Integrantes de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú reconocieron estar discutiendo «la efectividad» del corte de la ruta que conduce al puente internacional General San Martín, que vincula Fray Bentos con Puerto Unzué, debate que podría derivar en la flexibilización de la medida o en el levantamiento del bloqueo.
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Tal como había adelantado este diario en febrero, integrantes de la organización ratificaron que existen «insinuaciones» sobre la necesidad de «discutir la vigencia» del corte de la ruta 136, cerrada en forma ininterrumpida desde hace un año y medio.
Corte que, hasta ahora, no ha servido más que para empantanar la relación con el gobierno de Tabaré Vázquez, amén de las gravísimas pérdidas económicas y políticas que representó para el país el hecho de haber recurrido a La Haya. Una medida que no sólo perjudicó al turismo y a las economías regionales de ambos países, sino que tampoco cumplió su objetivo de máxima: conseguir que Botnia se vaya de la costa uruguaya.
La idea, que será debatida en próximas asambleas, surgió como parte de un proceso lógico de desgaste de una movilización social inédita, que sin lugar a dudas pudo instalar el conflicto por la radicación de Botnia a nivel nacional. De hecho, se convirtió en uno de los temas de política internacional más importantes de la gestión Kirchner.
Durante el paro del campo en el que Gualeguaychú fue punta de lanza, el corte del puente presentó un panorama desolador, debido a que la mayor parte de los manifestantes se trasladó hacia las rutas para acompañar el reclamode Alfredo de Angeli, un histórico miembro de la asamblea.
Incluso, tanto desgaste llegó a provocar que, por ejemplo, durante varios días se viera en el campamento de Arroyo Verde a una sola persona apostada junto al acoplado que bloquea en forma oclusiva el paso sobre el río Uruguay desde el 20 de noviembre de 2006.
«El proceso ya está cumplido», dijo un asambleista que prefirió no identificarse, pero que se alinea con el sector moderado de la asamblea. Precisamente, ese grupo de ambientalistas que se inclina por levantar el corte mantiene un activo pronunciamiento contra la actividad de la pastera y en los últimos meses viene desarrollando una intensa estrategia nacional e internacional de defensa del medio ambiente.
En cambio, otros integrantes de la entidad, que conforman el núcleo más duro de la protesta, ni siquiera admiten que la posibilidad sea discutida. Y sostienen que quien diga lo contrario impulsa una «campaña para desestabilizar» la mayor protesta ecologista que recuerde la historia argentina.
El argumento guarda cierta lógica: correrse de la ruta implicaría «entregar» simbólicamente el emblema de la lucha y, de alguna manera, se le otorgaría al gobierno el plácet de haber conseguido que la protesta caiga por su propio peso, desgastada, y no por la intervención de la fuerza pública.
Como sea, lo cierto también es que algunos habitantes de Gualeguaychú -aunque no lo admitan públicamente por temor a la condena de la ciudadanía- sostienen que «hay que levantar o flexibilizar el corte y buscar nuevas alternativas de lucha».
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