Greco: no se salvó Lavagna de acusación de radicales

Facsímil del documento donde el BCRA reconoce ser acreedor del grupo Greco.

Los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz presentaron ayer un informe final sobre el escándalo generado por el frustrado pago de una cuestionada deuda de casi $ 600 millones al ex Grupo Greco, donde se aportó documentación interna del Ministerio de Economía que demostraría que Felisa Miceli estuvo siempre al tanto de ese trámite que se quiso ocultar al Congreso, algo que la ex ministra siempre negó. El informe, elaborado sobre la base del expediente interno que les entregó el propio Ministerio de Economía por orden de la Justicia cuando Miguel Peirano ocupaba la cartera, afirma también que los Greco no son acreedores del Estado sino deudores.

En números actualizados al momento de la sentencia judicial que benefició al grupo los Greco debían al Estado por pagos hechos por cuenta de sus empresas $ 447 millones, mientras que los mendocinos sólo podían reclamar $ 276.3 millones. A ese número deben agregarse, según el informe, otros u$s 16 millones a favor del Estado, mas las deudas que el Banco de los Andes dejó en el Banco Central, hoy imposibles de calcular. En lugar de ese cálculo, hoy el Estado argentino todavía esta intimado a pagarles casi u$s 200 millones.

«Miceli buscó reforzar el pago al Grupo Greco, todos los funcionarios del Ministerio de Economía apoyaron el pago». dijo ayer Sanz. Sobre la postura de Miceli en medio del escándalo, Morales acusó: «Hasta el 18 de diciembre 2006, la ministra Miceli instó a que se le pague al Grupo Greco, pero luego hizo un giro de 180 grados».

El informe reconoce también la responsabilidad que tuvieron los funcionarios del área legales del Ministerio de Economía en el reconocimiento final de la deuda al Grupo Greco. De hecho se confirma que mientras el 30 de mayo de 2003 el Estado contesta la demanda de ejecución de convenio presentada por los abogados de Greco alegando que en realidad el grupo era deudor del fisco en $ 546 millones y no acreedor, para el 11 de agosto de 2005 los funcionarios que por entonces revistaban bajo el mando de Roberto Lavagna le reconocían judicialmente la deuda a los Greco y prestaban conformidad para su homologación.

Fue clave en esos trámites la actuación del procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, que tras recibir el expediente que le envía Osvaldo Siseles, subsecretario de Asuntos Jurídicos y segundo de Edgardo Pérez, en dos ocasiones no cuestiona el pago.

Pero quedó pendiente en la investigación la responsabilidad política de Lavagna: «El hecho de que Lavagna no haya tenido dignidad para defender un proyecto político no quiere decir que esté involucrado en esto», dijo ayer Morales. «El gobierno de Néstor Kirchner buscó alternativas para saldar la deuda histórica de más de 500 millones de pesos que mantiene con los beneficiarios del grupo mendocino Greco.».

Formularios

Otra fecha clave que Morales y Sanz encontraron en los expedientes que les entregó el Ministerio de Economía fue el 30 de mayo de 2006. Ese día ingresan a la Oficina Nacional de Crédito Público los Formularios de Requerimiento de Pago para los Greco por $ 332.3 millones.

Curiosamente, al día siguienteingresa otro crédito más para verificar el pago: es el que los Greco habían cedido a Pedro Pou, ex presidente del Banco Central. La investigación no explica por qué Pou tenía a su favor órdenes de pago cedidas por los Greco, pero el incidente sirvió para investigar un punto que aún no ha sido aclarado: por qué desaparecieron los registros contables del Banco Central con la deuda que mantenía el quebrado Banco de los Andes (uno de los brazos financieros del grupo) con esa entidad por redescuentos otorgados antes de la intervención y pagos a depositantes que se hicieron después del cierre.

Hubo un personaje en toda esta historia que intentó en varias ocasiones frenar el pago a los Greco: Jorge Amado, director de Administración de Deuda Pública. Entre otras ad vertencias, el 10 de octubre de 2006, ante la inminencia del pago y cuando el proyecto de ampliación de bonos para pagar a los Greco ya estaba en el Congreso, Amado envió un memo a sus superiores informando que el Estado había efectuado pagos por cuenta de los Greco por $ 164 millones que no habían sido descontados de la deuda exigida por éstos. Al contrario de esa advertencia, todas las áreas de legales aconsejaron pagarles.

El 2 de noviembre los abogados de los Greco seguían intimando al Estado a que pagara a través del juzgado de Francisco de Asís Soto que llevaba la ejecución del acuerdo. Y allí se produce otro hecho que desmiente a Miceli y su supuesto desconocimiento del tema: el director de la Oficina Nacional de Crédito Público, Norberto López Isnardi, informa a la Secretaría de Finanzas que se está tramitando por ley una ampliación de bonos para pagar a los Greco.

Es allí donde aparece la responsabilidad de Alfredo Mac Loughlin. De acuerdo con el expediente interno del ministerio, el secretario de Finanzas de entonces le giró el trámite a Amado el 10 de noviembre de 2006 para su pago «con los alcances de la sentencia y homologación de la liquidación».

Amado vuelve a negarse: «Respecto de la instrucción vertida no hay crédito», le responde. Es decir, no hay bonos disponibles para pagar y también reconoce que hay un proyecto de ley en marcha para hacerlo. Después de eso comienza el tratamiento el Congreso y estalla el escándalo.