Diputados: arrancó el debate en comisión de la ley de Lobby

La Cámara baja comenzó a debatir este miércoles el proyecto de ley impulsado por el presidente Javier Milei que establece un régimen de transparencia y publicidad de intereses. La oposición cuestionó la letra chica de la iniciativa. Todavía no hay fecha para la votación en el recinto.

El plenario fue presidido por el libertario Nicolás Mayoraz.

En un plenario de comisiones, la Cámara de Diputados comenzó a debatir este miércoles el proyecto de ley impulsado por el presidente Javier Milei que establece un régimen de transparencia y publicidad de intereses, también conocida como la ley de Lobby. "Esta iniciativa viene a reimpulsar una discusión que este Congreso se debe", dijo el funcionario del Ejecutivo que defendió la medida ante un plenario de comisiones.

Pasadas las 14, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente, comenzaron a tratar el proyecto que impulsó la Casa Rosada en Diputados. El encuentro, que duró casi dos horas, fue estrictamente informativo. Se esperan una serie de encuentros antes de dictaminar y dejar el tema listo para ser llevado al recinto.

A grandes rasgos, la iniciativa impulsada por La Libertad Avanza se propone, como señaló el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al presentar la iniciativa, “ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con qué funcionarios y en beneficio de quién”.

El libertario Nicolás Mayoraz presidió el debate de comisiones.

El texto oficialista alcanza a funcionarios del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en gestiones vinculadas a leyes, actos administrativos, políticas públicas, contrataciones, habilitaciones y otros beneficios estatales.

Entre los puntos salientes, el proyecto libertario crea el Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir las personas o empresas (nacionales o extranjeras) que realicen gestiones de intereses en el ámbito del Gobierno y el Congreso. Sólo ellos estarán habilitados a hacerlo. Así las cosas, los gestores de intereses inscritos deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación pertinente un reporte trimestral de actividades.

Por otra parte, el proyecto plantea que no podrán actuar como gestores de intereses funcionarios públicos hasta dos años después de haber finalizado sus funciones.

Más adelante, el proyecto también establece sanciones de apercibimiento; multas (de hasta 500 SMVyM, con agravantes de hasta 2000 SMVyM); suspensión del registro (hasta 12 meses, con agravante de inhabilitación definitiva) y penas de prisión (de hasta 3 años).

Ley de Lobby: qué dijo la oposición

El rionegrino Miguel Ángel Pichetto –autor de uno de los proyectos puestos a la vista– tomó la palabra para cuestionar la iniciativa oficialista. Para empezar, señaló que el texto libertario no utiliza la palabra “lobby” sino que habla de “intereses”. Además, el diputado apuntó contra el gobierno de Javier Milei por no tratar este temas apenas arribó a la Casa Rosada, sobre todo por haber hecho campaña con que iba a pelear “contra la casta”.

Asimismo, Pichetto destacó que, durante el Gobierno de Javier Milei, se han tratado proyectos que, prácticamente, tienen el sello de “importantes” estudios jurídicos, “donde el lobby funciona de verdad”.

Más adelante, el rionegrino alertó que el proyecto con sello libertario “pone como supletorio a la ley nacional, y prevalece el estatuto”. Y agregó: “Ahí también hay lobby”. En este sentido, el diputado recordó que, precisamente, este fue el argumento que utilizó el fondo Burford Capital en el Caso YPF. “Ojo con tirar leyes al viento que pueden lesionar, todavía, el interés argentino”.

"La pena es muy leve", dijo Pichetto al poner la mira en la letra chica del proyecto que intenta regular la gestión de intereses.

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, que también impulsa una iniciativa propia, planteó varios cuestionamientos a la letra chica del proyecto libertario. Entre otros puntos, destacó que la definición de “gestión de intereses” es “demasiado amplia”.

Por otra parte, el “lilito” pidió que los diferentes actores que se vean involucrados con la ley, sean invitados a un plenario de comisiones para que brinden su mirada sobre el tema.

“Excesivamente regularista”. Así definió el exdiputado Oscar Agost Carreño a la iniciativa libertaria. El cordobés, si bien ya no ocupa una banca, es autor de uno de los proyectos puestos a la vista durante el debate en comisión, de allí su participación.

Más adelante, el exdiputado coincidió con el resto de los legisladores al señalar que es poco preciso hablar de “gestión de intereses”. Y planteó acotar la definición. “No se puede cortar con la misma tijera todos los tipos de lobby, porque claramente no es lo mismo. La definición es muy abarcativa, extremadamente grande, y cae todo. Cae hasta la posibilidad de encontrarse en la puerta de la escuela con alguien de una empresa que te diga algo. Eso no solo es desproporcionado, sino también absolutamente imposible de controlar”, graficó el exdiputado.

Pichetto cuestionó la letra chica del proyecto libertario.

“No podemos permitir que haya lobby en bares característicos o en aviones privados”, sintetizó Agost Carreño.

“Parece ser una ley hecha a medida, para mejorar los negocios que quiere hacer el Gobierno”, denunció el diputado de Unión por la Patria Sebastián Galmarini, que también impulsa uno de los proyectos tenidos en cuenta durante el plenario de comisiones.

La mirada del Ejecutivo

“Me alegra profundamente saber que este tema es profundamente transversal, digo, porque hay, conté prácticamente unos 29 proyectos presentados en este Congreso de la Nación desde el año 2003 a la fecha, más allá de los que fueron expuestos puntualmente recién, y son proyectos que abarcan o recorren prácticamente todo el arco político”, dijo Diego Marías, a cargo de la Dirección Nacional de Reforma Política que depende del Ministerio del Interior.

Más adelante, Marías agregó: “Es una ley de lobby, y lo que intenta es regularizar algo que en la Argentina se hizo, se hace y se va a hacer siempre, como en cualquier país, que es el lobby, o el cabildeo, como dijo el diputado Pichetto, o la gestión de los intereses entre los públicos y los privados, o entre los privados y el sector público”.