«Tengo que reconocer que estamos teniendo un fuerte lobby de los empresarios», admitió ayer el ministro de Mauricio Macri, Juan Pablo Piccardo, encargado del Espacio Público. Se refirió así a las embestidas contra el proyecto de ley que envió Macri a la Legislatura para arrasar con 80% de la publicidad en la vía pública. Es decir que no sólo la iniciativa motivó el envío de cartas a los legisladores, sino que también la queja ya inunda el ministerio de Piccardo. La resistencia la vienen manifestado todas las cámaras y agencias que se ocupan de la actividad.
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«El 70% de la publicidad en la vía pública es ilegal», remarcó ayer Piccardo ante la radio estatal porteña y consideró que era «un negocio» que perjudica a los vecinos.
El gobierno de Macri está impulsando que la Ciudad de Buenos Aires se vea como Madrid, o por lo menos como San Pablo, ciudad que viene aplicando medidas restrictivas para frenar la llamada contaminación visual que provoca la cartelería en los caminos,calles y edificios. Pero al modo porteño, no parece que le fuera tan sencillo a Macri conseguir la aprobación de esa norma que recién empieza a discutirse en la Legislatura y que además no es actualmente una de las prioridades de las futuras sesiones.
Sin embargo, el propio jefe de Gobierno viene desalentando la colocación de carteles cuando recorre distintos barrios para detectar publicidad no autorizada.
Según el sector, de prosperar el proyecto de ley, se generaría hasta la pérdida de puestos de trabajo. A la vez sostienen que se encarecerá la publicidad en la vía pública al contar con menos lugares de exhibición.
Adjudicación
Es que al mismo tiempo, en apenas unas semanas, está previsto que finalmente, luego de varios años de idas y vueltas, el gobierno macrista termine adjudicando la licitación para la renovación del mobiliario urbano, que en su conjunto incluye buena parte del soporte de los avisos comerciales que se exhiben en las calles de Buenos Aires. Se quejan entonces porque se reducirán los espacios para los anunciantes, pero tres empresas tendrán la totalidad de los soportes de la Ciudad. Para Piccardo, es una prioridad «terminar con la publicidad ilegal que es molesta para los vecinos». Por otra parte, el ministro, durante el fin de semana, debió dejar cesante al titular del jardín Botánico tras una filmación -promovida por el propio Gobierno porteño- donde se denunciaba el alquiler del lugar como escenario de avisos publicitarios y, además, presuntamente se cobraba para enterrar urnas con cenizas de fallecidos.
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