Fiscal amplió imputación a toda la mesa “Gestapo” y roza a Vidal

Russo contestó consulta a Kreplak e incluyó a los empresarios identificados que asistieron a la reunión de 2017 donde se planteó plan para el armado de una causa. Entrecruzamiento de llamados. No mencionó explícitamente a la exgobernadora pero dejó abierto escenario.

Mesaza. La fiscal amplió imputación a todos los asistentes a la reunión del 15 de junio de 2017 en el BAPRO luego de que ordenara identificarlos.

La fiscal federal de La Plata Ana Russo amplió ayer la imputación a todos los participantes de la reunión del 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se promovió el armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales, en el expediente conocido como “mesa judicial bonaerense”, del “Gestapo-Gate”. Del mismo modo, el nuevo requerimiento parece rozar a la exgobernadora María Eugenia Vidal, que también fue denunciada a la postre y sobre la que el juez Ernesto Kreplak solicitó consulta al Ministerio Público Fiscal.

El dictamen firmado por la fiscal explica respecto de Vidal que ya se pronunció al imputar, de manera genérica, a quienes “resulten coautores o participes” de los delitos bajo investigación.

La novedad parece la inclusión en la investigación a los empresarios que participaron de la reunión, quienes hasta ahora aparecían en una suerte de indefinición e incluso emitieron un documento público en el que se colocaban como víctimas de una maniobra que desconocían.

A fines de diciembre Russo ya había imputado a Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de la gestión bonaerense, e impulsó una investigación de los hechos denunciados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a partir del hallazgo de un video en el que puede verse a ése y otros exfuncionarios macristas reunidos con empresarios y espías con el supuesto objetivo de promover una persecución judicial a sindicalistas.

De aquella reunión participaron, además de Villegas, Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios. También estuvieron Diego Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani, y Sebastián De Stéfano, exjefe del área de jurídicos de la central de espías.

La fiscal Russo pidió una serie de medidas de prueba que incluyen entrecruzamientos de llamados entre líneas telefónicas fijas y de celulares entre todos los concurrentes a la reunión, en la que se habló de la forma de perseguir judicialmente a sindicalistas bonaerenses, en especial al dirigente de la UOCRA La Plata Juan Pablo “Pata” Medina. El entrecruzamiento de llamados ya había sido pedido por el abogado de Medina, el penalista César Albarracín.

Los que a partir de su identificación quedaron abarcados en la imputación son los dirigentes empresariales y constructores Marcelo Jaworski, director general de Copetro, y vicepresidente 2° de la Unión Industrial del Gran La Plata; Ricardo Alconada, del Grupo Ocsa y la Cámara de Desarrolladores Urbanos; Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata; Jorge Oscar del Río, vicepresidente 1° de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires (APYMECO); Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de Agrineco; Fernando Sacrachi, director de ACIP; y Bernardo Zaslascky, director de ACIMCO, la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción.

En su momento, al dar impulso a la causa, la fiscal Russo pidió una serie de medidas de prueba y al referirse a los hechos, que aún no calificó, citó la Ley Nacional de Inteligencia, por lo que fuentes judiciales observaron que la investigación podría estar dirigida a determinar si esa norma fue quebrantada, entre otros posibles delitos.

La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que “podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”.

La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI, comandada, entonces, por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.