Las manipulaciones del sindicalismo con los fondos para la salud pasaron ayer del ámbito de negociaciones silenciosas a la confrontación pública. Los $ 200 millones de dinero acumulado para subsidiar las obras sociales que maneja la Administración de Programas Especiales están a punto de distribuirse entre los gremialistas que se resisten al monopolio de Hugo Moyano sobre esa caja. La decisión de Héctor Capaccioli -Superintendencia de Salud- de reducir el APE de Juan Rinaldi -abogado de camioneros- tuvo reacción pública: Rinaldi rechazó por escrito ese intento de control revelando curiosidades del manejo de esos fondos.
La guerra por la «caja» del negocio de la salud, que se libra entre la Superintendencia de Salud, que conduce el albertista Héctor Capaccioli, y la Administración de Programas Especiales (APE), a cargo del abogado moyanista Juan Rinaldi, estalló de un modo insólito: un «Boletín Informativo» de la APE en el que Rinaldi se rebela contra los intentos de Cappacioli de subsumir a esa entidad en la Superintendencia.
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El 7 de junio pasado, este diario publicó en su tapa el modo en que Capaccioli está buscando quitarle poder a Rinaldi por la vía de disolver la APE y repartir entre los gremios el dinero allí acumulado. Una suma que supera los 200 millones de pesos. El autor intelectual de esta estrategia es el médico Néstor Vázquez, figura clave en el manejo de la Superintendencia en tiempos de Carlos Menem, cuando secundaba a José Luis Lingieri, y operador en el sector sanitario de varios funcionarios del duhaldismo durante la Presidencia del caudillo de Lomas de Zamora.
El comunicado de Rinaldi es una reacción ante esta pretensión. Su texto es escandaloso tanto por la lógica (o falta de lógica) institucional que expresa como por las denuncias que, de manera muy poco velada, realiza. Además, se trata de una manifestación del enfrentamiento político entre estos dos funcionarios y sus respectivos padrinos: Capaccioli es un ahijado directo de Alberto Fernández, mientras Rinaldi es el letrado de Camioneros, subordinado directo de Hugo Moyano, como queda claro en su pronunciamiento. Ahora conviene pasar a esa página, imperdible:
Rinaldi describió, en principio, el marco jurídico en que funciona la APE. Consignó que, para darle una mayor eficiencia al «Fondo de Redistribución» -la «caja» de los subsidios que se reparten entre obras sociales- se le otorgó a esa entidad «personalidad jurídica propia» y «un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera». «Surge de lo expuesto una primera y fundamental conclusión, la Administración de Programas Especiales no es controlada ni depende ni económica ni políticamente de la Superintendencia de Servicios de Salud». La redacción de Rinaldi luce un poco tosca, seguramente como consecuencia de su estado nervioso. Distingue bien después Rinaldi, entre la Superintendencia como organismo de control y la APE como oficina administradora de los recursos controlados.
Hasta aquí, impecable este abogado. Su «boletín» comienza a extraviarse desde el punto de vista institucional cuando, en vez de reseñar el estatus de su dependencia, pasa a defenderla. Rinaldi dice: «Resulta irritante que nos ahoguen la alegría de haber recuperado un organismo que siempre debió haber estado en manos de los trabajadores, contexto (sic) que se logró con la asunción de la Confederación General del Trabajo hace tan sólo cuatro meses». La emoción de este funcionario porque la CGT haya recuperado su «caja» no puede ser más sincera: por primera vez un servidor público reconoce oficialmente, en un informe de su dependencia, que el gobierno tercerizó en la central obrera la gestión de fondos que se le confían al Estado. El propio Rinaldi se volvió vocero del «pacto negro» que, hasta ahora, sólo fue motivo de denuncias periodísticas.
En el párrafo siguiente la confusión de roles y de esferas no podría ser más explícita: «Desde la conducción, encarada por nuestro secretario general, el compañero Hugo Moyano, hemos decidido encarar una redistribuciónjusta y equitativa a todaslas obras sociales del sector, sin hacer distinción, por supuesto, del color político de las entidades que solicitan la ayuda financiera del Fondo Solidario de Redistribución». Rinaldi no se siente subordinado a sus superiores en el escalafón estatal sino a un sindicalista, es decir, a alguien que no es funcionario del Estado. Podría haber congresos de derecho administrativo para estudiar este párrafo: una joya.
A renglón seguido, Rinaldi le dedica una discreta serenata al doctor Vázquez: « Ninguno de los asumidos el 2 de febrero de 2006 ha tenido presencia o participación alguna en gestión anterior a esa fecha». Se refiere de manera implícita al dato ya consignado aquí: la participación de ese médico en la gestión menemista.
Después el interventor en la APE formula alusiones sibilinas, mezcladas con metáforas propias del sector camionero, a que « lamentablemente, algunos pocos trabajadores no entendieron la política encarada y quedaron a la vera de la ruta o fueron refugiados en el Organismo que la prensa dice controlarnos» (sic).
El final de Rinaldi ingresará en la historia de los grandes textos estatales (no por su parecido con los discursos de Nicolás Avellaneda, claro): «Este mensaje tiene como objetivo llevar tranquilidad a todas las obras sociales y manifestarles, tal como les dijéramos desde nuestro primer día que esta administración no reconoce gestores de ningún tipo, ni privados ni oficiales, nuestros trámites son gratuitos, seguimos construyendo la política de atención de la salud de los trabajadores que ha diseñado la Confederación General del Trabajo y los gremios adheridos y estamos convencidos que ahora sí la APE es para todos es una Argentina en serio».
Si hiciera falta aclarar más lo que Rinaldi dice enfáticamente,es que en su oficina no se cobran coimas. Falta que diga (¿en presunta alusióna Capaccioli, Vázquez y su mano derecha Ray Latorre?) «como en otros lados».
El miércoles pasado, Alberto Fernández citó a su despacho a los superiores que reconoce Rinaldi, Hugo Moyano y Juan Manuel Palacios. Es posible que hayan hablado de este escandaloso conflicto por dinero. Más seguro es que, como se verá en las próximas horas, no lo hayan resuelto.
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