El mundo judicial ingresa en la semana previa a las elecciones con la mirada puesta en el cambio de escenario a partir del lunes 15 de noviembre y los desafíos que deberá encarar el Gobierno para los restantes dos años de mandato. Pero sobre todo, busca anticipar qué efecto tendrá el resultado y si también puede acarrear una crisis política dentro del oficialismo que sea aún más áspera que la que se desató luego de las PASO. Mientras un ojo estará puesto en testear hasta dónde cruje el Frente de Todos, el otro mirará cuáles son las disputas internas que comenzarán a aflorar si, tal como se prevé, la oposición obtiene un mayor número de escaños legislativos. Y es que no todo será armonía si los sectores que conforman la otra coalición se ven competitivos para 2023. Mientras una interna está a cielo abierto, la otra es sorda pero no menos feroz y podría dejar de estar solapada.
Dentro del Gobierno reconocen que no tienen otro camino más que empujar con todos sus bríos el desembarco de Daniel Rafecas en la Procuración General, dentro de un paquete de acuerdos con la oposición, pero además sin margen para otro fracaso. Es eso o perpetuar a Eduardo Casal como interino para el Guiness. Hubo señales contradictorias al respecto y algún cortocircuito que hasta dejó perplejos a los protagonistas. Sin embargo, a esta altura, es como aferrarse a la última tabla de un naufragio sin saber, todavía, cuánto hay que nadar para alcanzarla. El otro misterio a despejar sobre el que todavía no hay pistas es el de una candidatura de reemplazo para Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema. Es otra ecuación donde no existe margen para la fantasía y ni así hay certeza sobre su concreción. El tercer punto es –dentro del cálculo- que el máximo Tribunal eche una luz definitiva, a corto plazo, sobre la integración del Consejo de la Magistratura. Calculadora en mano, todos los sectores comenzaron a hacer cuentas, descontándolo, tal como anticipó Ámbito.
Reuniones
Para señales hay que prestar atención a lo que ocurrió hace apenas unos días. El presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti mantuvo, el viernes, una reunión con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas (Ju.Fe.Jus) en su sesión de comisión directiva. Plantearon temas institucionales de coordinación con la Corte Nacional y agenda de trabajo. Convinieron reuniones periódicas y trabajo conjunto. Hubo buen feedback desde las provincias sobre los resultados del encuentro. Quien preside la Junta es María del Carmen Battaini, jueza, vice del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego pero también presidenta del Consejo de la Magistratura de su provincia. Fue la primera mujer en ser elegida titular de Ju.Fe.Jus pero también pasó a tener un lugar preponderante al integrar el Consejo Económico y Social que preside Gustavo Béliz, el secretario de Asuntos Estratégicos de Alberto Fernández. Eso y su frondoso currículum la llevó a integrar la Comisión que planteó la serie de reformas judiciales (sin estrenar) que encargó el Presidente, cuyo informe se dio a conocer sobre finales del 2020. Béliz le encargó a la jueza nada menos que redactar un Código de Ética Judicial dentro del marco del CES. Esos pergaminos podrían también ponerla en el radar de una eventual candidatura.
Un día antes, el jueves, Rosatti acudió a un almuerzo en la sede de la tradicional Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) con su comisión directiva, en un contexto atravesado por el malestar que genera –sobre todo entre sus integrantes de la justicia nacional- la ley aprobada por la Legislatura porteña que mete al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) como revisor de las sentencias emanadas de las Cámaras de Apelaciones Nacionales. El temario fue variado y enmarcado en lo institucional: el destino y los problemas que arrastra entre sus afiliados la Obra Social del Poder Judicial, las falencias del (vetusto) sistema informático Lex 100 y, obviamente, la transferencia de la justicia nacional a la órbita porteña. Ninguno se llevó un adelanto de lo que podría fallar la Corte. Menos sobre lo incipiente de los dos amparos que existen para que sea declarada inconstitucional la norma votada en la legislatura local a instancias del Ejecutivo que preside Horacio Rodríguez Larreta. Fue más bien un resumen de quince años de reclamos. Entre jueces nadie amaga con pedir adelanto de decisiones cuando existe un expediente en trámite.
El paso en falso lo dio la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que había coordinado para hoy una reunión con diputados y “candidatos a Senadores” de Juntos por el Cambio. Desde la presidencia de la Cámara hicieron extensiva la invitación a todos los fiscales federales de la jurisdicción. El escándalo se viralizó. Apenas unos días antes de la elección, los jueces se disponían a reunirse con candidatos de un partido político para “discutir problemáticas de la jurisdicción”, algo que supuestamente deberían plantear en el marco institucional del Consejo de la Magistratura. Cuando se hizo público el evento, desde la Cámara corrieron a tratar de coordinar reuniones con otros partidos, como muestra de pluralidad. No lo lograron. Terminaron dando de baja el evento ante una lluvia de llamados cruzados que apuntaban a uno de los secretarios del presidente de la Cámara Aníbal Pineda, que es primo del exjefe de Gabinete amarillo Marcos Peña.
Dilema Oil
En el epílogo del juicio oral por el caso Oil Combustibles se planteó un dilema bien complejo. El fiscal Juan Patricio García Elorrio, en su alegato de acusación, planteó que se había consumado el delito investigado a partir de un supuesto desvío del “dinero de los impuestos” al financiamiento del holding que dependía de la petrolera. En el pedido de penas mencionó en cuatro oportunidades el mismo concepto: expresó que “el dinero correspondiente al impuesto a los combustibles financiaba el funcionamiento y la expansión del conglomerado empresario”, que la empresa “en realidad disponía del dinero para hacer frente al tributo” y que “aprovechando estos fondos para solventar el funcionamiento y expansión del conglomerado empresario”, habría consumado una maniobra delictiva. “Esa empresa quedó determinada en la medida en que el dinero del impuesto, que no era ingreso a la AFIP, fue utilizado para beneficiar los intereses privados”, concluyó.
Haber definido como “dinero de los impuestos” y no crédito fiscal -que era lo que en realidad tiene al AFIP ante el cobro de tributos autodeclarados por los contribuyentes- convierte este caso en un leading case con múltiples derivaciones. Es que plantear que en privados existe un dinero que le pertenece a la AFIP a partir del supuesto de que están destinados al pago de impuestos, incide directamente en organismos públicos cuyo presupuesto “sí” contempla un rubro destinado al pago de tributos. El caso análogo al de Oil que solicitó un plan de pagos por el Artículo 32 a la gestión de Ricardo Echegaray tiene como máximo exponente al Consejo de la Magistratura –el órgano de selección y remoción de jueces (y quien paga los salarios para el Poder Judicial- que el 14/8/2014 recibió un plan de pagos de AFIP de 148 cuotas (más de 12 años de plazo) para afrontar el pago de $856.177.856 en concepto de cargas sociales. El Consejo, entonces, destinó “el dinero de los impuestos” cuyo presupuesto está efectivamente discriminado a otros fines desconocidos que bien podría ser el pago de salarios a jueces o la compra de insumos urgentes. De todas formas, un fin no previsto en su presupuesto que ingresaría así en el formato delictivo planteado.
Pero el Consejo no está solo en ese dilema que se abre a futuro: de la misma forma y por la deuda de impuestos en cargas sociales, tuvieron planes de AFIP del Artículo 32 la Casa de la Moneda SE, Fabricaciones Militares, INVAP, Cammesa, el Gobierno de la Provincia de La Rioja, el Gobierno de la Provincia de San Juan, el Correo Argentino, Córdoba Recicla SE y la Municipalidad de Córdoba. En todos estos entes y organismos se utilizó “el dinero de los impuestos” establecido por presupuesto para un fin distinto, ya que obtuvieron un plan y lograron liquidez a partir de diferir el pago de tributos en el tiempo. Todos serían pasibles de eventuales delitos, si es que la justicia termina por avalar este planteo de la fiscalía.
