La oposición sumó ayer otro frente de conflicto a la pelea que viene manteniendo en el Congreso contra las retenciones móviles. Hasta ahora el radicalismo, la Coalición Cívica y el macrismo vienen convocando a sesiones especiales para derogar la polémica Resolución 125. Pero ayer sumaron otra exigencia utilizando la misma metodología: terminar con los superpoderes que el propio Congreso le otorgó hace dos años al jefe de Gabinete para que eluda la Ley de Administración Financiera a la hora de distribuir las partidas del Presupuesto nacional.
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Casi todos los senadores de la oposición anunciaron ayer que mañana realizarán una sesión especial en la que tratarán tres proyectos distintos destinados a derogar los superpoderes, que entre otras acciones, según ellos, le han permitido al gobierno instalar por decreto el sistema de retenciones móviles.
La sesión se hará en minoría, ya que el kirchnerismo, obviamente, no concurrirá, igual que el 28 de mayo pasado, cuando los legisladores de la oposición se reunieron para tratar el tema de las retenciones. En esa ocasión no hubo quórum, por lo que no se pudo sancionar ningún proyecto, y lo mismo se espera que ocurra mañana.
La sesión fue convocada por el Grupo Parlamentario Federal, que preside la puntana Liliana Negre de Alonso, con el respaldo de las bancadas del radicalismo, la Coalición Cívica, el socialismo y otros bloques provinciales y se realizará a las 13. Debuta así un nuevo acuerdo contra el gobierno que, aunque sea en este caso, contiene a todos los partidos de la oposición sin exclusiones.
Hasta ahora desde la oposición se expresó en los últimos días que el tema de las retenciones debería ser tratado en el Congreso, y por eso se han presentado diversos proyectos en ese sentido, en tanto ahora se ataca directamente la ley de superpoderes, que otorga facultades excepcionales al Poder Ejecutivo.
Los superpoderes, tal como se los conoce hoy, aunque tuvieron otras variantes en gobiernos anteriores, como el de Carlos Menem o Fernando de la Rúa, se convirtieron en ley en la Cámara de Diputados el 3 de agosto de 2006. Allí se dispuso una reforma del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera para que el jefe de Gabinete procediera a reasignar partidas, pudiendo cambiar el destino de gasto de capital por gasto corriente sin consultar al Congreso, un poder que ningún gobierno había tenido hasta entonces. Sólo se exceptuó de esa facultad a las partidas destinadas a distribuir recursos de seguridad e inteligencia y la asignación de fondos para la seguridad social.
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