En sintonía con sus deseos de darle al Congreso más dinámica y ejecutividad, el vicepresidente, Daniel Scioli, le allanó ayer el camino a Gustavo Béliz y dispuso que mañana el Senado trate la postergada ley antisecuestro.
En realidad, es una norma endeble, porque se trata sólo de una mera reforma al Código Penal. El proyecto de fondo que prevé penas rigurosas para los secuestradores será sancionado más adelante, porque aún se encuentra en la Cámara de Diputados.
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Las medidas que los senadores tienen pensado aprobar mañana están incluidas en el trabajo que realizó la «comisión de notables» que fue creada por Eduardo Duhalde y fue presidida por León Arslanian, y de la que también participó el ahora secretario de Seguridad, Norberto Quantín.
El proyecto, esencialmente, prevé darles mayor poder a los fiscales, para que éstos, al igual que los jueces, puedan investigar y ordenar detenciones. Un sistema similar al que funciona en la provincia de Buenos Aires, donde no dio muy buenos resultados.
También comprende la extensión de las jurisdicciones para que los jueces puedan actuar en cualquier parte del territorio, es decir, tenga un status de federal.
El proyecto pone acento en la creación de una unidad de inteligencia criminal, esto es una red de información que les permita a la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura intercambiar información con otras fuerzas de seguridad.
En otro capítulo la iniciativa, que reunió la voluntad de legisladores de la comisión de seguridad, jueces y fiscales, contempla la incorporación al Código Penal de la figura del arrepentido (que ya existe para los casos de narcoterrorismo) para los secuestros y privación ilegítima de la libertad. Y, también, la institución de la figura de la recompensa para los que aporten datos que permitan desbaratar una organización delictiva o liberar a un secuestrado.
Otro de los puntos tiene que ver con la figura del «agente encubierto» para permitirles a las fuerzas de seguridad infiltrar a sus efectivos en las bandas y así desbaratarlas.
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