Gobierno apura votación en tiempo récord de la Emergencia e impuestos
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La Emergencia Pública fue votada por primera vez en 2002 tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Fue utilizada por Eduardo Duhalde para salir de la covertibilidad y establecer el nuevo tipo de cambio, consagrar y luego eliminar la doble indemnización y también hasta hora para renegociar contratos y tarifas con las empresas de servicios públicos privatizadas. Así, todo puede hacerse con la Emergencia Pública: sus artículos incluyen generalidades tales como la facultad para reordenar el sistema financiero, bancario y el mercado de cambios, reactivar la economía, mejorar el nivel de empleo y la distribución de ingresos y crear las condiciones para la reestructuración de la deuda pública.
Es decir, que el Poder Ejecutivo casi no tiene límites para legislar por decreto gracias a esa ley, como bien lo demostró Néstor Kirchner en sus 4 años y medio de mandato y ahora su esposa.
Entre los motivos que justifican esta prórroga, el Poder Ejecutivo incluyó, como explicó Marconato, que «la agudización de la crisis internacional ameritala adopción de medidas preventivas que le permitan al país minimizar eventuales efectos negativos». Curioso cuando hasta ese momento el gobierno no consideraba que el país necesitara medidas extraordinarias para enfrentar la crisis, aunque ahora esté preparando un paquete para garantizar el empleo y la producción.
Desde los bloques de la oposición anticiparon que rechazarán una nueva prórroga de la emergencia y presentarán un dictamen de minoría conjunto, al igual que la diputada de Consenso Federal por Mendoza, Laura Montero, que adelantó que también se opondrá.
Sobre la prórroga del impuesto al cheque, el radicalismo, la Coalición Cívica y el PRO volverán a reclamar en el recinto la coparticipación total de este tributo «para atender las necesidades de las provincias», aunque el oficialismo rechazó ya el pedido. Esa caja no es menor: recauda anualmente más de $ 22.000 millones, y 70% va directamente al Tesoro Nacional.
En la misma sesión, el oficialismo votará el aumento en la alícuota del gasoil de 21% a 22% destinado a subsidiar el transporte de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas con excepción de la Capital Federal. Ese tema tampoco será pacífico para la oposición, que reclamará mayor transparencia en la distribución de subsidios al transporte y los combustibles.




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