Abad no dejó registro de orden "verbal" para iniciar las auditorías en el caso Oil

Política

Pese a procedimientos internos estrictos, Sosa –testigo clave- admitió que le dieron instrucciones directas para iniciarla sin siquiera un mail. Las respuestas que iban en sentido contrario a la acusación "demoraron tres años", cuando la causa ya estaba elevada a juicio. Relativizó su alcance y "términos".

El testigo comenzó la audiencia desplegando toda la serie de procedimientos reglados, controles cruzados, manuales de procedimiento, certificados de la SIGEN y validaciones con normas IRAM a la calidad que tenían los procesos de auditoría interna realizados por la AFIP en la gestión que él mismo encabezaba, entre 2016 y 2019. Néstor Sosa era considerado uno de los testigos clave del juicio Oil Combustibles, pedido tanto por la querella, la fiscalía y la defensa por haber firmado las dos auditorías que sirvieron para hilvanar la acusación respecto a los planes de pago de la petrolera del Grupo Indalo.

Sin embargo, a renglón seguido y preguntado por los fiscales de juicio, el testigo admitió que la orden de comenzar a relevar la documentación fue “verbal” por parte del extitular de AFIP Alberto Abad y que no recordaba siquiera si había mediado un mail para dejar asentada la instrucción que le dio, en persona. El otro dato central que dejó la primera parte de su declaración fue que a pesar de comenzar en paralelo, la auditoría sobre Oil se aportó a la Justicia, mientras que la que versaba sobre un universo más amplio de planes de financiación con otros 1.600 casos de contribuyentes a los que se les habían otorgado esos beneficios en igualdad de condiciones a la petrolera de Cristóbal López demoró “tres años”. ¿La razón? La ausencia de respuestas que debían proveer las subdirecciones de Coordinación Técnico- Institucional y la de Recaudación. Ambas, estaban bajo el mando directo de Abad y luego de Leandro Cuccioli.

Hábil declarante, Sosa apuntó a blindar las dos auditorías que él había firmado, pero su estrategia fue limitar sus alcances y relativizar el efecto concreto que tenían porque las áreas involucradas podían o no implementar mejoras sugeridas. Y que lo único que perseguía era analizar “la praxis de los funcionarios de la organización” en relación al cobro de impuestos respecto a un contribuyente en particular. A su testimonio, le precedió una deliberación del Tribunal Oral Federal N°3 que por unanimidad decidió que Sosa debía declarar por todo cuanto se le preguntara. El planteo inicial de las partes temía que porque está imputado en la causa de María Servini (con un sobreseimiento que fue apelado por la querella y por la fiscalía) se restrinjan el interrogatorio sobre su propio rol, ante el riesgo de autoincriminarse en la otra causa donde está como acusado. Por unanimidad, los jueces establecieron que el testigo debía responder “íntegramente” las preguntas de las partes, con lo que no podría ampararse en lo que utilizaron Abad y Cuccioli para volver intrascendentes sus declaraciones en el juicio.

“No se dictó un procedimiento o protocolo de actuación o algo que establezca cómo hacer el seguimiento de estas condiciones particulares. No fueron cumplidas y nadie se encargó de verificar que fueran cumplidas. No existieron protocolos y (los funcionarios de) la Agencia N°11 no lo hicieron ni tenían pautas para hacerlo”. Así resumió Sosa los hallazgos respecto al otorgamiento de los planes de pago particulares por el Artículo 32 que tuvieron Oil y otros 1.200 contribuyentes. Eso ratifica uno de los ejes de la discusión. Para cometer un delito, alguna norma debía ser vulnerada. Para hacerlo de manera dirigida a beneficiar a alguien –como sostiene la acusación de la elevación a juicio del fiscal Gerardo Pollicita- debió haber un apartamiento a esa regularidad. Según las conclusiones que expuso Sosa, no existía un parámetro, ni para Oil, ni para el resto de los beneficiarios de los planes.

El testigo confirmó que él mismo superviso la redacción de las observaciones y dejó en el aire que porque el destinatario era judicial y no personal técnico, los “términos” podrían no haber estado del todo ajustados. Pero fue más allá y aseguró que después de que Ernesto Donato, mano derecha de Abad, le ordenara ir a declarar al juzgado en la causa Oil, se comprometió a buscar documentación interna para aportar. No se sabe por qué centralizó esa tarea. Distinto fue cuando el fiscal le preguntó si recordaba anteriores auditorías sobre planes de pago. Dijo no recordar ninguna. Había otras dos anteriores que no se tomaron en cuenta, ni siquiera para supervisar si las recomendaciones que habían hecho en su momento tuvieron algún eco. Fueron en 2012 y 2013, apenas tres años antes.

En su relato y sin recordar textualmente cuáles eran los términos que fijaba el Artículo 32 de la Ley que facultaba al administrador federal a otorgar planes generales y particulares, homologó la palabra “crisis” a la de “dificultad”, y asumió que él mismo interpretaba el “espíritu del legislador” sobre lo que se pretendía con esa redacción. “En el apartado acreditación de situación económica debiera tener la justificación de por qué requiere una ayuda del fisco”, indicó sobre lo que no existía dentro de AFIP. Pero allí introdujo una interpretación novedosa que ningún otro testigo había mencionado: “¿Qué se entiende? ¿Qué el contribuyente tenga imposibilidad de pago? ¿O solvencia para que se lo pueda financiar?”, se preguntó. Hasta ahora siempre se había argumentado que Oil había estado imposibilitado de afrontar el pago en efectivo de las posiciones del impuesto ITC por una situación compleja del mercado petrolero, pero Sosa introdujo la chance de que pudiera haber sido beneficiario por su solvencia económica. De hecho, el segundo de los planes ponía como garantía los activos de todo el Grupo Indalo. Y de la nómina de beneficiarios del resto de los planes, se trataba de empresas, organismos o personas con reconocida capacidad de devolver con intereses y punitorios los impuestos refinanciados en planes de pago. Fue un novedoso argumento.

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