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19 de enero 2009 - 10:34

El Gobierno porteño pretende demoler viviendas deficientes en la Villa 31

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La Villa 31
El Gobierno porteño pretende demoler unas 50 casas en la Villa 31 del barrio porteño de Retiro por irregularidades en la edificación, y lo hará intentado llegar a un acuerdo con los habitantes.

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La medida comprenderá unas 50 casas de dos pisos o más con deficiencias en la edificación, y que -según el Gobierno porteño- no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad.

De llevarse a cabo el proyecto, pretenden tener el consenso de los habitantes de la Villa y no realizarla en forma unilateral, según trascendió.

Al mismo tiempo, desde el Gobierno local insistirán a la Policía Federal que evite el ingreso de camiones con materiales de construcción, y denunciará a las empresas que proveen a los habitantes de la Villa.

Según un matutino porteño, las conversaciones con los delegados de las Villas 31 y 31bis ya comenzaron, pero algunos de sus habitantes ya adelantaron que será difícil convencer a los residentes de abandonar sus casas.

Además, los delegados le pidieron al Gobierno que previamente realicen un estudio con intervención de expertos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para conocer en qué estado se encuentran las casas que las autoridades quieren demoler.

Las viviendas señaladas como defectuosas por las autoridades surgieron tras un estudio de un grupo de arquitectos que inspeccionaron las 56 manzanas de la Villa y detectaron las irregularidades.

En octubre pasado, el Gobierno pidió a la Justicia Federal que evite el ingreso de materiales de construcción a la Villa, y la jueza subrogante Cecilia de Negre le encomendó dicha tarea a la Prefetura Naval.

Además, el tema fue objeto de una disputa entre el Gobierno Nacional y el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, para ver quién debe tener el control de las edificaciones en las Villas 31 y 31 bis.

Luego la jueza le encargó la tarea a la Policía Federal pero desde el Ministerio de Justicia nacional replicaron que la fuerza no está obligada a controlar el ingreso de materiales, sino que sólo debe estar abocada a proteger a los inspectores que se presenten en el lugar.

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