Finalmente, la Cámara alta convirtió en ley la Movilidad Jubilatoria
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Senado de la Nación Argentina
Uno de los más duros fue el senador radical Gerardo Morales, quien sostuvo que con esta ley el Gobierno "quiere hacer caja con la plata de los jubilados", para mantener bajo su control el superávit actual de la ANSeS, que asciende a unos 21 mil millones de pesos.
También cuestionó al titular de la ANSeS, Amado Boudou -quien al iniciarse la sesión estuvo en el recinto- porque en las dos visitas que hizo al Senado no brindó precisiones sobre de cuanto sería el próximo aumento, pero que en las últimas horas reveló en declaraciones periodísticas que en marzo el reajuste sería del 11,8 por ciento.
Paralelamente, en la Cámara de Diputados el jefe de Gabinete, Sergio Massa, aseguró que para todo el año que viene la movilidad sería de por lo menos del 18 por ciento, y dijo que si así no fuera "que el Congreso use sus facultades" para removerlo de su cargo.
El primer senador oficialista en hablar fue el tucumano Julio Miranda, quien destacó que el Gobierno se ha preocupado por mejorar los haberes de los jubilados, al señalar que durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner hubo doce aumentos para el sector pasivo.
Miranda subrayó que gracias a esta norma "los abuelos sabrán que sus haberes no dependerán del humor de los gobernantes de turno", sino que se actualizarán en forma automática.
A su vez, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el kirchnerista correntino Fabián Ríos defendió el proyecto, si bien dijo que "no es una ley perfecta", y que la cuestión previsional demandará otras medidas en el futuro.
En cambio, el radical por Santa Cruz Alfredo Martínez expresó su desacuerdo con la fórmula con que se calcularán los reajustes, al sostener que "el haber de los jubilados debe estar relacionado únicamente al salario de los trabajadores en actividad".
Además, afirmó que la ANSeS "tiene superávit porque no paga lo que debe", y afirmó que debería usar esos recursos para actualizar las jubilaciones.
El ex presidente Adolfo Rodríguez Saá fue otra de las voces críticas, al afirmar que "la fórmula es inentendible y arbitraria", y acotó que "calidad institucional es que una ley la pueda entender cualquier ciudadano".
A su turno, el kirchnerista Nicolás Fernández respondió que "demonizar la fórmula para obtener un rédito electoral no sólo es indigno sino también inmoral", y remarcó que este proyecto forma parte de "una serie concatenada de pasos para dar dignidad" a los jubilados.




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