A dos días de la asunción de la nueva presidente y tras los saludos protocolares, el gobierno de los Estados Unidos lanzó un programa de instrucción con cesión de tecnología electrónica de punta para la lucha contra el narcotráfico. Una de las amenazas esenciales de la agenda oficial norteamericana más allá del color del partido gobernante.
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El hiperkinético embajador Earl Wayne había conversado con dos miembros del gabinete de Cristina Kirchner con responsabilidad en la represión de este delito: Aníbal Fernández, flamante ministro de Justicia y Seguridad; y Nilda Garré, ministra de Defensa. El primer paso fue el desarrollo de un programa de adiestramiento de agentes en el uso de un software de alta complejidad orientado a la captura de elementos de información para la identificación de narcotraficantes y sus conexiones de lavado de dinero. Earl Wayne tomó a pie juntillas las palabras de la Presidente sobre que la Argentina debe volver al mundo y potenció el ala de la persecución de un delito trasnacional -narcotráfico y sus derivaciones en el terrorismo internacional-, que es objetivo de seguridad de los Estados Unidos en la región. El vínculo más estrecho de la comunidad de inteligencia norteamericana con las agencias del país lo tiene la Gendarmería Nacional. Dos comandantes generales: Aníbal Maiztegui y Jorge Tapia, jefes de Drogas y de Inteligencia, respectivamente, son los puntales de la iniciativa con el visto bueno de Aníbal Fernández. El desarrollo del programa corresponde a la Drug Enforcement Agency (DEA, por sus siglas en inglés), organismo que cedió equipamiento (computadoras), instructores y el software especializado a Gendarmería, Prefectura y Policía Federal.
Wayne estrenó un rol de mediador con Uruguay, ya que fueron invitados y participaron del curso de entrenamiento varios oficiales de fuerzas de seguridad del país oriental con el que el gobiernonacional mantiene una disputa por la radicación de la pastera Botnia. La inclusión de los uruguayos tiene sentido porque se presume que por ese país, en pistas clandestinas, saldrá buena parte de los cargamentos de sustancias narcóticas. La preocupación del gobierno norteamericano se relaciona con los más de 300 vuelos no identificados que se detectan en la frontera del noroeste y nordeste del país. Los datos de las localizaciones se obtienen a duras penas con los dos radares que la Fuerza Aérea tiene estacionados en Resistencia y Posadas, pero la cobertura no alcanza para identificar los innumerables aviones que circulan sin plan de vuelo.
La ministra de Defensa intentó paliar el déficit con el envío de tres radares móviles Cardion Mk III del Ejército Argentino, pero nunca salieron de sus contenedores porque no asignó el presupuesto necesario para cubrir el despliegue de los equipos que pertenecen a la Agrupación de Defensa Aérea basada en Camet, Mar del Plata. El encargado de negocios de la Embajada de EE.UU., Thomas Kelly, un longilíneo funcionario con estampa de agente, entregó a las autoridades de seguridad argentinas y uruguayas el paquete de software especializado. El ingenio se denomina I2 y según sus desarrolladores es una herramienta analítica que permite generar cuadros sobre estructuras complejas vinculadas a organizaciones trasnacionales. Más claro, una especie de cuadro de contactos que cruza al instante información sobre flujo de dinero, cuentas, nombres, llamadas de teléfono, matrículas de aviones y otros datos que las fuentes se reservaron para no vulnerar el secreto.
Se sabe que los agentes locales requirieron información base, que es el punto de partida para alimentar y poner en servicio el sistema I2. Hubo caras felices en los funcionarios locales porque todo el paquete de tecnología más el entrenamiento fue financiado por la Oficina de Enlace de Narcóticos del Departamento de Estado norteamericano.
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