El senador nacional del Frente para la Victoria, Pablo González, remarcó que la comisión de diputados que discutirá hoy si corresponde abrir una investigación sobre la salud del ministro de la Corte Suprema, Carlos Fayt, implica que "se empieza a debatir su estado psicofísico" y reiteró que esto "no implica dudar de su capacidad jurídica ni de sus antecedentes".
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"Nadie avanza sobre ningún poder ni sobre un abuelito inocente", afirmó González en declaraciones a radio América.
El miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta interpretó que es necesario "debatir en democracia cómo tiene que funcionar la Corte Suprema y saber cuál es el estado de salud de sus miembros", porque el Máximo Tribunal "resuelve temas muy sensibles para el país".
"No puede convertirse paulatinamente en un poder que tenga una sola opinión", dijo González al referirse a los cuatro miembros que integran el Máximo Tribunal actualmente, tras la renuncia de Raúl Zaffaroni.
En ese sentido, agregó que la Constitución Nacional "pensó que sea un tribunal colegiado de cinco miembros como freno y contrapeso, de la misma manera que el Poder Ejecutivo sea de un solo miembro".
"La Constitución no dice que la Corte debe ser un poder que ponga límites a los otros poderes", dijo González, que también integra el Consejo de la Magistratura, en respuesta a declaraciones de su titular Ricardo Lorenzetti, y reiteró que la Carta Magna establece que "ningún poder está por encima de los otros dos".
González, advirtió también la necesidad de discutir "otras aristas" que consideró "muy llamativas", al cuestionar que el abogado del juez Fayt, Jorge Rizzo, fuera quien se presentó ante la justicia para impedir la aplicación de la ley de democratización de la justicia, aprobada por el Congreso de la Nación.
"El abogado que en 2013 presenta el amparo que después determina que la Corte declare la incostitucionalidad de la ley fue Rizzo y la sentencia fue firmada por el propio Fayt", señaló el senador al referirse a la medida cautelar presentada por Rizzo en nombre de la agrupación Gente de Derecho contra el Poder Ejecutivo.
