6 de abril 2020 - 00:00

Aumenta tensión entre Casación y Tribunales Orales por excarcelaciones

Chispazos entre Sala de Feria y los TOF por la definición sobre domiciliarias y salidas de los penales federales. Interna en el máximo tribunal penal por acordada "paraguas" fallida. Semana de definiciones.

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La tensión entre la Cámara Federal de Casación Penal y los Tribunales Orales Federales respecto a la cuestión penitenciaria –en el marco de la emergencia por el coronavirus- continuó incrementándose. En las últimas horas, el máximo Tribunal penal completó la orden para 119 revisiones, en su mayoría, para que sean los tribunales los que definan si imputados bajo su órbita deben salir excarcelados o a prisión domiciliaria por integrar los denominados grupos de riesgo frente a la pandemia.

De fondo, se libra una interna dentro de la propia Casación, que cuenta en la práctica con sólo la mitad de sus jueces trabajando en forma remota, por la firma de una Acordada de alcance general. Y otra más amplia, con los tribunales por quién estampa la firma para la salida de detenidos que, según el Servicio Penitenciario Federal, alcanzan los 1280 sólo en penales federales. Corrientes y Salta iniciaron una mini-rebelión y “cerraron” sus puertas a recibir los requerimientos de Casación. Todos los jueces de tribunales fastidiados por el traslado de la responsabilidad respecto a quién deberá hacerse cargo de las solturas y por no crear un “paraguas” protector que permitiera definir un estándar.

Casación tiene su propia batalla interna: los “antiguos”, exceptuados de concurrencia por motivos de asilamiento preventivo están derivando causas a sus compañeros, saturando a la Sala de Feria que –también remotamente- se ha adaptado mejor al uso del Lex 100. Increíblemente, algunos llegaron a creer que los datos requeridos por el sistema informático para crear un usuario (entre ellos el CUIL) los exponían a una posterior investigación fiscal y evitaron así estar “online”. El resultado: pocos jueces deben definir el aluvión de pedidos motivados por la orden que bajó de la Defensoría General de solicitar el máximo de solturas ante una eventual propagación de la enfermedad intramuros y el informe del SPF –pedido por la propia Casación- que impulsó a los abogados privados a hacer lo mismo basados en el argumento de riesgo sanitario.

Esa encrucijada mantuvo en vilo una Acordada que permitiera revisar, con alcance general, a todos aquellos por delitos no graves que tuvieran más de dos años de prisión preventiva, exceptuando a violadores y homicidas, que son de los grupos más nutridos en el informe del SPF. Algunos jueces intuyeron que era un traje a medida para exfuncionarios K y apelaron a que debe ser definido caso por caso, según las circunstancias, respecto de quienes podrían acceder a una morigeración de su situación de encierro. Se estableció sólo una situación de vulnerabilidad para agilizar cuestiones más obvias: mujeres embarazadas o con niños pequeños a cargo quedaron en primera fila para salir.

Intimación

El caso más icónico fue el del piquetero Luis D´Elía, que finalmente obtuvo un arresto domiciliario transitorio fruto de haber ingresado a internación con fiebre y con diagnóstico todavía no precisado. Eso generó un chispazo entre Casación y la jueza Sabrina Namer que se había negado a beneficiarlo pero a la que el máximo Tribunal penal conminó a reveer esa cuestión a la luz de la novedad en su salud. Casación está utilizando la misma fórmula para exigir que los Tribunales Orales analicen si liberan o no. Un sector del kirchnerismo cargó contra la jueza, olvidando quizás que fue una de las pocas magistradas que mientras Cambiemos estaba en el poder revocó las prisiones preventivas de Carlos Zannini, el propio D´Elía y el resto de los implicados en la poco sólida causa del Pacto con Irán. Luego un grupo de familiares alineados con la entonces estrategia oficial logró apartarla de un eventual juicio oral por temor de parcialidad. Fue sorpresivo, además, que un secretario de Estado acudiera a tribunales para interesarse de manera personal por la suerte de D´Elía, a contramano de la orden presidencial de no intervenir en causas judiciales.

Casación se defiende: le da amplio margen a los TOF para actuar y en los porcentajes que maneja “devolvió” para una nueva resolución un 20% de los casos, un 5% hizo lugar a las salidas de manera directa (uno de esos fue el caso del maquinista de Once Marcos Córdoba por tener hijo menor a cargo) y en el 75% de los casos lo denegó. Incluye eso lesa humanidad, donde hay un acuerdo tácito de evitar que la emergencia sanitaria sea un argumento de soltura.

Los TOF ven venir que si la enfermedad llega a penetrar los penales van a tener que firmar salidas sin descanso y hacerse cargo de las consecuencias políticas.

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