Alberto Fernández anunció la tan anticipada reforma judicial que se asemeja a un caleidoscopio que ofrece distintas formas combinadas con elementos existentes en el universo judicial. Partiendo de un diagnóstico certero sobre las condiciones que arrastra como vicios la justicia federal, el anuncio es un mix entre la “Gran Beliz” –la reforma que intentó el ahora Secretario de Asuntos Estratégicos en 2004 para diluir el poder de Comodoro Py- fusionando los juzgados penales de la Capital Federal con otra parte del menú disponible. Eso es la integración del fuero penal económico y el traspaso definitivo de un puñado de juzgados “ordinarios” a la órbita de la Capital Federal. El resultado es esta propuesta que alumbrará un “mega fuero” compuesto por más de medio centenar de jueces que compartirán competencias para investigar casos de corrupción, narcotráfico, trata, lesa y contrabando (una presea que hizo frotar las manos a más de un conocedor de la interna). Sin todavía la letra chica, en un asunto que no solo ofrecerá una extrema complejidad organizativa, sino que también estará atado al desafío de un factor limitado para cualquier Gobierno: el tiempo.
El diagnóstico expuesto por Fernández fue complementario del de su discurso de asunción. La potencia del anuncio describió -sin nombrarlo- las peores prácticas de Comodoro Py (cajoneo de causas, promiscuidad con el poder político, sorteos sospechosos, etc). Hacia allí apuntó el exocet destinado a desdibujar el protagonismo de los magistrados, licuar su poder y anunciarles lo que ya sabían: que deberán compartir su influencia con, probablemente, 30 de los 60 juzgados nacionales en lo criminal y correccional de la Capital Federal, hoy abocados a delitos penales no federales circunscriptos dentro de la General Paz. Aun no se sabe cómo será el método de bisección para dividir los jueces que se “municipalicen” y los que obtengan la “chapa” de federal. Se podría aprovechar la cantidad de vacantes en el fuero, mucha empujadas por el proyecto de modificación del régimen especial de jubilaciones, una herida a la que le queda bastante por sangrar. ¿Qué pasará con la justicia comercial, civil y laboral que también es considerada “justicia nacional”? La Corte ya advirtió en un fallo en la era Cambiemos que los jueces nacionales no podrían ser rotados a instancia federal a sola firma.
Todo eso en medio de un tironeo con Horacio Rodríguez Larreta por la coparticipación que le toca a la Capital, y en medio de un proceso de vaciamiento del Ministerio Público Fiscal, precisamente en esa jurisdicción, donde se acumulan 130 vacantes de 366 cargos, incluyendo 124 subrogancias y 14 jubilados convocados que podrían quedar sin “estado judicial” con el que continuar si la reforma jubilatoria judicial es aprobada en el Senado, algo que ayer el Presidente dio por descontado. Al tener otro ordenamiento jurídico los fiscales que hoy se desempeñan en la justicia nacional no pueden pasar a formar parte de la égida porteña. Es otra dependencia orgánica, otro método de selección, sanción y permanencia. Habría que modificar la constitución de la Ciudad para homologarlos.
Lo novedoso estará del lado de Comodoro Py y sus 12 representantes de primera instancia que sumados a los 11 de penal económico y a los 30 “nacionales” pasarían el medio centenar anunciado este domingo. Sin embargo, el juego de pinzas lo completaría la aceleración del sistema acusatorio para implementarlo en Retiro y aledaños. Solamente se enunció su fortalecimiento, aunque la cantidad de vacantes (cerca del 39% de su estructura) obligaría a concursos que demandan más tiempo del disponible para considerar una reforma a completar durante un solo mandato.
El segundo tramo de la reforma lo constituye la fusión entre el fuero Contencioso Administrativo Federal (garante de la “gobernabilidad”) y el tradicionalista fuero Civil y Comercial Federal, donde se dirimen asuntos de alto voltaje económico. Ese tramo traerá aparejada una unificación de causas que van desde migraciones, amaros de salud, contra AFIP, ejecuciones fiscales y tributarias. Quedarían 28 juzgados con 8 salas de Cámara, a las que se le podría agregar defensa de la competencia, un ítem mencionado al pasar en el discurso de ayer. Ese mega fuero también puede ser un choque de ecosistemas –el primero mucho más habituado al timming político y el segundo con una ligazón estrecha al poder fáctico- cuya resultante es una incógnita. Es difícil calibrar si el Gobierno debió haber aguardado que el Contencioso de luz verde a algunas de sus iniciativas antes de impactarlo con el misil de la reforma.
La Corte Suprema mandó un mensaje político: fue solo su representación institucional, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti –la “mayoría peronista” como la denominaba Cambiemos, pegó el faltazo. Solo el último acusó un cuadro febril. Fue una señal para el universo judicial que sigue maldiciendo. Alberto les dirigió un dardo en el único tramo aludido a reformas futuras: las de los recursos extraordinarios –leáse apertura de recursos de “queja”- que se vienen acumulando en causas de voltaje político. La promesa de un Consejo para Afianzar la Administración de Justicia, la sanción de un nuevo Código Penal y la necesidad de introducir mejoras en el Consejo de la Magistratura quedaron como un segundo paso de la reforma.
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