El gobierno ordenó ayer a los jefes militares que estuviesen presentes en el acto de anuncio de un aumento de sueldo a los retirados. Con el marco de los tres altos jefes: Jorge Chevalier, Roberto Bendini y Normando Costantino, no concurrió el jefe naval, Jorge Godoy, de gira en el extranjero, Nilda Garré recitó el decreto firmado por Néstor Kirchner por el cual se concedió un aumento de 13 por ciento a todo el personal retirado de las Fuerzas Armadas. También se dio ese mismo porcentaje a los pasivos de las fuerzas de seguridad. Como lo ha hecho con otros sectores de la administración pública, el gobierno actualizó así los haberes de un electorado que no le simpatiza. La determinación abarca a más de 177.000 militares, policías, gendarmes, prefectos y miembros del servicio penitenciario y demandará un gasto anual superior a 330 millones de pesos.
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Interesante, en lo electoral, el número de los beneficiarios. Esa «familia» puede llegar al medio millón si se les suman las parentelas. Algo imprescindible en una elección que se prepara ya como al filo del ballottage.
Los salarios de retirados son uno de los temas más espinosos en el área castrense y de seguridad, pues existe una variación muy importante entre aquellos que permanecen en servicio y los que pasaron a retiro. El universo de retirados tiene la espada de Damocles con el presunto pasaje de la caja previsional -el Instituto de Ayuda Financiera (IAF)- a la órbita de la ANSeS, un proyecto que nunca se dejó de analizar y que comenzaría con la modificación del directorio del IAF que incluiría la figura de un presidente designado por Defensa. A pesar de este aumento, los estudios de abogados que asisten a los retirados no dejan de tener nuevos clientes que reclaman por el cumplimiento de la ley y que se incorporen al haber todos las recomposiciones salariales que se otorgaron como suplementos no remunerativos.
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