Dramático, casi doloroso, lo que vive el país en materia de educación. Todos coinciden en que es el único recurso que a futuro puede asegurar equidad y desarrollo, mejor vida para todos, pero nadie advierte que el sistema termina siendo otro rehén de la pelea política. Hoy la provincia de Buenos Aires enfrenta otro paro, al que se le suman sectores de estatales que buscan arrinconar al gobierno. Pese a acuerdos de comienzo de año, que redundaron en aumentos de 17%, insisten los activistas salud institucional, debió salir ayer por tercera vez a descalificar a los gremios que no respetan acuerdos ya firmados. Se trata, además, de gremios halagados en el orden nacional pero que usan la protesta para disputarle terreno a sus competidores dentro del sindicalismo.
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Con disgnidad, el ministro de Eduación Mario Oporto le presentó ayer la renuncia a Daniel Scioli por no poder cumplir -por culpa de los gremios- su compromiso de asegurar los 180 días de clase que exige la ley de educación.
El gobernador se la rechazó; si la aceptaba le daría un trofeo a los gremios.
En la Capital Federal Mauricio Macri también enfrenta protestas de docentes y de activismo estudiantil también teñido de proselitismo. Ayer un grupo de activistas impidió el informe del ministro de Educación local sobre las becas y terminaron a los gritos todos, legisladores, estudiantes, funcionarios, curiosos y hasta una funcionaria nacional (la titular del Instituto contra la Discriminación, María José Lubertino) que aprovechó para quejarse del gobierno macrista del cual es oposición. Como todos los gobernadores, Macri ha dicho ya que no cuenta con fondos para responder a los reclamos, pese a las huelgas, ni para sostener un sistema de becas heredado que se las concede a todo aquel que las pide con el solo requisito de anotarse.
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