Un Senado controlado por varones dio media sanción a una ley que castiga lo que creen son excesos sexistas. En la foto, el radical por La Pampa Juan Carlos Marino y el jefe del bloque de la mayoría, el peronista Miguel Pichetto.
El Senado, que aún no encontró tiempo para debatir proyectos de política agropecuaria, dio media sanción a una ley para eliminar el lenguaje sexista en la administración pública nacional. Nos enteramos así de que estamos todos y todas incursos/as en el delito de sexismo lingüístico; en palabras de la autora del proyecto, la senadora kirchnerista por Mendoza Marita Perceval, «el empleo de vocablos (que) debido a la forma escogida por el/la hablante resulta discriminatorio por razón de sexo».
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Lo que se aprendió en la escuela -que el masculino tiene también una función genérica- es en realidad un instrumento del varón para «invisibilizar» (sic) a la mujer. Hasta hoy, vivimos en el error de creer que la frase «El hombre es un animal racional» no implicaba que la mujer no lo fuese. Aunque a más de uno le puede quedar la duda, si se piensa en algunas de las implicancias de este disparatado proyecto.
Como dijo el escritor español Javier Marías en referencia a iniciativas análogas, en adelante habrá que decir que «el perro y la perra son el mejor amigo y la mejor amiga del hombre y la mujer», o seremos pasibles de sanción. «No pedimos que se fuerce el lenguaje», dijo la senadora Silvia Gallego (PJ-FPV, La Pampa) en defensa del proyecto. Pero guay de quien no escriba como lo mande el nuevo Manual de Estilo que fijará las normas de redacción de todo documento oficial. Para saber lo que nos espera, basta leer el artículo 41 de la Constitución de Venezuela: «Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, presidente o presidenta y vicepresidentes o vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, procurador o procuradora general, etc., etc.». Una olvidada precursora fue la ex diputada Marcela Durrieu (suegra del actual jefe de Gabinete), quien hace algunos años se definió como una «miembra» del PJ.
En el Senado, lo más notable del debate -por llamarlo de algún modo- es que ninguno/a objetó el proyecto. La dictadura de lo políticamente correcto embota el sentido común. La iniciativa contó con el apoyo -¿culposo?- de los senadores varones. Tiene razón Pinky: «Los hombres están asustados». El representante por la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Filmus, dijo: «La discriminación por el lenguaje no es un tema feminista. Es un tema ideológico que nos incumbe a todos porque se vincula con los derechos humanos». Pero la nota la dio el senador Samuel Cabanchik (Coalición Cívica): «Las y los (sic) representantes de mi bancada acompañamos la sanción de este proyecto».
Sospechoso
Luis Carandell, cronista parlamentario de la transición española, relata que un senador propuso una vez una enmienda «para que a las senadoras se les llamara senatrices, alegando que, si se decía meretrices, actrices, etc., no se podía decir senadoras». En nuestro Senado, en cambio, nadie osó bromear. En tiempos de inquisición lingüística, hasta el humor es sospechoso.
Pero no todo está perdido. Quizá los diputados y, sobre todo, las diputadas nos libren de un dislate que sólo volverá más engorrosos los vericuetos de una administración pública que pide a gritos mayor agilidad y eficiencia. Si se aprueba la ley, será obligatorio el desdoblamiento (los diputados y las diputadas, o viceversa) y/o el antiestético uso de las barras (el/la usuario/a).
Una cosa es crear nuevos términos para nuevas situaciones o adoptar los que el uso va instalando y otra inventar normas absurdas que hacen trizas la gramática. Ni hablar de la cacofonía.
Al respecto, en la revista «Intercambios» (Barcelona, diciembre 2007), Joan Busquet comenta con sorna el «nosotros y nosotras» en que incurre el presidente vasco, Juan José Ibarretxe, y anuncia que en adelante habrá que decir «llevemos a la infancia al parque», porque «los niños» invisibiliza a «las niñas». El disparate no tiene límites.
Tampoco el error. Por ejemplo, la insistencia en llamar «presidentA» a Cris-tina de Kirchner. No sólo violenta los oídos, sino que es una incorrección gramatical, fruto del exceso de celo antisexista, ya que «presidente», «hablante», «dirigente» y tantos más son derivados verbales que significan «el o la que preside», «el o la que habla», «el o la que dirige», etc. Por eso no declinan en femenino ni masculino. Para no discriminar, ¿debemos decir que son ignorantes e ignorantas? Mejor usar la perífrasis que sugieren los manuales antisexistas: son personas que incurren en ignorancia.
Dejá tu comentario