Legisladores porteños del Frente de Todos pidieron este lunes la interpelación del jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta por la represión del último sábado y exigieron la renuncia del ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro. Más temprano, un grupo de diputados nacionales del mismo bloque denunciaron a ambos ante ante la Justicia.
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Los incidentes ocurridos el fin de semana en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, entre manifestantes - que expresaban su apoyo y solidaridad por el pedido de condena del fiscal Diego Luciani - y la Policía de la Ciudad, abrió un nuevo capítulo en la disputa entre el oficialismo nacional y el gobierno porteño que derivó en una presentación judicial y un pedido de interpelación.
La citación tiene por objetivo que Larreta acuda a la Legislatura porteña para dar explicaciones sobre el operativo policial del sábado en Juncal y Uruguay, en el barrio de Recoleta, que incluyeron agresiones a militantes kirchneristas y amenazas e insultos de parte de agentes de la policía contra el diputado Máximo Kirchner y el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof.
La presentación realizada por el bloque porteño del FdT incluye otros dos proyectos: un pedido de informes y la renuncia de D'Alesandro, titular de la cartera de Seguridad del gobierno de Larreta.
Además de la interpelación, diputados del Frente de Todos a nivel nacional presentaron una denuncia contra el jefe de Gobierno porteño y contra el ministro por lo ocurrido el fin de semana. El escrito lleva la firma de Leopoldo Moreau, Eduardo Valdés y Rodolfo Tailhade. Allí manifiestan una presunta violación a la Ley de Inteligencia a raíz de la presencia de "policías en distintos lugares tomando imágenes de los manifestantes".
La denuncia presentada por los tres legisladores del bloque oficialista quedó radicada en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.
En declaraciones formuladas a Radio 10, Moreau señaló que la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) representa un "peligro para la paz social" y cuestionó la utilización de las fuerzas públicas para tomar imágenes de manifestantes. Los agentes "pueden tomar imágenes de su propia actuación" pero no deben "tomar imágenes de manifestantes y menos en una situación pacífica", dijo.
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