Diputadas rechazan baja de edad para delincuentes

La ola criminal que golpeó al conurbano bonaerense en estos días reinstaló el debate sobre la edad a partir de la cual un menor debe ser considerado imputable. El gobierno provincial anunció que quieremodificaciones al régimen actual. En la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, las mujeres son amplia mayoría. Una consulta con ellas permite tener un panorama del eco que podría o no tener esta idea y de qué solución imaginan para el drama de los menores que delinquen. Polémica en torno a la posible restauración de alguna forma de servicio obligatorio.

Fernanda Gil Lozano

Las legisladoras consultadas por este diario rechazan la idea de rebajar la edad de imputabilidad de los menores por considerar que no resuelve un problema al que sólo pondrán remedio políticas de Estado en materia social. Incluso Cynthia Hotton (Propuesta Republicana, Recrear), vicepresidente 2ª de la comisión, que está de acuerdo con una rebaja de la edad de imputabilidad, la considera una medida «necesaria, pero no suficiente; lo que tenemos que resolver es el problema de la inseguridad y ésta sería una medida de corto plazo porque si hoy los chicos delinquen, es por causas sociales, por carencias económicas y de educación: 60% de los adolescentes abandona el secundario». Por lo tanto, dice Hotton, «además de lo procesal, debe haber un sistema que apunte a la reeducación y reinserción de esos chicos en la sociedad».

Claudia Bernazza (Frente para la Victoria-PJ) es categórica: «No estoy de acuerdo, no es la solución. Una gran discusión postergada es la injusticia social de nuestro sistema económico, hay chicos en el conurbano que tienen la vida quebrada. Este tema se instala por la inseguridad, pero no soluciona el problema». ¿Qué hacer entonces? «Debemos trabajar con los pibes más vulnerables, más pobres, a través de las casas del niño, de guarderías, a través de un montón de estrategias para darles a nuestros chicos un futuro. Yo tengo chicos de la calle en guardia, son pibes fantásticos, pero hay que comprometerse a vivir con ellos. La familia sustituta es una de las herramientas que tienen los jueces».

Tampoco Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica) cree que la baja de la edad de imputabilidad resuelva «la cuestión social, ni la seguridad; es una medida mezquina y ni la ley ni las convenciones internacionales que la Argentina ha firmado lo permiten». Esto lleva a otra problemática, la de las falencias en la aplicaciónde la normativa vigente: «Tenemos una ley integral de protección a la infancia. Es una ley diez puntos, pero sin presupuesto. No se puede dejar a los chicos en la calle, porque se los impulsa a la delincuencia. Hasta los 18 años no se los puede encerrar en la cárcel, pero si no tienen familia, ni trabajo, ni escuela, lo más fácil es delinquir. Tenemos una ley de máxima, pero sin programas ni instituciones que la sustenten».

Coincide con ella la vicepresidente 1ª de la comisión, Silvia Storni (UCR): «El Estadodebe invertir en esto recursos, que a veces se destina a cosas menos prioritarias. La ley debe traducirse en programas específicos con su correspondiente presupuesto porque el innegable incremento del delito por parte de menores se debe al deterioro de las condiciones sociales, sobre todo a la falta de acceso a la educación y la crítica situación familiar, en los casos en que hay una familia». Storni tampoco cree que la rebaja de la edad de imputabilidad resuelva el problema y considera que «esto se solucionacon políticas públicas adecuadas que no deben responder a tiempos electorales porque son de largo plazo. Del 90 para acá hemos retrocedido en forma notable». ¿Y el crecimiento económico de los últimos años? « Crecimiento no es sinónimo de desarrollo -dice Storni-; el discurso oficial falta a la verdad, los números de pobreza se dibujan».

Claudia Bernazza señala otro caso de ley que es letra muerta: «Para proteger la seguridad de todos hay que poner en marcha el fuero de responsabilidad penal juvenil -establecido por la ley provincial bonaerense hace dos años, pero que aún no se implementó- con todos sus institutos para que los chicos también sean responsables de lo
que hacen, pero en el marco de la garantía de sus derechos.» ¿Cómo se verifica la sanción de un menor que comete un delito? «Con un programa para la recuperación de ese chico. El juez debe tutelar que el chico siga un programa de superación del delito cometido. La ley no dice que los chicos hagan lo que quieran sino que, a través de la tutela de los jueces, superen el estado en el cual cometieron el delito».

Paola Spátola (Guardia Peronista), en cambio, cuestiona el sistema de tutela, si bien tampoco está de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad: «Primero, no se puede modificar eso desde la provincia de Buenos Aires. Segundo, no resuelve nada, es crearle a la gente la falsa esperanza de que con eso se elimina el delito». Ella presentó un proyecto de creación de un régimen penal juvenil para menores desde los 14 años. «En la Argentina aún no existe -explica- y en eso el país está atrasado. Hoy tenemosun sistema tutelar por el cual no importa cuál sea la gravedad del delito, el juez decide si deja libre al menor o lo manda a un instituto. En cambio, en el régimen penal juvenil, hay un juicio, una parte acusadora, una defensa y sanciones, que van de lo mínimo para un delito leve hasta la reclusión en caso de delitos graves». ¿Sería un sistema más equitativo? «Sí, porque hoy en los institutos conviven chicos desamparados con chicos que han cometido delitos. La izquierda dice que en los institutos están los más pobres y es verdad porque los padres de clase media se comprometen frente al juez a hacer que su hijo siga un tratamiento mientras que los chicos de la calle quedan en manos de la Justicia.»

¿No se ha privado el Estado de una herramienta de contención de los jóvenes al eliminar el servicio militar obligatorio? «Nunca vi al servicio militar desde esa perspectiva -dice Fernanda Gil Lozano-. Esa tropa era para tener una población activa entrenada en casos de guerra. No era originalmente para pibes marginales. Ahora, si ese servicio militar de repente sirve a los efectos de educar, de compensar carencias de formación, a lo mejor entonces no lo llamaría servicio militar, sino de formación de ciudadanía. A lo mejor sería bueno transformar así los cuarteles.»

Experiencia

A propósito de esto, Cinthya Hotton, aunque rechaza la idea de restablecer un servicio obligatorio, rescata una experiencia hecha en Mendoza durante la gobernación del actual vicepresidente, Julio Cobos: «En esa provincia, se utilizaron instalaciones militares para dar formación a jóvenes: a través de convenios con las universidades, y así unos 4.000 chicos terminaron la secundaria». Claudia Bernazza admite que «muchas carencias se escondían con el servicio militar donde los jóvenes aprendían lo que no habían podido aprender antes», pero no cree que haya que volver a eso, «sino resolver el enorme estado de injusticia que hay en el conurbano».

Paola Spátola está a favor de la reimplantación de alguna forma de servicio obligatorio: «Que se lo llame servicio civil comunitario o como sea. Es una edad conflictiva en la cual los chicos estaban contenidos por parte del Estado. Era un sistema de igualación, que saldaba carencias educativas».