El ex juez de la causa AMIA, Juan José Galeano, cuestionó hoy "la prepotencia" del Estado iraní y dijo "estar acostumbrado", al ser consultado sobre el anuncio hecho por Irán de requerir judicialmente la presencia en su país de cinco argentinos, entre los que él se cuenta.
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Irán anunció hoy su intención de requerir judicialmente la presencia en su país de cinco argentinos: el ex ministro Carlos Corach; el ex juez federal Juan José Galeano; el ex titular de la DAIA (Delegación de asociaciones israelitas argentinas), Rubén Beraja; y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. Los acusa de "atentar contra la seguridad exterior de Irán, incriminar infundadamente, sobornar a opositores de la república islámica fuera del país, tomar falso testimonio y lanzar una campaña de propaganda mediática contra el estado iraní".
Galeano, en declaraciones radiales dijo que estaba "acostumbrado a esta prepotencia y a este formato que tiene el Estado iraní para expresar lo que su gobierno quiere manifestar".
Asimismo, sobre las órdenes de captura emitidas por Interpol contra cinco iraníes y un libanés, destacó que cuando él estaba a cargo de la causa AMIA "ya había pedido la captura de algunas de las personas que ahora figuran en la lista roja de Interpol".
"En su momento no nos equivocamos, se ha continuado con la investigación y hoy están sosteniendo lo que habíamos esbozado en una resolución de 2003", explicó Galeano al referirse a la denominada "pista iraní" que insiste sobre la responsabilidad de ciudadanos de ese país, algunos ex funcionarios, en el atentado contra la AMIA.
El ex juez defendió su rol al frente de la investigación al decir que en su momento "contamos con testigos que eran expertos en el tema de distintos países del mundo, no se contó con cualquier testigo".
Juan José Galeano fue destituido de su cargo de juez el 2 de agosto de 2005 por el jurado de enjuiciamiento por graves irregularidades detectadas en la investigación del atentado a la AMIA.
Estaba acusado por trece cargos sin embargo el jurado sólo reconoció dos y decidió rechazar el resto.
Los dos cargos que le imputaron en ese momento fue el pago de los 400.000 dólares al vendedor de autos Carlos Telleldín (quien habría estado involucrado en la compra-venta de la camioneta utilizada en el ataque), y por haber consentido que una abogada de la querella se entrevistara con un policía bonaerense utilizando un micrófono oculto.
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