfo Terragno, Jesús Rodríguez y Aldo Neri. Es lamentable que en estos difíciles tiempos se acuda a estos procedimientos.
Se inscribe en igual sentido la resolución del Comité Capital, donde se impone una mayoría circunstancial para ejercer presión sobre el Tribunal de Conducta, a diferencia de lo resuelto por la Convención. El Tribunal de Conducta debe obrar con independencia y objetividad, y el ámbito de su decisión es el comportamiento ético de los afiliados, es decir, su conducta y no la opinión, adhesión o rechazo sobre un gobierno o un gobernante, libre de la influencia de otros órganos partidarios.
a)_ La ética de las conductas:
Desde un marco muy amplio debemos traer la cuestión a un caso específico, a fin de evitar las generalidades, el ideologismo. El verdadero problema y la acusación que nos ocupa tiene que ver con la ética en la administración de la sociedad argentina. Para eso, es absolutamente necesario que nos remitamos a un conjunto de normas específicas que sean Ley para todos, que sean aceptadas pacíficamente y posean legitimidad intrínseca. Por supuesto, que sea anterior a los hechos que nos han traído hasta aquí. Ese texto, es la Ley de Ética Pública nº25.188, concordante con el histórico ideario radical. A contrario sensu, lo ideológico es discutible y allí están como referencia el Programa de la Convención Nacional y la Carta a los Argentinos. También estaba la realidad social, económica y política de la República, como referencia ineludible de las alternativas posibles de un gobierno democrático.
Convengamos que la ética y la moral varían con el paso del tiempo, con los grupos sociales, con las tradiciones culturales y hasta con las influencias religiosas de cada comunidad.
Inclusive, podemos distinguir conceptos en la confusión acusatoria que nos ocupa, para diferenciar entre: 1) una conducta criticable; 2) una conducta antiética y 3) una conducta delictiva.
Es criticable todo lo que un sujeto o un afiliado resuelve repudiar con subjetivismo y desde su óptica particular, aquí interviene la ideología y el grupalismo. En cambio, una conducta antiética en la función pública ha requerido de una Ley (25.188). Por otro lado, la conducta delictiva, lo es, solamente cuando su tipología está prevista por el Código Penal. Entonces ceñirnos a la Ley vigente, consensúa al Partido con la sociedad y nos somete a todos por igual, sin temor al sectarismo, la ignorancia y la confusión.
En ningún caso se atribuyen al presidente De la Rúa violaciones enmarcadas en la Ley de Ética Pública, ni hechos de corrupción, ni actos contrarios a la Constitución Nacional o al sistema republicano. No está en juego su honestidad, ni actos que eclipsen la probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana de acuerdo al art. 2 de la Ley 25.188. Jamás el interés particular prevaleció sobre el interés público ni se enturbió la transparencia. Es inmediato y fácil el acceso a la información patrimonial suya. No hay ningún hecho demostrado y con sentencia fundada en la Ley 25.188. Lo que se está cuestionando son los resultados -materia opinable- y se nos invita a confundir los avatares gubernamentales de un gobierno en democracia con la ética; las designaciones para mejorar la gobernabilidad, con desviaciones éticas, la búsqueda permanente de nuevas alianzas, con hijos y entenados.
Señores miembros del Tribunal: ¿las alianzas políticas se califican desde la ética? Tratemos de desbrozar la cuestión, porque los radicales hemos estado próximos a la insularidad y todo vínculo nos desestabiliza emocionalmente.
En primer lugar corresponde establecer que la verdadera ideología que informa el sistema político es lo democrático-pluralista de sociedad abierta. La UCR es solo una corriente de interpretación de la Constitución Nacional dentro del gran arco democrático, en el que caven distintas tendencias bien diferenciadas. Todas las alianzas son posibles para lograr el buen gobierno y resultan practicables en el arco democrático argentino. Nada indica que la UCR no pueda hacer alianzas hacia la izquierda o hacia la derecha y mucho menos que se extralimite la ética radical si hace acuerdos con partidos distantes de su pensamiento tradicional ya sea con peronistas disidentes, o tradicionales o con liberales, buscando la gobernabilidad y la confianza.
El Dr. De la Rúa asumió y mantuvo hasta el final la Alianza. En su momento incorporó al gobierno al Partido Acción por la República a su gerencia del FREPASO para ampliar la base parlamentaria y hoy en día, la UCR, forma parte de un sistema de alianzas con el justicialismo tradicional, buscando la solidez del sistema y aprobando decisiones de gobierno que no se concedieron al gobierno anterior o innovando marcadamente en relación a la Carta de los Argentinos. Esto debe ser esclarecedor sobre la naturaleza política de las alianzas necesarias, que se adecuan a la gravedad de las circunstancias.
Como vemos, todo depende de la gravedad de la crisis y de la inmanencia del peligro. Sólo los sectarios ven un pecado en la búsqueda de fortalecer acuerdos de gobernabilidad en el campo democrático.
En cambio, puede ser imputable éticamente un partido o dirigentes que hacen alianzas con partidos diversos tan solo para alcanzar el poder sin plan conjunto y eficaz. Se trata del condenable oportunismo. No fue esta la conducta de Fernando de la Rúa, cuyos actos de gobierno fundamentales se inspiraron en la Carta a los Argentinos y contaron con la aprobación previa del Congreso Nacional. Todo se hizo con legitimidad parlamentaria, asentimiento del Gabinete y cooperación del Comité Nacional. No se violó la ética radical de los procedimientos.
b)_ La ética del compromiso con la Carta de los Argentinos:
Por la extensión de la Carta y la diversidad de temas, concentrémonos en los puntos que los denunciantes y nuestro representado coinciden en señalar: lo económico.
El Dr. De la Rúa confió la conducción de la economía a José Luis Machinea y su equipo a solicitud de la Alianza y particularmente del Comité Nacional, a quien se le sumaron economistas de la Fundación Centro de Estudios para la República. Aquellas políticas fueron el fruto del análisis y coincidencia dentro del gobierno, bien conocidas dentro del Gabinte, bien conocidas por el Partido y aprobadas por el Congreso Nacional.
Así se hicieron la reforma impositiva; el único programa conocido de reducción de gastos públicos, que posibilitaron el primer acuerdo con el FMI y se organizó la lucha contra la corrupción desde la Oficina Anti-corrupción. De esa tríada nació el conocido “lindaje” la formidable operación de resguardo financiero que concretara el ministro Machinea.
El Dr. De la Rúa ha insistido siempre en el apoyo que concedió al Dr. Machinea, a quien, inclusive, nombró ministro interino de Infraestructura. Por todos nosotros es conocido que la iniciativa de alejarse del cargo partió del propio Dr. Machinea porque se había excedido en las metas financieras comprometidas. El Dr. Machinea, ante la crisis que importunaba al Bco.Central presidido por Pedro Pou, ofreció a Domingo Cavallo dicho cargo, antes de renunciar, buscando confianza y sosteniendo el compromiso de no devaluar, no dolarizar, no crear inflación. De esto dieron fiel testimonio todos los medios.
El Dr. De la Rúa convocó con el mismo compromiso a un miembro prestigioso del Gabinete: Ricardo López Murphy. Su equipo determinó que para salvar la “onvertibilidad” bandera de la Carta de los Argentinos, había que hacer una gran reducción del gasto. Las protestas en las calles, la queja partidaria, la renuncia de ministros, el alejamiento de dirigentes del FREPASO, promovió que el ministro decidiera retirarse.
Conviene detenernos un momento para percibir las conductas y consultas propias de la democracia. Tanto el ministro Machinea, como el ministro López Murphy, consultaron al Dr. Cavallo y su partido. Nuestro representado recuerda que fue su vicepresidente en ejercicio quien trajo su nombre a colación por primera vez, como una articulación natural, para un país que ya arrastraba 2 años y medio de recesión heredada y prevalente.
Concretada la renuncia de López Murphy, el Dr. De la Rúa, prudentemente, inició consultas al Comité Nacional de la UCR, el FREPASO y ambos bloques legislativos para mantener el compromiso de la Carta a los Argentinos: la estabilidad monetaria y la reactivación. Convocó a todos a Olivos, la delegación del FREPASO, encabezada por el Dr. Aníbal Ibarra, propuso que el Dr. Cavallo fuese ministro de economía y el Prof. Carlos Alvarez, Jefe de Gabinete.
Hace al interés de todas las partes conocer y recordar que de aquella reunión, de las explicaciones que allí brindó el Dr. Cavallo de su programa a las autoridades y legisladores de la UCR y FREPASO, surgió la posibilidad de que se lo nombrara ministro de economía con consentimiento y aprobación. Se trataba, una vez más, de defender el poder adquisitivo del salario, generar empleo, preservar la convertibilidad, es decir, el cumplimiento del Programa.
De esta etapa, nuestro representado siempre ha hecho incapié en que se recuperó el denominado “lindaje” se negoció con éxito con el FMI, se pusieron en marcha planes de competitividad, empleo y subsidios por desempleo.
Una vez mas es conveniente hacer referencia a la sana política de recurrir al Congreso para aprobar el programa de déficit cero del Presupuesto Nacional. De esta legitimación y apoyo llegaron los desembolsos del FMI el 10 de septiembre de 2001. El fatídico 11 de septiembre cambió el mundo y frenó nuestra reactivación.
Señores miembros del H. Tribunal, hemos hecho este relato circunstanciado para marcar la fidelidad al punto 11 de la Carta de los Argentinos que enuncia la decisión de mantener la convertibilidad, y en el Gran Cambio, Síntesis de la Plataforma, p.17, proclama “a estabilidad permanente”comprometiéndose a defender el valor interno y externo de nuestra moneda. La lucha fue mantener la convertibilidad, evitar el default y rechazar la dolarización.
En el inicio del 2002 todos hemos visto que se derogó la convertibilidad ¿Cuál es entonces la tipología de la conducta radical que estamos juzgando como antiética?
c)_ Crisis. Responsabilidades:
Ante los altos intereses de la deuda externa, se logró una exitosa negociación de canje por 50 mil millones, que contó con el respaldo de la Alianza, que traería un ahorro de 3 mil millones de dólares para este año. Sorpresivamente se sacaron del sistema financiero 2 mil millones. Eran los intereses expureos en acción.
Para frenar la corrida se dictó el Decreto de bancarización que era bien distinto del “orralito”vigente. La gente, urgida de buenos resultados y alentada a patentizar su protesta, se manifestó el 19 de diciembre pacíficamente en el cacerolazo. Pero, en el interior del país, ya había hechos graves, llamativamente instigados y coordinados por zonas y horarios. También los medios, en este caso, reflejaron ampliamente estos acontecimientos.
Los sucesos del interior fueron afrontados por cada gobierno provincial. Se informo de personas fallecidas a partir del lunes, algunos por la reacción de comerciantes atacados, otros, según parece, por acción policial. Nunca se tuvo una información completa. Pero no faltó quien, como los denunciantes, quisiera atribuirlo todo al gobierno nacional. Esto es falso, aunque muchos fueron confundidos por la forma que asumieron las noticias. Sin embargo, sirva de ejemplo que el gobernador de Santa Fe Carlos Reutemann, el 14 o 15 de marzo, removió a su ministro de gobierno por haber ordenado la represión esos días, con un saldo de 7 fallecidos. Nada más triste y condenable, y en especial para nosotros que hacemos de la defensa de la vida y de la paz banderas fundamentales, que la violencia, sobre todo cuando produce muertes.
Por eso, ante el reclamo de varios gobernadores -el más enfático el de la provincia de Buenos Aires Carlos Ruckauf- previo consulta a los demás por parte del Ministro del Interior Ramón Mestre, y de hablar con lideres parlamentarios como el presidente provisional del Senado senador Ramón Puerta, virtual vicepresidente, quien dijo que eso era lo que había que hacer, se analizo la posibilidad de decretar el estado de sitio como medida disuasoria. Analizada la viabilidad constitucional así se hizo, y el Presidente decidió informar al país la grave medida. Parecía que la defensa del orden y la seguridad eran fundamentales, pero prevaleció el llamado a la protesta y el contagio de la manifestación popular ruidosa pero pacifica. Con todo, el estado de sitio traería calma en todo el país. Los asaltos e incendios cesaron.
El jueves 20 debía ser distinto. El Presidente había aceptado la renuncia de Cavallo, y un cambio de gabinete estaba en marcha encargando la economía a Cristian Colombo y la Producción y Obras Publicas a Nicolás Gallo, manteniendo abierta la convocatoria a un gobierno de unidad nacional. Esto era necesario no para salvar a un gobierno sino para llevar adelante las políticas racionales y sensatas que permitieran el desembolso de 1200 millones del FMI, para lo cual la aprobación del presupuesto era imprescindible. Los legisladores aliancistas, con su propia visión de la realidad, habían anticipado su rechazo, el justicialismo parecía aun considerarlo. El lunes de esa semana las máximas autoridades del FMI ratificaban el desembolso mencionado si se aprobaba el presupuesto, lo que permitía disponer, además, de otros del BID y Banco Mundial, y con eso nos preparábamos para un año sin urgencias concentrado en la reactivación. Después de la devaluación, las cifras astronómicas que se piden de ayuda son apenas una indicación de la lesión causada a la Patria por los abanderados del default y la devaluación. En la reunión en CARITAS, el Presidente planteó la necesidad del presupuesto y le respondieron, que era necesario un cambio de 180 grados en la economía. Es lo que después se puso en marcha. Default y devaluación.
Como se ve, la difícil historia de esos días es materia para un gran debate. Servirá para el juicio de la historia. Ahora afrontamos una situación muy grave, con una crisis que se profundiza, la reducción salarial por la devaluación y la inflación, y ahora la REPETICIÓN TARDÍA de lo que reclamaba el presidente De la Rúa y le negaban. La nueva administración de estos días ha debido resolver la devaluación y nuestra UCR ha aprobado un Presupuesto con recortes que superan ampliamente el proyecto del anterior gobierno, y asiste a una devaluación salarial sin precedentes.
El DÍA 20 de diciembre tendría que haber sido el del cambio de gabinete y la unidad nacional. Sin embargo, acechaban los intereses de quienes todavía tienen que rendir cuentas de su acción, que provocaron con su accionar violento una de las jornadas mas dolorosas que se puedan pensar. Es lo que falta investigar. Quiénes convocaron, armaron, pagaron y movilizaron a grupos violentos que generaron enfrentamientos con el luctuoso saldo conocido. Desde luego que nadie del gobierno ordeno ninguna represión. En esto es preciso ser claro y enfático. No se ordenó ninguna represión. Si debía preservarse el orden, la seguridad de las personas y los bienes públicos y privados. Desde la mañana, y cumplida la orden judicial de ubicarse los manifestantes de la verja hacia la Catedral, no había conflictos ni problemas. El Presidente dió su ultimo mensaje, convocando al justicialismo, a las 16.10. Después de las 16.30 se producen desmanes, pero la gente se retira hacia la Av. Nueve de Julio. Aquí en un momento dado, sin que pueda precisarse quien lo impulsa y como se desenvuelve, se producen los hechos fatales. Es un espacio abierto y no hay razón que lo explique. Esta es la tragedia que se debe dilucidar. Hay una causa abierta. Debe requerirse copia de las actuaciones. Lo que debe quedar claro es que ni el gobierno, y ningún funcionario suyo, ordenó reprimir, y que la investigación judicial, y sobre todo la histórica, debe ahondar en las causas y el desenvolvimiento de esta circunstancia tan penosa. Se menciona el hecho anterior en el HSBC, pero esto es un choque entre custodios y atacantes, ajeno a los episodios generales. Hay un suceso desgraciado en el Congreso, también distinto. Nadie murió en Plaza de Mayo, aunque se deba repudiar hechos aislados de excesos policiales. Los sucesos trágicos ocurren en la Av.9 de Julio, sin que nadie pueda prevenirlos, imaginarlos o comprenderlos.
III) El valor de las palabras
En los escritos iniciales se usan dos expresiones, represión y desmanes. Ambas tienen connotación ideológica o por lo menos psicológica. La represión parece arbitraria, el desmán es el desorden intencional que requiere contención de la autoridad. A veces los hechos se mezclan entre si. Las imágenes mostraron excesos policiales pero también desmanes provocados por grupos convocados y traídos al efecto. La conjunción de estas circunstancias crea el efecto que todos debemos lamentar. Es superficial e irresponsable atribuirlo al ex Presidente, cuando la lucha de toda su vida por los derechos humanos, la paz, la libertad, la vida y la concordia de los argentinos es ampliamente conocida y fue la base que inspiro a su gobierno. Los radicales debemos sentir en conjunto el común deseo de paz y respeto humano, y contribuir a un esclarecimiento objetivo de lo ocurrido, sin politización de la justicia, sin influencias extrañas, asegurada su independencia como la aseguraba el gobierno del Dr. De la Rúa. Seguramente prevalecerá la verdad. Debe determinarse la responsabilidad por los excesos y cómo se produjeron, así como también quien trajo a los grupos violentos para acelerar el desenlace institucional.
Pasamos por alto el tono de injuria gratuita que asumen parte de los escritos de denuncia. Los denunciantes aun se hacen eco de la diatriba y la difamación, de esos que buscaban el menoscabo a través de la mofa o generar odios a partir de la mentira para vender aun a costa de dividir a los argentinos.
Los objetivos expuestos en la plataforma debían alcanzarse en el desenvolvimiento de una acción que precisaba tiempo para superar las enormes dificultades heredadas, muchas que vienen de varias décadas. El endeudamiento nacional arranca de gobiernos militares y fue incrementándose de la mano del gasto publico, los procesos de hiperinflación y la desconfianza. El gobierno del Presidente De la Rúa fue el primero en todo ese tiempo que hizo reales y esforzadas reducciones del gasto publico, para sanear la economía, equilibrar el presupuesto y preservar recursos para las crecientes necesidades sociales. Lo hizo a pesar de las actitudes de quienes demandaban mas gasto en nombre de urgencias de vastos sectores, y utilizándolos como pretexto, se oponían a toda reforma transformadora que cambiara el curso de la historia.
Esta es la realidad, y hemos querido exponerla a este Tribunal también como un mensaje a nuestros afiliados. Es increíble que todavía haya quienes siguen obnubilados por las deformaciones de la mentira y el engaño, por la invención y el chisme, incapaces de percibir la realidad tal como ha sido, y tal como es. Seguro tenemos que contribuir con el silencio o la prudencia frente a las complejas horas que vive el país, y eso mismo aconsejaba dejar para tiempos mas calmos el planteamiento de estas cuestiones. Solo con la visión serena que da la perspectiva del tiempo las cosas se comprenderán mejor, se percibirá el sacudón institucional con sus cómplices de adentro y de afuera, y apreciaremos la magnitud del sacrificio que brindó al país el presidente De la Rúa, en su esfuerzo de dos años y en el momento supremo del renunciamiento para asegurar la continuidad institucional de la República y evitar el daño aun mayor que se podía haber ocasionado.
Agregan los denunciantes otras cosas:
1º)_ La transcripción fuera de contexto de sus declaraciones finales a la prensa, por preguntas relativas a lo realizado y no a la situación del momento, es una de ellas.
2º)_ La sanción de decretos de necesidad y urgencia, que como se sabe firman todos los ministros y se dictaron por reales problemas impostergables de gobierno, para la defensa del supremo interés publico.
3º)_ La cita de conspicuos legisladores que criticaban al gobierno, pero pidiéndole que distribuyera mas plata que era precisamente lo que faltaba, y en esa ceguera demagógica tensaban la situación del país con sus posturas.
4º)_ Merece particular consideración, la referencia a influencias negativas o el rol de familiares, en especial su hijo Antonio quien no ocupó cargo alguno en el gobierno. Se le atribuyeron falsas opiniones, y hasta discursos en los que no intervino, como el de estado de sitio, o influencia sobre el momento de la renuncia presidencial. Para atacar al padre se atacó al hijo en su honestidad y sus sentimientos. A esto ahora se suman algunos correligionarios, quienes deberían saber la falsedad.
Esto confirma el perverso efecto de la maledicencia y el engaño, de los que difunden falsedades para generar rencores y entran en las mentalidades propensas a asumirlas o recogerlas. EL PROPÓSITO FUE CREAR LA IMAGEN DE FALTA DE CONDUCCIÓN O DECISIONES PARA DEBILITAR AL GOBIERNO. En otro tiempo se apeló a la tortuga o la guitarra para objetivos similares. Todo eso desde luego, es sencillamente mentiroso. Lo que no puede admitirse es que miembros de la UCR lo recojan sumándose a la predica engañosa.
Como las propias denuncias lo recuerdan, el Dr. De la Rúa fue escalando por sus propios méritos las posiciones de gobierno y partidarias, ganó siempre el apoyo popular, nunca participó de un gobierno no constitucional, consolidó su prestigio en el Congreso y a diferencia de lo que hoy sucede, ejerció una administración exitosa en la ciudad de Buenos Aires que había recibido en un cuadro de desorden y alto endeudamiento. Llevó al triunfo al Partido y a la Alianza, y nunca ocultó los problemas existentes. Su discurso de Asunción ante la Asamblea Legislativa se refiere centralmente al déficit, convocando a reducirlo como un esfuerzo de todos los sectores. Insistió sobre el tema muchas veces. No lo comprendieron. Hoy con Duhalde y la nueva estructura de gobierno asistimos a idéntico problema, pero agravado por la devaluación y sus efectos.
Entonces, no se puede entender cuál sea la falta ética atribuida para que se formule un juicio de conducta. Quienes abrazan la vocación política saben de riesgos y dolores. Lo que no se espera es que haya liviandad en sus correligionarios. O no entienden, o no saben, o sirven a otros intereses. El Dr. De la Rúa respetó absolutamente la libertad de prensa. Fue objeto de ataques personales y hasta de mofas dirigidas a minar la autoridad institucional. Se agravió a su familia con mentiras repetidas, sin distinguir entre vivos y muertos.
Todo esto configura un amplio cuadro de las políticas y acciones de un íntegro gobierno y de quien lo presidió por mandato del pueblo. Ello no admite un juicio superficial, impulsado por la pasión interna, o bajo la tensión que generan los propios acontecimientos, por recientes y traumáticos. Caso de seguir adelante será preciso convocar a declarar a todos los que ocuparon funciones de gobierno para que expongan sobre la realidad de los procesos y las decisiones, las situaciones y las políticas, los conflictos y las coincidencias, para contar con la base objetiva que permita formular un juicio sobre los hechos reales y no sobre la mentira, el rumor o la versión. También será importante oír a las autoridades partidarias y a los gobernantes provinciales, porque las cosas son distintas a lo que se afirma en los documentos iniciales de estas actuaciones, y así como hubo muchas veces colaboración y, otras, dicenso, también hubo casi siempre participación con opiniones y con nombres.
El Dr. De la Rúa concurrió a todas las reuniones del Plenario del Comité Nacional y de la Convención Nacional de la UCR, que aprobaron sus presentaciones. Jamás ocultó las dificultades de los tiempos ni los problemas del país y del gobierno. Nunca dejó de remarcar el valor de la austeridad y la contención del gasto. Siempre convocó al compromiso social y la reactivación de la economía. Y como casi todos eran conscientes de la complejidad del desafío, con sentido de unidad acompañaban el esfuerzo. Es el mismo sentido de unidad que el Presidente reclamaba al conjunto de la Nación, sin el cual sería imposible superar la crisis. Por eso, cuando el llamado a la unidad, el último, es rechazado, y por lo tanto no podrá aprobarse un presupuesto equilibrado y realista y lograr las leyes para las reformas pendientes, el Presidente prefiere renunciar, para asegurar la continuidad institucional de la República. Así, quienes ostentan mayoría en las Cámaras legislativas podrán llevar adelante los cambios necesarios. Quiera Dios que acierten.
En ese marco político se trae a este Tribunal nada menos que la acción y la conducta del presidente constitucional de los argentinos, elegido por el pueblo de la Nación. Insisto que el tema lo excede y es incompetente por la naturaleza misma de la materia y de los hechos. De cualquier modo, queda claro la inconsistencia de las presentaciones efectuadas. El juicio histórico esta mas allá de estos actos plenos de pasión política, y a este Tribunal le cabe dar el ejemplo de no dejarse llevar por ella.
Por lo expuesto, pido al Tribunal que se declare incompetente y a todo evento que rechace las presentaciones efectuadas.
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