Mientras observan la posibilidad de que se garantice el financiamiento a universidades públicas, científicos de organismos de referencia a nivel nacional participaron de una reunión informativa en la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados para dimensionar el deterioro presupuestario y el alcance de las últimas medidas del Gobierno. Al igual que lo ocurrido este jueves con Vialidad, analizan la posibilidad de judicializar los últimos decretos del Ejecutivo.
El sector científico lleva su reclamo a Diputados pero abre la puerta a una judicialización de decretos
Representantes de organismos científicos remarcaron la urgencia que atraviesan los profesionales del área. Un decreto disolvió tres institutos la semana pasada.
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En junio, científicos se manifestaron en todo el país contra el desmantelamiento de los organismos.
Un día antes del vencimiento de las facultades delegadas, el Gobierno absorbió las funciones de instituciones históricas, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE). A través del DNU 462/2025, sus direcciones pasaron a depender del Ministerio de Economía. Existe un agravante en el INTA: plantean que el Ejecutivo planifica privatizar 47.500 hectáreas, poco menos de la mitad del patrimonio de la institución.
Existen dos proyectos para derogar el decreto. Una es de la senadora nacional Silvina García Larraburu (Unión por la Patria) quien consideró que la medida "representa un retroceso institucional y un ataque directo a la ciencia pública". El otro es del Frente de Izquierda en Diputados, que sostiene que las intervenciones "comprometen la autonomía, la capacidad operativa y el alcance federal de organismos esenciales para el desarrollo productivo".
El último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación revela que el presupuesto para el sector cayó un 46,1% en dos años (22,8% en lo que va del 2025), y que la inversión alcanza un 0,156% del PBI, la cifra más baja de la última década. Por ley, el Ejecutivo nacional debe garantizar un 0,45% del presupuesto en Ciencia y Tecnología, pero en los últimos diez años el índice más alto fue el del 2015, en el que se llegó al 0,35%.
En simultáneo, el informe reveló que el Conicet viene sufriendo una caída del 16,2% de sus fondos en términos reales, luego de haber perdido un 17,2% el año pasado. En 2024, el número de investigadores del organismo se redujo de 12.176 a 11.868: representó la primera caída de científicos en los últimos 17 años.
Sin embargo, existen instituciones con mayor urgencia: en el primer trimestre del 2025 se subejecutaron las partidas para la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (la Agencia I+D+i, que fue reestructurada previamente por decreto) en un 78,5%, y del Banco Nacional de Datos Genéticos por un 42,2% en el mismo periodo. Este último organismo, transformado por DNU, encabeza las prioridades de la oposición parlamentaria para recuperar su gestión histórica.
Diputados: la intervenciones de los científicos
Una de las que trazó un diagnóstico de la situación fue la exdirectora del Conicet, Ana Franchi: "Si los planetas se alinearan y viene un gobierno que planea apoyar a la ciencia y la tecnología, es difícil que encuentre con quién hacerla. La formación de nuestros recursos humanos en otras de nuestras grandes instituciones desfinanciadas, que son las universidades, se están desperdiciando".
A su turno, Rubén Zárate, miembro del directorio de la Agencia I+D+i criticó a la actual gestión porque "reparten twitters y en el nombre de la desregulación solo observamos el desmantelamiento caótico, confuso y anárquico del sistema científico y tecnológico". Asimismo, se refirió al decreto del Gobierno que modificó su organismo, que considera que "el carácter oneroso debe ser parte significativa de la toma de decisiones. Eso es absolutamente contradictorio con la misión y función de un organismo de promoción científica y genera un apropiamiento indebido del capital privado hacia un organismo público".
La mirada con mayor carga política y estadística la ofreció el exministro de Ciencia, Daniel Filmus: "Sin lugar a duda, el espacio legislativo se convirtió en un lugar de defensa y de propuesta, pero hay que acompañarlo con una iniciativa judicial y la lucha de las universidades. La única posibilidad de que los científicos, que tenemos una capacidad limitada con respecto a lo cuantitativo, podamos tener éxito es que nos podamos articular con los beneficiarios de nuestro trabajo. No hacemos ciencia para los científicos".
Finalmente, Yamila Mathon -jefa de Departamento de Capacitación del INTI- apeló a las provincias de los diputados, señalando los últimos alcances de su organismo en Río Negro (desarrollo de un cultivo para el tratamiento de la tuberculosis), Mendoza (nueva tecnología de riego a bajo costo) y Córdoba (producción de queso sin lactosa). "Pero quizás nos recuerden cuando cortamos General Paz, cuando salimos absolutamente desesperados porque había un decreto que terminaba con el Instituto Nacional y nos convertía en una simple oficina técnica del Ministerio de Economía. Con eso nos arrebataba la posibilidad de certificar los productos y la calidad y su seguridad", contrastó.
En el inicio de la comisión, la vicepresidenta del espacio, la pampeana Marcela Coli (Democracia para Siempre) emitió un mensaje que fue leído por el secretario administrativo, excusándose de su ausencia pero expresando su "acompañamiento y compromiso con la causa". La situación fue respondida por la santafesina Florencia Carignano (Unión por la Patria), quien aprovechó la ausencia de la diputada para chicanearla: "Se abstuvo en la ley Bases y acá estamos en este problema por lo que no tuvieron lo que hay que tener a la hora de votar".
Informe Fernando Brovelli.-
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