Jefes de la FUBA van a juicio

Rubén Hallú

Los principales dirigentes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) fueron procesados ayer, acusados de «secuestro coactivo agravado», y podrían llegar a enfrentar diez años de cárcel, debido a la toma del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires el 28 de mayo pasado.

La causa fue iniciada por el rector de la UBA, Rubén Hallú, quien denunció que unos 200 estudiantes entraron por la fuerza al edificio ubicado en Viamonte 430, donde se desarrollaba una reunión del Consejo Superior, y prohibieronla salida de varios consejeros durante algunas horas. Esto hizo que la demanda figurara como «privación ilegítima de la libertad».

El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid dio lugar a la denuncia y tipificó el caso como «secuestro coactivo agravado», a causa del «número de participantes» y porque «no existe causa alguna que legitime el accionar» de los estudiantes.

Ahora, los dirigentes procesados deben pagar 10.000 pesos de embargo y tienen prohibido abandonar el país. Situación complicada para la federación estudiantil, ya que los acusados son sus principales representantes: Cristian Henkel y María Damasseno, copresidentes de la FUBA; los ex presidentes de la organización Agustín Vanella Bengolea, Pablo Rodríguez y Santiago Gima; los consejeros superiores Leonardo Perna y Mariela Solesio, y los consejeros directivos María Laura Casal, Néstor Raia y Roberto Díaz Fridman.

Individualizdos

Según el juez, estos diez dirigentes «son los únicos involucrados que por el momento han sido debidamente individualizados e identificados», aunque va a seguir profundizando la investigación.

La protesta que devino en «secuestro» se realizaba a causa del cierre de la sede del CBC de Merlo, decidida por el intendente Raúl Othacehé a principios de año. El Consejo Superior debía tratar el caso ese día, pero frente al caos generado por la protesta, suspendió la sesión y se negó a negociar con los estudiantes que protestaban en la calle. Al enterarse, los manifestantes entraron al edificio por la fuerza y mantuvieron en la sala «contra su voluntad» a decanos, graduados, profesores, alumnos y personal no docente por más de dos horas. Les exigían que firmaran un acta para garantizar las clases en el CBC de Merlo.

A pesar de que Cristian Henkel gritaba «esto es un triunfo, ¡tenemos que hacer de cada facultad una trinchera!», la toma fue perdiendo fuerza hasta que los estudiantes abandonaron el edificio después de ocho horas. El que perdió «momentum» fue el rector Hallú, quien ese mismo día denunció ante la Justicia el episodio. Colérico, calificó de «inadmisibles» los hechos ocurridos en aquella toma que, según sostuvo, ocurrieron por primera vez desde el restablecimiento de la democracia y de la autonomía universitaria.

Penas

Además, Hallú agregó en ese momento: «No importa qué reclamen, no pueden ingresar e impedir la salida bajo amenazas; recuerda a las peores épocas».

Según el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADA), que rechaza la decisión de Aráoz de Lamadrid, los procesos por este delito contemplan penas de más de diez años de prisión.

Además, el Centro ya anunció que apelará la medida para que sea la Cámara Federal la que, en definitiva, se pronuncie sobre la cuestión.