El Gobierno generó hoy una gran confusión por un decreto publicado el pasado mes de octubre en el Boletín Oficial, que le otorgaría a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) el control de las cuentas del Congreso y la Justicia.
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La interpretación de esta norma y las repercusiones que despertó por parte de constitucionalistas y funcionarios del Gobierno provocaron mayor incertidumbre y no lograron despejar las dudas sobre los efectos que tendría este decreto sobre la independencia del Poder Judicial y Legislativo.
El desconcierto también fue generado desde el mismo Gobierno. Esta mañana a primera hora, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, salió a defender la decisión del Ejecutivo de avanzar sobre los otros poderes al considerar que la medida no apunta a "menoscabar" la actividad de "quien tiene que ser analizado".
"Cualquier cosa que haga que tenga más nivel de controles no va en zaga de nada ni mucho menos apunta a menoscabar a quien tiene que ser el analizado", sostuvo Fernández.
Pero horas más tarde, el mismo ministro, salió a rechazar lo que más temprano había defendido. "La Sigen no puede hacerlo porque no tiene esa atribución ni esa competencia específica", indicó Fernández.
En su explicación, Fernández precisó que el decreto 1344/07 en cuestión "no hace otra cosa que reglemantar la ley de administración financiera de 1992" y ratifica que el artículo 8 de la iniciativa indica que "se consideran incluidos en la administración central el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el ministerio público".
El ministro explicó que "así lo define el clasificador de gastos puntualmente, en el punto 1.1 de la administración central del presupuesto de la Nación" y señaló que "es la quinta vez que se aplica este manual, que lo único que dice es donde está alojada la partida desde el punto de vista presupuestario".
Detalló, en ese sentido, que en el presupuesto "1.1 es la administración central y luego se empieza a abrir, 1.1.01 es el Poder Legislativo, 1.1.05 es el Judicial, 1.1.10 es el Ministerio Público, y 1.1 es Presidencia".
"Es sólo una forma de detallar para expresar ordenadamente el presupuesto se hace un formato específico para que cualquiera que no lo conozca con el solo hecho de munirse del manual lo entendería, pero no lo hicieron", dijo.
A este debate se sumaron las críticas de juristas que rechazaron y consideraron negativa la medida del Gobierno. Leandro Despouy, a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), opinó que el decreto "es incostitucional".
A su vez, el jurista Alejandro Carrió afirmó: "El decreto me parece un atentado absoluto contra todo esquema de división de poderes". Y explicó que "siempre se ha entendido a la administración central como el Poder Ejecutivo y sus distintos organismos, centralizados y descentralizados".
Este decreto cuenta con 138 artículos con términos muy técnicos y de difícil comprensión. Para despejar las dudas deberá ser analizado en detalle por especialistas.
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