Festival: pícaros crean partido a $ 1 el voto

Son partidos virtuales: un sello de goma, con -a veces- un puñado de adherentes y una lista de candidatos, en general amigos o conocidos. No tienen demasiadas pretensiones electorales: sólo usufructuar la obligación del Estado de financiar la actividad política. Son, de algún modo, microemprendimientos, avivadas de pícaros que tramitan sus partidos en la Justicia electoral con el objetivo de cobrar -con atraso, es cierto- un monto que debe pagar el gobierno nacional por el solo hecho de presentarse a elecciones. No es, convengamos, un negocio fabuloso. Pero el simple hecho de ser propietario de un sello político garantiza una cuota anual de, como mínimo, 5.000 pesos. Digamos: un subsidio oficial sin tener que hacer ningún trámite en las oficinas de Alicia Kirchner. • Consecuencias Una reforma de 2002 incentivó la proliferación de estas pymes políticas. Aquel año, el Congreso retocó la ley electoral y estableció reglas -por la norma 25.600- para el financiamiento de los partidos políticos. Por entonces se suprimió el piso de 2% de votos que cada agrupación debía alcanzar en la elección de la que participaría para seguir existiendo al año siguiente. Un argumento genérico: con el «que se vayan todos» todavía tibio, se optó por facilitar la participación electoral. A pesar de que hubo advertencias desde la Justicia electoral sobre el riesgo que implicaba eliminar el piso de votos, igual se avanzó. Y las consecuencias comenzaron a verse: en 2003, también como producto de la atomización política, florecieron partidos de todo tipo y color. Algunos datos fríos. En la actualidad, en todo el país están oficialmente registrados 592 partidos de alcance nacional (no cuentan los que son sólo provinciales o las agrupaciones municipales). En tanto, otros 546 están en trámite aunque -según especulan los especialistas- la mayoría de éstos no logrará obtener la licencia para competir en las elecciones de octubre. Cada uno de los partidos registrados, por el solo hecho de «existir», obtiene $ 5.067 por año del Estado nacional. No tiene necesidad, siquiera, de presentar lista. Si se esfuerza e inscribe una boleta de candidatos a diputados nacionales comienza a cobrar por otras ventanillas: 1- A razón de $ 1 por voto conseguido con su lista de diputados nacionales. Ese pago forma parte del Fondo Permanente de Partidos Políticos y se efectúa de manera anual. 2- Un monto variable, que también ronda el peso, para financiar su campaña electoral. En este caso, se trata de un pago bianual, cada vez que haya elecciones, en la medida en que el partido haya competido en los comicios anteriores. Un ejemplo al azar para entender cómo funciona el sistema: en 2003, en todo el país compitió un partido llamado Confederación para que se Vayan Todos que llevó como candidato presidencial al ex carapintada Enrique Venturino, tenedor del partido MODIN que creó Aldo Rico. Más allá de la ironía -o la viveza- de explotar el eslogan «Que se vayan todos» desde el cuarto oscuro, el partido sacó 0,67% de los votos, lo que equivale a 129.764 sufragios computados. Un ejercicio de regla de tres simple: a $ 1 el voto... etc. Otras minorías tuvieron menos suerte. El Partido Popular de la Reconstrucción (PPR), de Gustavo Breide Obeid, juntó 42.460 votos y Juan Ramón Mussa, un persistente competidor a quien siempre desplazan de las internas del PJ, obtuvo 39.505 votos con su Unidos o Dominados. Los partidos poderosos, obviamente, se manejaron con otros valores: Carlos Menem obtuvo 4.740.907 votos, Néstor Kirchner 4.312.517 y Ricardo López Murphy 3.173.475, sólo por citar las tres fórmulas que lograron la mayor cantidad de sufragios. Es, se entiende, un derecho (casi una obligación) de la democracia que haya una enorme diversidad electoral y que los votantes tengan un gran abanico de alternativas a la hora de elegir a sus candidatos. Pero la última reforma facilitó los trámites y desató un aluvión de partidos buscando existir. Lo prueba el hecho de que hay 546 partidos que tienen en trámite la personería legal. Hagamos números. En 2004, el Estado repartió unos $ 15 millones entre los partidos registrados. Ese monto forma parte del Fondo Permanente de los Partidos Políticos y se abona año tras año distribuido a partir de una fórmula incluida en la Ley de Financiamiento.

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