14 de octubre 2021 - 00:02

Empresarios bregaron por "calidad institucional" a la política y enviaron mensaje hacia la Corte

Insistieron en pack de reformas judiciales urgentes, fallo por nuevo equilibrio del Consejo de la Magistratura y necesidad de consulta al máximo tribunal para reducir volumen de causas. En los pasillos: fue tema la sucesión de Highton y una eventual ampliación de sus integrantes.

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Enmarcado en el tradicional Coloquio de Idea, los empresarios volvieron a reclamar una mayor “calidad institucional” con varios mensajes que cruzaron hacia la política y hacia la Corte Suprema. En el encuentro anual de hombres de negocios, aprovecharon un panel denominado “Fortaleciendo la calidad institucional” para retomar la serie de propuestas que habían elevado al Poder Ejecutivo luego de un trabajo conjunto con AmCham (la Cámara de Comercio de los Estados Unidos) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Una de las reformas centrales –que también fue materia de conversación en los pasillos del Centro Costa Salguero- es, tal como lo adelantó Ámbito, la que puede generar un fallo del máximo Tribunal acerca de la inconstitucionalidad de la actual conformación del Consejo de la Magistratura. Existían expectativas de los asistentes de que antes de fin de año pudiese estar resuelta esa causa que puede modificar el mapa de poder dentro del Poder Judicial. Hubo una conclusión adicional: se debe reducir la cantidad de casos que llegan hasta la Corte.

Con invitados como Delia Ferreira Rubio –que hizo un repaso desde el punto de vista estadístico del declive de la calidad institucional fruto de las medidas que forzó la pandemia-, y también se apuntó a dos parámetros de alerta: la cooptación de la Justicia y el debilitamiento de los organismos de control. “Hay que sacar la Constitución de la cuarentena”, afirmó la especialista en transparencia conectada de manera virtual. Le siguió en la exposición el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires Alberto Garay que dirigió dardos a la Justicia penal federal, la que “está más alejada del ciudadano” y cuyos niveles de desconfianza y de permeabilidad hacia la política han alcanzado el tope. Como medidas urgentes, reclamó que urge la designación de “los mejores jueces” pero no a través del actual sistema de concursos que rige donde los órdenes de mérito provisorios sufren todo tipo de alteraciones en el proceso fruto de los acuerdos políticos que se gestan dentro del órgano de selección y remoción de jueces. El pack de iniciativas que AmCham y el Colegio junto con IDEA llevaron al Gobierno contiene un apartado especial sobre la “digitalización”, sobre la que volvieron a insistir ayer. No solo como una vía de acceso más tecnológica respecto al vetusto sistema de soporte papel de los expedientes y sus diversas contingencias dentro de los sistemas del Poder Judicial, sino también como un camino para “controlar lo que hace el Poder Judicial”. Del seno de la reunión empresaria había salido una auditoría sobre los jueces federales de Comodoro Py que arrojó números poco promisorios respecto al trámite de las denominadas causas por corrupción o delitos contra la administración pública.

También hubo quejas hacia el enfoque de las reformas legislativas que planteó el Gobierno, sobre todo las que iban a impactar en la Corte: “No se escuchó a la Corte Suprema lo que tenía para decir de su funcionamiento”, lanzó Garay. Esa misma queja era compartida en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. En Costa Salguero –sede actual del Coloquio- quedó flotando en los pasillos que tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco, el Gobierno optará por una ampliación del número de integrantes de la Corte que podría llevar a 7 o a 9 miembros. Los empresarios lo ven como una posibilidad cierta ante el atolladero que significa la sucesión en el actual contexto político. La reducción de casos que llegan a revisión de la Corte que estimaron en 25 mil expedientes por año tornan ese volumen

Brenda Puig, líder de la Red de Abogados de Empresa de IDEA y directora de legales de Mercado Libre señaló los obstáculos que las empresas identifican por parte de la justicia y alertó que cierta “falta de institucionalidad” repercute en la decisión de inversiones. “No hay países que hayan logrado desarrollo sostenible sin calidad institucional”, indicó haciendo referencia al lema del encuentro que se extenderá hasta mañana. Como uno de los issues adicionales, señaló que en Argentina no existe una “estabilidad en la interpretación de las normas”. Lo graficaron con una pregunta que se hacían entre ellos para saber la suerte de un litigio: “¿Qué tribunal te tocó?”.

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