La ley que implementa un aporte extraordinario y solidario para las grandes fortunas no es un invento argentino. En países europeos como España, Italia, Suiza y Rusia, y en los sudamericanos como Brasil, Chile, Perú y Ecuador, también se avanza con tributos similares, enfocados en combatir los efectos económicos de la pandemia de Covid-19.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) recordó que la iniciativa pretende “ordenar” las cuentas fiscales en un contexto de negociación de la deuda y con un criterio distributivo, atendiendo que los sectores de menores ingresos son quienes primero se resienten por estos fenómenos, y aclaró que si el Congreso sanciona la ley, el impuesto a la riqueza solidario se efectuará por única vez. El proyecto será tratado desde este miércoles 17 noviembre en la Cámara de Diputados.
El impuesto gravará patrimonios personales declarados a partir de los $200 millones, lo que equivale actualmente a patrimonios de casi u$s3.000.000, dependiendo el tipo de cambio. Se estima que esta contribución obligatoria llega aproximadamente a 12.000 contribuyentes, es decir, que alcanzaría al 0,04% de la población adulta. Las alícuotas que se plantean están en torno a los 2% y 3,5%, y se sigue barajando establecerlo de manera progresiva (es decir, escalonadamente a partir del piso de $200 millones).
En el oficialismo estiman que el impuesto a las grandes fortunas recae en apenas el 1,1% de los contribuyentes que pagan el impuesto a los Bienes Personales, y dentro de la población económicamente activa, al 0,08%. El objetivo esperado es poder recaudar aproximadamente u$s3.000 millones, equivalente a $208.000 millones, aunque otros cuentas ubican la recaudación por encima de los $300.000 millones.
Según calculó la Undav, lo recaudado por el aporte especial a las grandes fortunas equivaldría a 5.622 hospitales modulares, 20,8 millones a destinados al Ingreso Familiar por Emergencia (IFE) y a 12,3 millones de jubilaciones por mes.
La Universidad recordó que ante la crisis global económica y sanitaria del coronavirus y con el aumento exponencial de los gastos fiscales comenzaron a surgir en varios países del mundo, planteos similares, con nuevos impuestos, contribuciones excepcionales o aportes “patrióticos”, que recaigan sobre los sectores de mayores ingresos y patrimonios.
“Un tributo de estas características no es meramente una idea local: en diversas latitudes se están barajando impuestos extraordinarios ante situaciones extraordinarias y siempre con un criterio de justicia distributiva”, señaló el reporte.
En Sudamérica también viene creciendo el debate sobre apuntalar la recaudación estatal a partir de las grandes riquezas, en un contexto muy complejo para cada economía.
El análisis académico sostuvo que si bien la alternativa de un impuesto que grave solamente una pequeña porción de la población incluso muy menor a la que ya tributa por bienes personales parece una decisión socialmente justa no está exenta de críticas. “Suele instalarse que la Argentina cuenta con una carga tributaria general excesivamente alta, pese a que las estadísticas internacionales no van en línea con dicha afirmación”, subrayó.
La estructura impositiva argentina en el período 2016-2019 se volvió más regresiva. Los clasificados como más regresivos (por ejemplo, el IVA) aumentaron su participación en el total recaudado en 4 puntos porcentuales (p.p.). Por otro lado, los impuestos muy progresivos redujeron su participación en 2 p.p., mientras que, por su parte, los progresivos descendieron 1 punto porcentual. Sin embargo, la presión tributaria argentina (del total de impuestos) se encuentra por debajo del promedio de los países de la OCDE.
El estudio de la Undav remarcó que en la Argentina hace más de dos meses que se planteó la necesidad de gravar los patrimonios más altos, por el enorme gasto público realiza el Gobierno en distintos programas para combatir la emergencia económica y sanitaria (ATP, IFE, créditos blandos, hospitales de emergencia, respiradores, compras sanitarias y obra pública, entre lo troncal), y además, por la caída de la recaudación producto del avance de la recesión económica por la pandemia.
“El Estado proyecta gastar, hasta el mes de noviembre, el equivalente a cerca del 10% del PBI entre políticas de expansión financieras, fiscales y gastos corrientes, incrementadas enormemente desde marzo”, destacó la Universidad.
Dejá tu comentario