El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, cuestionó a los jueces que son más "flexibles" en la autorización de traslados con los detenidos por causas de lesa humanidad que con "otro tipo de interno que haya cometido un delito común".
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Fresneda, se expresó de este modo en el marco de la fuga del mayor (R) Jorge Olivera y el teniente (R) Gustavo De Marchi, del Hospital Militar, ocurrida el jueves pasado.
"Los jueces ordenan un sistema mucho más flexible con este tipo de internos que en relación a cualquier otro tipo de interno que haya cometido un delito común", aseguró el funcionario en declaraciones formuladas por Radio América.
Sobre la situación de Olivera y Marchi, condenados por la Justicia sanjuanina, y ahora prófugos de la Justicia, el secretario de Derechos Humanos, aseguró que se trata de un caso "muy grave" y pidió "tener mayor atención", sobre todo cuando se trata de personas que "estuvieron en falta con la Justicia y ni colaboraron".
De inmediato, consideró que "no es el Servicio Penitenciario Federal el que ordena un traslado a otra provincia; los que tienen la responsabilidad, la garantía y, sobre todo, la jurisdicción sobre los internos son los jueces, y ellos se desligan totalmente luego de que los condenan".
Sobre el accionar de los jueces, el funcionario planteó que se trata de "un aspecto que hay que analizar y, de alguna forma, ajustar", y recordó que, tanto a Olivera como a De Marchi había sido "muy difícil encontrarlos".
"Son personas que estuvieron en falta con la Justicia, que no estuvieron a disposición de ella ni colaboraron. Por lo tanto, los jueces deben tener mayor atención, más aún cuando piden un beneficio", sostuvo Fresneda.
Por otra parte, el secretario calificó de "acertado" y definió como "una medida acorde a la situación de gravedad" atravesada con la fuga de los represores, al convenio firmado ayer entre los ministerios de Justicia, Defensa y Salud para conformar una comisión de médicos que revise los antecedentes de salud de los imputados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Dicha medida, se complementa con la resolución que firmó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, impidiendo que los militares que fueron condenados no puedan ser asistidos en hospitales de las distintas Fuerzas Armadas.
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