Mientras el kirchnerismo reaccionó ayer casi con histeria en contra de las críticas al proyecto de estatización de las AFJP anunciando que no aceptará cambios a esa iniciativa -salvo los que aporten quienes voten a favor-, el radicalismo ya comenzó a analizar alternativas para negociar alguna modificación en el control de los fondos que se transferirán a la ANSeS. Es cierto que hoy ningún acuerdo parece posible entre oficialismo y oposición, pero si alguno se logra, será en torno a la idea de colocar al Banco Nación y su AFJP como megaadministradores de los activos que hasta ahora están en las cuentas de capitalización individual, garantizando independencia de esos fondos hasta que cada aportante deje su vida activa. El gobierno ya aceptó ayer la posibilidad de algunos cambios, como reforzar los límites prestables de la ANSeS al Tesoro o hasta la posibilidad de entregar el control de la Comisión Bicameral que vigilará los fondos de las AFJP a la oposición. El problema es que ya existen dos líneas en el gobierno sobre el tema y cada una negocia por separado.
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Por eso, el objetivo de la oposición de intentar abrir una brecha en el oficialismo para corregir una ley con defectos técnicos que no sólo complicó al mercado sino que puede generar una catarata de juicios previsionales está aún lejos; es sólo una propuesta que un sector del gobierno ve con buenos ojos y alienta, pero que Amado Boudou resiste.
Mientras se desarrolla la pelea, ayer por la mañana Cristina de Kirchner convocó a la Residencia de Olivos a Agustín Rossi y Miguel Pichetto, junto a Florencio Randazzo y Boudou, para organizar la estrategia de votación de los temas que están pendientes de aquí a fin de año. El jefe de Gabinete no fue de la partida en esta ocasión. La orden de la Presidente fue no aceptar cambios en la ley de estatización de las AFJP y apurar los tiempos. Le anunció en el mismo momento a Rossi y Pichetto que en breve enviará tres proyectos de ley al Congreso que también quiere que sean aprobados sin modificar una letra: la renovación por un año más de las leyes de Emergencia Pública y del Impuesto al Cheque (donde las provincias presionarán por más fondos ya que hoy se llevan sólo 30% de la recaudación de ese tributo) y el proyecto que deroga la ley que prohibió reabrir el canje de deuda.
De esos anuncios se desprende que al gobierno le queda aún alguna ilusión de avanzar con la reprogramación de vencimientos de los préstamos garantizados y el nuevo canje de deuda con los holdouts.
Mensaje
El mensaje que se llevaron Rossi y Pichetto de Olivos fue contundente: «Las reglamentaciones de la ANSeS ponen límites suficientes a la cantidad de fondos que pueden prestarse al Tesoro. No tiene sentido hablar de intangibilidad».
Con relación a la votación del proyecto, la definición fue aún más dura: «El que no vote la ley no está más en el bloque. Y el que no vota no vuelve más. No hay retorno».
El epílogo luego fue publicitado por Rossi: «Aceptamos sugerencias y mejoras de los que quieran ayudar. Vamos a escuchar a los que quieran votar a favor».
Pero todo ese artificio fue sólo para reforzar la imagen de fuerza que el kirchnerismo quiere dar frente a la votación. En privado ya se aceptan algunos cambios, pero que aún no son suficientes para convencer al radicalismo de apoyar un proyecto que el gobierno no quiere votar a solas.
A la reunión de ayer en Olivos la siguió otra en el despachode Randazzo en la Rosada. Allí se les sumaron Patricia Vaca Narvaja, Carlos Zannini, Juan Carlos Díaz Roig y Fabián Ríos, presidente de Presupuesto y Hacienda del Senado. Fue el momento de comenzar a reconocer la necesidad de algunos cambios. Una de las propuestas en vilo fue entregar el control de la Comisión Bicameral que prevé la ley para controlar los fondos de la ANSeS a la oposición e incluir un tope a la cantidad de préstamos que el organismo puede hacer al Tesoro. También se acordó mejorar la redacción del beneficio que se ofrece a los aportantes al sistema de AFJP de poder jubilarse computando los 10 mejores años de salarios sumados a la actualización que realiza el organismo. Con eso buscan seducir a quienes, inclusive dentro del oficialismo, no aceptan que no haya controles al manejo de los fondos que pasarán de las AFJP y que se cree irán a cubrir pagos, gasto y deuda en 2009.
La rebeldía en esto no es menor: Vilma Ibarra -aliada hasta ahora del gobierno- ya cuestionó la falta de controles y no se sabe cómo jugarán otros como Graciela Camaño, que tampoco apoyó la renovación de los superpoderes en el Presupuesto 2009.
En esos razonamientos de los diputados, senadores y ministros hubo también algún párrafo sobre la calidad técnica del proyecto que establece en líneas generales la estatización de las AFJP y la transferencia de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización a la ANSeS, pero que deja casi todo el resto en manos de la delegación de facultades en favor de la ANSeS que el gobierno pretende que vote el Congreso.
Ese es uno de los puntos que más cuestiona el radicalismo: «El proyecto es meramente delegativo y funciona sólo con un esquema de superpoderes», dijo ayer el radical Gerardo Morales. En un trabajo que coordinaron Morales y Eduardo Santin, la UCR dijo ayer: «Un proyecto serio de reforma del régimen previsional tiene que establecer una transición, no se puede ir de un sistema filosóficamente diferente a otro, de un día para el otro».
De allí comenzaron a desgranarse las propuestas que concluirán en una posición común el próximo miércoles, cuando los radicales fijen su posición. Hoy Morales volverá a comunicarse con Massa para continuar tanteando posiciones. El jefe de los radicales sostiene que «uno de los esquemas puede ser mantener a los aportantes en el régimen de AFJP hasta que se acabe y se terminen las prestaciones» y que los nuevos ingresen al sistema de reparto.