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El Decreto 1.563, que reglamentó esta materia, será de todos modos reformado parcialmente para que aquella información, que debe ser almacenada por 10 años, no alcance también el contenido de las comunicaciones (llamadas telefónicas, e-mails, chat, etc.) salvo que un juez lo requiera expresamente. Una trama de contactos y reuniones terminó por destrabar el problema en las últimas horas.
Recién llegado de Berlín en la comitiva presidencial, el diputado Nemirocsi adelantó que el gobierno no tiene intención de dar marcha atrás con todo el programa de actualización tecnológica para la intercepción de llamadas, que se explica habitualmente como una exigencia extraoficial del gobierno de los Estados Unidos. Pero aclaró que será excluida cualquier posibilidad de invasión a la vida privada.
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