"En Argentina la pena de muerte ni siquiera es un tema discutible"

Roberto Carlés.

El abogado Roberto Carlés, candidato propuesto por el Gobierno para ocupar el puesto vacante en la Corte Suprema de Justicia y coordinador del equipo encargado de la reforma del Código Penal, anticipó que "la versión definitiva" del proyecto estará lista el mes que viene.

"Se abrió un período para recibir observaciones, impugnaciones, propuestas, que tuvo varias prórrogas y culminó recién en septiembre del año pasado y ese material se viene analizando desde hace un par de meses y la idea es tener una versión definitiva del texto para abril, sobre la base de las propuestas recibidas. Es un trabajo que está haciendo el doctor (Raúl) Zaffaroni y sigo colaborando con esa tarea", afirmó.

En declaraciones a Radio Nacional, Carlés recordó que "a partir de marzo del año pasado, cuando la presidente (Cristina de Kirchner) anunció el envío de este proyecto al Congreso, se desató una gran problema, incluso antes de que nadie tuviera la posibilidad de leerlo, de analizarlo", en alusión al fuerte rechazo liderado por el diputado Sergio Massa, que logró frenar el debate de la iniciativa en el Congreso.

"A partir de ese momento lo que se hizo fue abrir el debate en todo el país. Particularmente yo he recorrido el país entero debatiendo propuestas, el contenido del proyecto, no sólo en universidades y en ambientes elitistas, como algunos quisieron dar a entender, sino en todos los lugares donde nos invitaban a dar el debate. Y esta fue una tarea que hicimos prácticamente durante todo 2014", destacó Carlés.

El letrado atribuyó el rechazo a la reforma penal a "una cuestión político-mediática y coyuntural", y sostuvo que "tiene que ver con especulaciones políticas de algunos sectores, lo que es difícil de entender, porque se trató de una comisión integrada por al menos un representante de los principales partidos políticos con representación parlamentaria".

La comisión estuvo integrada por el penalista Zaffaroni, quien entonces era juez de la Corte Suprema; el abogado León Arslanian, exjuez del Juicio a las Juntas Militares realizado en el gobierno de Raúl Alfonsín y exministro de Seguridad bonaerense; y los diputados María Elena Barbagelata (Partido Socialista), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Federico Pinedo (PRO).

Carlés también se refirió a la pena de muerte y a la cadena perpetua, sobre lo cual ratificó la postura a favor de la abolición que había manifestado hace dos días, tras una reunión que mantuvo en Roma con el papa Francisco.

"En el caso de la Argentina la pena de muerte ni siquiera es un tema discutible, porque nuestro derecho constitucional, con la incorporación de los tratados internacionales, directamente la prohíbe. El artículo 4º, el punto tercero de la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica dice que no se restablecerá la pena de muerte en los estados en los que ha sido abolida", remarcó Carlés.

Dijo que "es un debate que se ha dado y el papa Francisco apoya la causa de la abolición en los países donde esto sigue siendo una realidad", que "son muchos", y sostuvo que "el número de ejecuciones, además, ha crecido y crece todos los años", con 1.700 sólo durante 2014.

"En algunos países como Estados Unidos es muy difícil siquiera discutir (la abolición de la pena de muerte) porque está muy arraigado a la cultura de los estados, y es utilizado políticamente, porque allí los gobernadores hacen campaña no con la cantidad de kilómetros de ruta que han construido, sino con la cantidad de personas que han ejecutado", aseveró.

Con respecto a la cadena perpetua, Carlés sostuvo que "si bien figura en el código de 1921, se introdujo con la libertad condicional a los 20 años para el condenado perpetuo" y que "esto se modificó con las reformas de 1994, llevándose a 35 años".

"Entiendo que las penas perpetuas son contrarias a los derechos humanos, porque si volvemos al Pacto de San José de Costa Rica y además al modo en que nosotros hemos fijado la finalidad de nuestro sistema penal, a través de la ley de ejecución penal, por ejemplo, todas las penas privativas de la libertad tienen por fin la reforma y readaptación social de los condenados", subrayó Carlés.

Dijo que "una pena que se dice de por vida evidentemente está prescindiendo de ese fin", pero que "esto no quiere decir que no haya posibilidad de poner penas altas para casos gravísimos, como estaban propuestos en el anteproyecto" de Código Penal elaborado por la comisión, "o que a personas que tengan algún tipo de padecimiento peligroso para sí o para terceros no se les aplique algún tipo de medidas en la Justicia penal o civil".

"No es que se está proponiendo mandarlos a la casa alegremente. Sí, simplemente, señalar que las penas a perpetuidad son incompatibles con la finalidad que el propio Estado argentino ha asumido para su sistema penal, que es el de la readaptación social", insistió Carles.

Sobre su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, propuesta el Ejecutivo mediante un pliego que se encuentra en el Senado, Carlés dijo que esto "está en manos de la política" y reiteró que le parece "un honor y un desafío importante", porque "la Justicia necesita reformas que no sólo se declamen en los discursos sino que se pongan en práctica".

En referencia a su reunión con Francisco, Carlés señaló que en la Argentina hay un "problema de sobreinterpretación de todo lo que hace el Papa".

"El Papa habla sobre la corrupción en Nápoles, uno de los centros mundiales de la mala vida, y aquí enseguida lo leemos o cada uno lleva agua para su molino", dijo el abogado.

"Eso no le hace bien al Papa, que por supuesto tiene objetivos mucho más universales, y mucho peor le hace a la política argentina, que en lugar de debatir o de poner en cuestionamiento los temas que le interesan, está permanentemente mirando qué es lo que pasa en el Vaticano", añadió sobre el mismo tema.