Tras la difusión de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas que involucran a la primera plana del Ejecutivo, el Gobierno denunció ante la Justicia un operativo de inteligencia ilegal "con el fin de desestabilizar el país en plena campaña electoral". Además, logró una cautelar del Poder Judicial para evitar que se reproduzcan las filtraciones que salpican a la secretaria de Presidencial, Karina Milei, y su asesor Eduardo "Lule" Menem.
Así lo confirmó el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales. "No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", remarcó el funcionario. Según pudo saber este medio, la denuncia recayó en el Juzgado Federal 12, que subroga el juez federal Julián Ercolini.
Previo a conocerse la denuncia, ingresó en el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo el abogado y procurador del Tesoro Nacional, Santiago Castro Videla. Según señalaron fuentes de Casa Rosada a Ámbito, la maniobra "consistió en la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios".
Entre los responsables identificados por el Gobierno se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi. En este marco, la Justicia ordenó allanamientos en sus domicilios y en el medio de comunicación “Carnaval Stream”.
Para el Gobierno, "no se trata de una filtración casual", sino "de un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina que es el proceso electoral". En ese marco, en Balcarce 50 consideran que el objetivo "fue generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales".
La denuncia del oficialismo se basa en la Ley de Inteligencia Nacional, la cual "prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas". En este marco, solicitan medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones.
"No se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia", deslizaron desde el Gobierno.
La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei grabados en Casa Rosada
El Poder Judicial ordenó este lunes el "cese inmediato" de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpretó como un reconocimiento a una "violación grave a la privacidad institucional".
El fallo, firmado por el juez Alejandro Patricio Maraniello, dispone: “Decretase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025 -como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.
Para garantizar el cumplimiento de la medida, el fallo dispone que se envíe un oficio con habilitación de días y horas inhábiles al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El vocero presidencial, Manuel Adorni, se hizo eco de la noticia en sus redes sociales y aseguró que la Justicia
La medida busca frenar la polémica iniciada el viernes pasado con la filtración de un breve clip en el que se escuchaba a la hermana del Presidente pedir "unidad" en la interna libertaria. Quienes difundieron ese material habían advertido que se trataba solo de un adelanto, lo que habría motivado esta rápida acción judicial por parte del oficialismo.
Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por obstaculizar el procedimiento sobre Kovalivker
Entre las novedades de la causa, este lunes también se conoció que el juez federal Sebastián Casanello procesó al jefe de Seguridad de Nordelta Ariel De Vicentis por presunta obstrucción de la justicia, acusado de haber obstaculizado el procedimiento en el cual se ordenó secuestrar el celular de Jonathan Kovalivker, uno de los accionistas de la droguería Suizo Argentina investigado por los audios del ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo.
La decisión se tomó sin prisión preventiva, luego de encontrar evidencia como mensajes vinculados a un "protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad" en caso de allanamientos.
El juez procesó a De Vicentis por "desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento" con un embargo de dos millones de pesos.
De Vicentis es jefe de Seguridad de Nordelta desde hace once años y según reconstruyó la Justicia el día del operativo estaba de vacaciones pero un guardia de seguridad lo llamó delante de efectivos de la Policía de la Ciudad que habían llegado al ingreso del barrio La Isla, en el complejo privado.
Dejá tu comentario