ítica y judicial por el Correo-Gate tuvo otro coletazo: el fiscal a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, presentó una denuncia penal "por posible tráfico de influencias" a raíz del acuerdo entre el Gobierno y al empresa Correo Argentino, que pertenecía a la familia del presidente Mauricio Macri. "Decidimos formular una denuncia penal por un posible tráfico de influencias. Pedimos que se inicie un sumario administrativo sobre los funcionarios que intervinieron", señaló el fiscal, con hincapié en el rol que tuvo Juan Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación que preside Oscar Aguad. Además, apuntó que "correspondería que se unifiquen las causas en un solo juzgado con un solo fiscal", lo que apunta a quedar centralizado en Ariel Lijo y en Juan Pedro Zoni. "Queremos ver qué es lo que pasó en estos 16 años y por qué en esta oportunidad la propuesta sí fue aceptada. Obviamente, llama la atención aceptar una deuda a valor nominal y con una tasa que parece baja. Hay jurisprudencia que permite incluir un interés en la deuda", subrayó Rodríguez. Entre las medidas que requirió, se encuentra un oficio a la Procuración del Tesoro para que audite todo el concurso de acreedores del Correo Argentino. "Esto es un concurso de acreedores, la firma tiene una deuda, el Estado tiene que tratar de cobrarla de la mejor manera", dijo el procurador.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Dejá tu comentario