La Cámara de Diputados se prepara para discutir el futuro del DNU 70/23, una de las principales normas de la primera etapa del gobierno de Javier Milei. La oposición convocó a una sesión especial para el 15 de octubre, con el objetivo de avanzar sobre el decreto que modificó y derogó un amplio conjunto de normas en materia económica, laboral, comercial y administrativa. El Senado ya había rechazado el DNU en marzo de 2024, por lo que una nueva negativa en la Cámara baja dejaría al decreto sin vigencia.
El escenario cobró fuerza después del reciente fallo de la Corte Suprema sobre la ley de Tierras. El máximo tribunal rechazó el planteo de una entidad que cuestionaba la derogación de esa normativa y, con esa decisión, quedó habilitado el esquema establecido por el DNU respecto de las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El fallo reactivó en el Congreso el debate sobre el decreto completo y no solamente sobre ese capítulo.
El eventual rechazo tendría consecuencias que exceden el régimen de tierras. El DNU 70/23 modificó o derogó centenares de disposiciones y, en algunos casos, eliminó leyes completas. Su caída abriría la discusión sobre cuáles de esas normas recuperarían vigencia y cómo impactaría esa situación sobre relaciones jurídicas, contratos y actividades que se desarrollaron durante los casi tres años de vigencia del decreto.
Habrá sesión el próximo 15 de octubre.
Una por una: las regulaciones que podrían volver a regir
Uno de los sectores alcanzados sería el mercado de alquileres. El decreto derogó la Ley 27.551 y modificó el Código Civil y Comercial para ampliar la libertad de las partes a la hora de establecer las condiciones de los contratos. Entre otros puntos, permitió pactar el plazo, la moneda del contrato y los mecanismos de actualización. Si el DNU dejara de tener vigencia, volvería a abrirse el debate sobre el régimen anterior y sobre la situación de los contratos celebrados durante la vigencia de las modificaciones.
También quedarían bajo revisión las normas vinculadas con el funcionamiento de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. El decreto modificó el régimen de elección de obra social para los trabajadores y eliminó determinadas restricciones que alcanzaban a las cuotas de las empresas de medicina prepaga. La eventual caída del DNU obligaría a determinar qué disposiciones anteriores recuperan vigencia y cómo se articulan con las normas que fueron sancionadas posteriormente.
La oposición pidió una sesión especial para el próximo 15 de octubre.
Otro de los capítulos sensibles es el de las regulaciones sobre alimentos y comercio. El DNU derogó la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, además de modificar parcialmente el régimen de Compre Argentino. La primera otorgaba al Estado herramientas de intervención sobre precios y abastecimiento, mientras que la segunda establecía reglas de exhibición destinadas, entre otros objetivos, a garantizar espacio para productos de pequeñas y medianas empresas y otros proveedores.
En materia de comercio exterior, el decreto introdujo modificaciones en el Código Aduanero y derogó normas que establecían restricciones a determinadas operaciones. También incorporó el principio de que las prohibiciones de exportación debían quedar sujetas a condiciones específicas. Un eventual regreso al esquema anterior implicaría revisar nuevamente ese marco normativo.
Las empresas públicas constituyen otro de los capítulos relevantes. El DNU modificó el régimen de las sociedades estatales y habilitó su transformación en sociedades anónimas, dentro de un esquema que el Gobierno vinculó con su política de privatizaciones. Si el decreto fuera rechazado en forma definitiva, esas modificaciones quedarían alcanzadas por la pérdida de vigencia del DNU, aunque el impacto concreto dependería también de las normas y actos posteriores dictados sobre cada empresa.
El sector de las telecomunicaciones también podría quedar alcanzado. El decreto introdujo cambios destinados a facilitar la prestación de servicios de internet satelital, en un contexto en el que el Gobierno buscaba habilitar el ingreso de nuevos operadores al mercado. La caída de esas modificaciones abriría un escenario de revisión regulatoria para las empresas que ingresaron o ampliaron sus operaciones bajo el esquema establecido por el DNU.
La cuestión laboral presenta una particularidad. Aunque el decreto modificó numerosas normas de ese ámbito, varios de sus artículos fueron objeto de presentaciones judiciales y atravesaron distintos procesos. Además, durante 2026 el Congreso aprobó una reforma laboral, por lo que un eventual rechazo del DNU no implicaría simplemente regresar en bloque al régimen existente en diciembre de 2023. En este punto, la situación normativa debería analizarse disposición por disposición.
Con la sesión convocada para el 15 de octubre, Diputados tendrá así la posibilidad de completar el trámite parlamentario iniciado hace más de dos años. Para tratar el decreto en el recinto será necesario reunir el quórum reglamentario y, una vez iniciado el debate, alcanzar una mayoría simple para rechazarlo. El resultado no solo definirá el futuro del DNU 70/23, sino también el marco legal que reemplazaría a varias de las desregulaciones centrales impulsadas por Milei desde el inicio de su gestión.
