Los últimos episodios de inseguridad y el reclamo oficial de celeridad para los juicios contra los represores desembocaron en un fuerte cruce de acusaciones entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia.
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Dos miembros del máximo tribunal salieron a replicar las últimas expresiones de la presidenta Cristina Kirchner y del jefe de Gabinete, Sergio Massa, quienes responsabilizaron a la Justicia por las falencias en los juicios contra las violaciones a los derechos humanos y el aumento de los delitos comunes.
Mientras el juez Eugenio Zaffaroni dijo que el sistema penal atraviesa un "momento catastrófico" y atribuyó esa cuestión a las reformas hechas por los políticos el Código Penal, su par Carmen Argibay sostuvo que los procesos se demoran porque el Ejecutivo no se ocupa de nombrar jueces para que los sigan.
La embestida había sido iniciada por la Presidenta durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, cuando dijo que el Ejecutivo y el Legislativo ya hicieron todo lo necesario para el juzgamiento de los represores y es hora de que actúe la Justicia.
Y siguió este jueves cuando Massa señaló que hay que "exigirle más resultados a la Justicia" para mejorar la lucha contra la delincuencia y la inseguridad.
"Lo primero que tenemos que tener claro es que hay tres sectores a prestarle atención a la hora de ver la inseguridad: un sector inclusivo, un sector preventivo y lo punitivo. En lo inclusivo hay varias políticas que permanentemente se intentan llevan adelante y que tienen que ver con la contención y con la marginalidad", explicó Massa.
En declaraciones radiales, el funcionario indicó que "en paralelo, uno tiene una segunda instancia, que es la tarea de prevención, que tiene que llevar a cabo la Policía".
"La tarea requiere de un control de quienes ejercen el Ejecutivo", enfatizó.
Por otro lado, explicó que en referencia a "lo punitivo", es "quizás el que genera mayor sensación de frustración".
"Si a la hora de la condena la sensación que queda es que hay permanentemente un criterio de liberar, de no condenar, se produce sensación de impunidad", dijo en ese punto el jefe de Gabinete.
Prácticamente en simultáneo se conocieron afirmaciones de Zaffaroni durante una exposición magistral en la que aseguró que el sistema penal del país atraviesa "un momento catastrófico", como consecuencia de las diversas modificaciones que realizan los políticos "que le temen" a los medios de comunicación.
El magistrado salió así al cruce de los reclamos por la instalación de la pena capital que se instaló luego de las polémicas declaraciones de la conductora televisiva Susana Giménez, quien tras el asesinato de su florista, Gustavo Lanzavecchia, reclamó que "el que mata, tiene que morir".
Tanto Massa como Argibay se expresaron en el mismo sentido, contrarios a la pena capital, pero Zaffaroni apuntó contra los cambios en la legislación penal y asoció el accionar parlamentario con la presión de los medios de comunicación.
Al brindar el discurso de cierre a la Jornada de Derechos Humanos y Justicia Penal en América Latina, organizada por la Corte Suprema, Zaffaroni también consideró que el sistema de leyes "está en escombros".
"Si preguntaran cuál es la pena máxima en el país se podría contestar que es la prisión perpetua, o 50 años de prisión, o 37 y medio o 25, ya que para cualquier respuesta habría una parte del Código que la respalde", afirmó Zaffaroni.
A su entender, una de las razones de la decadencia del Código es el "bombardeo" de los medios de comunicación, que impacta directamente en los políticos "que le temen" a ese sector.
"Nos bombardean con noticias rojas y crea una realidad en la que el enemigo principal es la inseguridad urbana. Los políticos le temen a esos medios y como consecuencia de ello hacen modificaciones al Código Penal, que está en escombros", criticó el juez de la Corte.
Por su parte, Argibay le reclamó a la presidenta Cristina Kirchner un incremento en los fondos que la Nación destina a la Justicia, al considerar que no se pueden "acelerar los juicios" sin "infraestructura ni dinero".
Según evaluó, "todos los juicios deben acelerarse, no sólo los juicios a represores".
No obstante, en conferencia de prensa en Mendoza, enfatizó: "No tenemos infraestructura, no tenemos jueces y no tenemos dinero para pagar a los empleados y toda la parte informática".
A la vez, la magistrada de la Corte Suprema se quejó porque "no es cierto" lo que dijo la Presidenta ante la Asamblea Legislativa.
"Esto no es cierto. Ambos poderes nos recortaron el presupuesto y ahora les tuvimos que pedir que si quieren que aceleremos los juicios, primero nómbrennos los jueces", remarcó Argibay.
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