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4 de diciembre 2020 - 11:23

La Cámara Federal confirmó el levantamiento del secreto respecto de directivos de Vicentin y la inhibición de una de las firmas

En la causa penal de Comodoro Py se investiga el otorgamiento irregular de créditos a Vicentín por 18.500 millones de pesos durante el gobierno de Mauricio Macri.

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En la causa penal de Comodoro Py se investiga el otorgamiento irregular de créditos a Vicentín por 18.500 millones de pesos durante el gobierno de Mauricio Macri.

La Cámara Federal porteña confirmó la decisión del juez Julián Ercolini de levantar el secreto fiscal y bancario de los directivos de Vicentin y ex funcionarios del Banco Nación y la inhibición de bienes de Algodonera Avellaneda, una de las firmas del Grupo empresario.

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Sin embargo, la Cámara no accedió al pedido del fiscal Gerardo Pollicita de dictar la inhibición respecto de la firma Vicentín, porque ésta se encuentra en concurso preventivo y por ende el patrimonio de la misma se hallaría “resguardado judicialmente”.

En la causa penal de Comodoro Py se investiga el otorgamiento irregular de créditos a Vicentín por 18.500 millones de pesos durante el gobierno de Mauricio Macri.

Para la Cámara, las medidas dictadas por Ercolini lucen “adecuadas …a partir del estado inicial de la pesquisa y de las medidas de prueba que se están reuniendo”.

Ercolini había ordenado la inhibición sobre Algodonera Avellaneda y no sobre Vicentín, porque esta última fue inhibida en el marco de la causa del concurso que lleva adelante la justicia de Santa Fe.

Sobre el pedido de inhibición de bienes de Vicentín que había efectuado la fiscalía, el juez había dicho que el patrimonio de dicha sociedad, al día de la fecha, se encuentra suficientemente protegido por parte del juez local, pues la ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras determina en su art. 15 que si bien la concursada no queda desapoderada de su patrimonio éste queda sujeto a una administración controlada por un síndico.

La Cámara ratificó esa postura. “El patrimonio de la concursada se halla sujeto a la administración controlada por el síndico, quien está obligado a denunciar la realización de actos en perjuicio a los acreedores. A su vez, la concursada debe solicitar autorización judicial para realizar actos relacionados con bienes registrables, así como de todos aquellos que excedan la administración ordinaria de su giro comercial”, remarcó la Cámara .

Diferente es el caso de Algodonera Avellaneda SA, ya que no está atravesando un proceso concursal, ratificaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

La Cámara también confirmó el levantamiento fiscal y bancario desde enero de 2018 hasta ahora respecto de ex funcionarios del Nación como Javier Gonzalez Fraga, y a los responsables de Vicentín, Roberto Vicentín, Máximo Padoan, Alberto Macua, Hernán Vicentín, entre otros.

Según la justicia , en la causa hay pruebas como para sostener una “mecánica” para perjudicar al Estado a través de los créditos otorgados a Vicentín y Algodonera Avellaneda. “Las constancias reunidas permiten sostener la existencia de una mecánica a través de la cual se habría perjudicado al Estado nacional a través del otorgamiento presuntamente irregular de financiaciones por parte del BNA a las compañías antes mencionadas y la falta de ejecución de las garantías previstas para ese endeudamiento, por el monto aproximado de $ 18.500.000.000”.

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