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Una de las playas de maniobra será, indudablemente, el Congreso. Allí se presentaron, entre otros, dos proyectos de ley cuyo contenido principal es contundente: por un lado, se insiste en que las internas simultáneas deben realizarse con un padrón que consigne afiliados a cada partido y no afiliados a ninguno; por otro, se obliga a todos los partidos, se presenten o no en ellos más de una lista de candidatos, a realizar elecciones internas. Los autores del proyecto son los diputados Lelia Chaya (Salta) y Manuel Baladrón (La Pampa).
Ambas condiciones, que el menemismo viene reclamando desde que se firmaron los decretos que reglamentan la salida electoral (el 6 de agosto), conducen al mismo objetivo: que los afiliados a un partido no puedan intervenir en la disputa de otro. La perspectiva de éxito de estos proyectos es bastante alta, entre otras cosas porque varios partidos -incluyendo a la UCR-reclaman reglas de juego similares. Si se suman las firmas que apoyan a todas las iniciativas, se advertirá que son más de 100. Como para la «insistencia» (así se llama a la reposición por parte del Congreso de una cláusula vetada por el Ejecutivo) se requieren 2/3 de los presentes en la Cámara, ese caudal legislativo garantiza que los legisladores están en condiciones de doblarle el brazo a Duhalde en la reglamentación.
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Más allá de este laberinto en que está encerrado el gobierno, hay tareas elementales que demandaría una interna como la prevista para el 24 de noviembre que están lejos de haberse realizado: por ejemplo, disponer los fondos necesarios para solventar los gastos, que por lo menos demandarán fondos por $ 40 millones (Alfredo Atanasof, el jefe de Gabinete, deberá detectar de qué partida saldrán esos recursos).
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