Senado: el oficialismo cambia la ley de economía del conocimiento y el proyecto volverá a Diputados

Política

Es uno de los principales sectores exportadores. Los beneficios impositivos hacia pequeñas empresas serán mayores. Se estima un esfuerzo de $18.000 millones y se apunta a crear un mínimo de 200.000 empleos. Oposición macrista pidió tiempo para analizar despacho y sugerir retoques en recinto.

Tras una demora más que sustancial por diferencias entre el cristinismo y algunos ministros de Alberto Fernández, el Frente de Todos decidió modificar un proyecto que empujó -con amplio acuerdo opositor- en Diputados: la nueva ley de economía del conocimiento, que espera desde hace largos meses una definición tras la desactivación de beneficios votados el año pasado por el Congreso. De esta manera, y con el dictamen avalado ayer por el kirchnerismo en un plenario de comisiones, la iniciativa quedó lista para ser votada la semana que viene en el recinto y volverá en segunda revisión a la Cámara baja.

El “esfuerzo” desde el Estado hacia el sector fue estimado, para el corriente año, en $18.000 millones, según indicó el titular de la comisión de Medios del Senado, el oficialista Alfredo Luenzo, quien manejó el plenario junto al presidente de la comisión de Presupuesto, el kirchnerista, Carlos Caserio. Allí, y de manera algo desorganizada, la dupla de legisladores explicó las modificaciones que se le realizarán al proyecto, que apunta a crear 200.000 empleos como base.

Por ejemplo, un cambio importante dispuesto por el kirchnerismo en el Senado es que los beneficiarios del régimen tendrán “una reducción de un porcentaje respecto del monto total del Impuesto a las Ganancias correspondiente a la/s actividad/es promovida/s, determinado en cada ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema: 60% para micro y pequeñas empresas, 40% para empresas medianas y 20% para grandes empresas”. Es decir que ya no será más unificado.

La revalidación de quienes formen parte del sistema será todos los años y no cada dos, siempre y cuando reciban el guiño de la lupa que controlará el cumplimiento de obligaciones fiscales, gremiales y laborales. O que, por ejemplo, se mantengan o incrementen su nómina de personal.

También se metió mano en el beneficio convertido en “bono de crédito fiscal”, que será intransferible del 70% de las contribuciones patronales que efectivamente hayan pagado las empresas, y que tendrá un tope de siete veces la cantidad de empleados determinada por el “tramo II” de las empresas medianas del sector de servicios (535 trabajadores, por ende, el máximo será de 3.745).

El bono se podrá aplicar para anticipos de impuestos nacionales, saldos de declaración jurada e IVA, pero no para Impuesto a las Ganancias. Tampoco para pagar deudas tributarias anteriores a la incorporación al régimen y, en ningún caso, los saldos a favor darán lugar a reintegros o devoluciones.

Desde la oposición, el radical Juan Carlos Marino adelantó el no acompañamiento, tras dejar claro que la iniciativa de Diputados contaba con aval del kirchnerismo y macrismo. Otro radical, Martín Lousteau, señaló: “Es un sector muy importante, está teniendo desventajas relativas comparado con el mismo sector en otros países y está en un limbo jurídico, por eso es muy importante avanzar lo más rápido que se pueda y quizás en el recinto se puedan encontrar mejores soluciones para algunos puntos que el oficialismo quiso modificar, pero es muy bueno que esto finalmente se trate”. El legislador además advirtió por un eventual “sesgo antiexportador” en el bono intransferible.

Sesión

Diputados sesionará en la tarde de hoy por la vía virtual para aprobar y girar rápido al Senado el proyecto que crea el denominado “Régimen de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino”.

En resumen, el texto activa un perdón a provincias -ya arreglado entre Casa Rosada y casi todos los gobernadores- por deudas con el organismo, pero además involucra modificaciones de flujos y asistencias de la Administración Central y el Tesoro para cumplir con los vencimientos de la Reparación Histórica, tras el agotamiento de recursos generados por el último blanqueo.

Por otra parte, el pleno de la Cámara baja votará también una iniciativa que prohíbe la “ayuda económica a empresas domiciliadas en guaridas fiscales y/o aquellas con evasión fiscal”.

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