"El gobierno del PRO desvirtuó la creación de la Metropolitana"

El abogado del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH), Demian Konfino (foto), aseguró que la Policía Metropolitana se creó con "compromiso con la democracia y los derechos humanos y ya tiene varios casos de gatillo fácil".

En sus cinco años de existencia, la Metropolitana cambió de jefe cuatro veces. Aunque formalmente se formó en 2008, la PM salió a la calle en 2010 con el multiprocesado y enjuiciado Jorge "Fino" Palacios, siguió con su sucesor Osvaldo Chamorro y luego le tocoó al consultor privado en seguridad Eugenio Burzaco. Desde 2011 quedó en manos de Horacio Giménez y Raúl Pedace. Este último es un exfederal que fue custodio presidencial de Néstor Kirchner cuando asumió en 2003, pero que luego lo despedieron del cargo por asegurar que el exmandatario era imposible de proteger porque rompía el protocolo todo el tiempo.

En esos cinco años, decenas de agentes de la fuerza se vieron involucrados en cientos de casos de violencia institucional. En los últimos meses, se hicieron conocidos abusos contra activistas trans y africanos de la comunidad senegalesa en Buenos Aires; la golpiza a cuatro jóvenes y una madre en Saavedra, el atropellamiento de un chico en La Boca y hasta la muerte de un perro policía. También cosecha denuncias por violencia de género, uso desmedida de la fuerza y gatillo fácil.

Según un informe del CELS entre 2011 y 2014 se registraron 20 muertes por uso letal de la fuerza por parte de agentes de la Metropolitana. Un reciente fallo condenó al policía Enzo Álvarez a prisión perpetua por el fusilamiento en 2011 del joven Bruno Pappa en Chacarita. Otro caso de gatillo fácil resonante -todavía sin sentencia-, fue el de "Robertito" Claudio Autero, ocurrido en febrero pasado. El chico de 16 años en situación de calle fue asesinado de un disparo en la nuca cuando estaba con un grupo de amigos cerca a un automóvil estacionado en la calle Rosario. El agente imputado es Sebastián Ezequiel Torres, de 30 años. Dijo que lo vio "en actitud sospechosa".

La PM cuenta con 5.000 efectivos, pero no cubre ni la mitad de la Ciudad. Brinda el servicio en las comunas 4, 12 y 15 y patrullan las estaciones de subtes, algunas del Metrobús, zonas del microcentro y las terminales Constitución y Retiro. No todos son inexpertos. Según admitió el Gobierno porteño en un pedido de informe, desde 2009 al 2013 ingresaron 186 efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas, aunque la Ley de Seguridad Pública lo prohíbe. De ese total, 142 reportaron a la Armada, 35 al Ejército y nueve a Aeronáutica. Además, 23 son inspectores, 28 son subinspectores, 66 son oficiales mayores y 69 son oficiales, muchas de las tareas que tampoco pueden realizar por tener origen militar y entrenamiento para la guerra.

La PM encabezó las represiones en el Parque Indoamericano, ahora barrio Papa Francisco, la sala teatral Alberdi, el hospital neuropsiquiátrico Borda, contra los habitantes de la Villa 31 de Retiro, que manifestaban en reclamo de una vivienda digna, en una marcha de puesteros del Parque Centenario o en el violento desalojo de vecinos de Villa Lugano, que protestaban en la autopista Dellepiane por la falta de luz. Esos episodios dejaron decenas de manifestantes heridos y detenidos.

Especialistas también apuntaron contre el reglamento de conducta y disciplina establecido por la cúpula de la PM en junio de 2010 para los cadetes ingresantes. La norma cuestionada "refuerza la concepción de espíritu de cuerpo, obediencia debida y militarización, dando luz desde sus cimientos a una organización alejada totalmente de la sociedad civil", sostuvieron desde entidades de derechos humanos. "Las conductas prohibidas a los cadetes no tienen ninguna relación con la concepción de policía que se plasmó en la Ley de Seguridad Pública y, además, avanza con concepciones ya superadas en la teoría de la seguridad pública", agregaron.

Entre otros ejemplos, citan: la individualización de los cadetes a través de un número; el deber de saludar a superiores luego de adoptar posición de "firmes"; afeitarse diariamente en un horario asignado; no realizar reuniones en los baños y permanecer en permanecer en ellos sólo el tiempo necesario para hacer sus necesidades; no pueden sentarse ni acostarse en los dormitorios fuera del horario establecido para dormir; deben adoptar posición de "firmes" dirigiéndole la vista al superior cuando éste ingrese fuera de las horas estipuladas para dormir, y la prohibición bajo apercibimiento de los cadetes por tener el pelo largo o por presentar recursos colectivos.

A la Metropolitana también se le cuestionó el envío de integrantes a El Salvador para estudiar en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), una escuela financiada y dirigida por el gobierno de Estados Unidos. Ese instituto privado es considerado por organismos de derechos humanos internacionales como una nueva Escuela de las Américas, instituto símbolo del terrorismo de Estado en Latinoamérica. Lo más grave es que fueron enviados a recibir un curso sobre terrorismo internacional, contrabando trasnacional y narcoterrorismo, que refiere a delitos "ajenos" a las competencias de la fuerza.

En diálogo con ámbito.com, el abogado del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH), Demian Konfino, analizó la situación de la PM desde su origen hasta hoy.

Periodista: ¿Les llama la atención la cantidad de denuncias por violencia institucional?

Demian Konfino: El caso de la Metropolitana es muy triste. El Observatorio sigue a la PM desde el primer momento cuando se creó por ley, por unanimidad. Advertimos que la ley era buena, que era una policía de cercanía, con compromiso por los derechos humanos, pero desde el inicio de la ejecución, en la puesta en marcha se puso al "Fino" Palacios, un hombre muy comprometido con la vigencia de los derechos humanos ya sea en dictadura, o en democracia, y que está procesado y en juicio oral por el encubrimiento de la AMIA.

P.: Desde el inicio nació con polémica...

D. K.: Rápidamente se empezaron a dar casos de gatillo fácil o el viaje de agentes a tomar cursos de contraterrorismo a la Escuela de las Américas, que no tiene nada que ver con la gestión y la ley que la creó. Todo lo denunciamos, también el uso de las pistolas eléctricas Taser. Porque vimos que se estaba armando una policía represiva contraria a la ley.

P.: ¿Ahora se la puede modificar en base a otros criterios?

D. K.: Es evidente que se puede hacer una policía que no sea represiva, mucho más en el siglo XXI y tratándose de una policía nueva. De ninguna manera la policía es sinónimo de gatillo fácil, se puede utilizar una pedagogía comprometida con los derechos humanos y por eso cada vez que sucede un caso denunciamos que no cumple con el espíritu de la ley.

P.: ¿Fue un problema de administración de la fuerza?

D. K.: El gobierno del PRO desvirtuó la creación de la Policía Metropolitana. Se creó una fuerza de cercanía, con el concepto de la seguridad ciudadana, con compromiso con la democracia y los derechos humanos y ya tiene varios casos de gatillo fácil. En 2012 ya tenía cinco casos y aumentaron mucho (en los últimos tres años), con algunos casos resonantes.

P.: ¿Llegarán a la Corte Suprema para evitar que la PM utilice las pistolas eléctricas Taser?

D. K.: Falta un paso. Lo que hicimos fue presentar un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia, con el patrocinio de la Defensoría General de la Ciudad, y es el Tribunal el que tiene que conceder el recurso favorablemente para que pase a la Corte Suprema. Si resuelven en contra tenemos que ir en queja a la Corte.

P.: ¿Lo harán?

D. K.: Hemos comprometido el acompañamiento de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. CELS, Amnistía Internacional, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Abuelas de Plaza de Mayo, que nos van a acompañar en la queja a la Corte como amicus curiae. Desde los organismos de derechos humanos consideramos que sería un retroceso que la Policía Metropolitana salga a la calle con las Taser. (Ver nota Organizaciones de DDHH en alerta: la Metropolitana insiste en utilizar las pistolas Taser)

P.: Pero desde el Gobierno porteño dijeron que no las utilizarían.

D. K.: Nunca se comunicó oficialmente ni hubo resolución. Fue una declaración en el marco de la campaña electoral de la Ciudad, pero en el expediente ellos siguen con la intención de que se les permita el uso de las pistolas. En el ámbito judicial insisten con usarlas y en los medios se publican versiones que no tiene nada que ver con el expediente.

P.: ¿Les sorprende esa actitud?

D. K.: No, porque esto sucede a menudo. El Gobierno de la Ciudad apela cosas irrisorias y llega hasta las máximas consecuencias, como el pedido para darle una vivienda a una mujer con un hijo enfermo y la reglamentación de la ley de los testigos protegidos en los juicios por delitos de lesa humanidad. No nos sorprende que en el expediente apelen todo y en general en contra de los intereses populares y la Constitución, y para afuera, para lo mediático, se mueven de otra manera y cuentan muchas veces con una cobertura mediática que le permiten estas maniobras.