"La 9 de 2007" o la resolución Urquía

En el máximo nivel del gobierno se discute en sordina la derogación de una resolución que firmó Felisa Miceli en favor del sector aceitero, cuya cabeza más notable es Aceitera General Dehesa, de la familia del senador oficialista Roberto Urquía. Por esa norma, los productores del sector han recibido en el último año y medio más de $ 130 millones en subsidios. La parálisis que ha ganado al gobierno en la pelea por el campo le ha quitado el último resto de atención para vigilar estas minucias que subsisten en los laberintos de la burocracia, que es donde prosperan los audaces. Teme el gobierno que si toca el sistema, pueda destapar un escándalo con más efectos negativos para su deteriorada imagen que mantenerlo. Después de todo, nadie mira esos detalles del dispendio de recursos. El caso puede volverse en contra, quizás, porque algunos de quienes promovieron la medida siguen en sus cargos y el gobierno no quiere víctimas propias en medio de la batalla.

Nadie tampoco se anima a hacer caer el subsidio porque las razones que habría para derogar ese regalo son tan inconfesables como las que hubo para imponerlo.

Como los castigos bíblicos, el gobierno sigue pagando los despropósitos de Miceli en el Ministerio de Economía que muchos mencionan pero que nadie rectifica. Un ejemplo es la Resolución 9 del 11 de enero de 2007, firmada por la ministra y que estableció el sistema de subsidio a los productores de aceite de trigo, maíz, girasol y soja para que destinen parte de lo que fabrican al mercado interno y desacoplarlos de los precios internacionales. En la jerga del campo se la conoce como «resolución Urquía» o simplemente «la 9 de 2007».

Ejemplo de torpeza

Por la vigencia de esa norma, que nadie ha revisado desde entonces, y menos en los últimos cien días del paro agrario, ese sector ha recibido una suma de alrededor de $ 130 millones. Se la exhibe, además, como uno de los ejemplos de la torpeza del gobierno para intervenir en el mercado y desenganchar los precios locales de los internacionales. Para producir el efecto deseado y no limitar la medida a engordar los bolsillos de los grandes productores, no debió dárseles a ellos un subsidio -a fondo perdido, y a cuenta de las retenciones- sino una compensación a los productores de soja destinada a la producción de aceite.

En la parte dispositiva, se indica que «los perceptores del subsidio recibirán el importe por tonelada procesada destinada al mercado interno que resulte de la diferencia entre el valor de mercado del producto de que se trate que periódicamente publicará la Secretaría de Agricultura y los precios de abastecimiento interno que oportunamente determinará el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Comercio Interior». En síntesis, el gobierno con la firma de Miceli subsidia a los aceiteros (Urquía entre ellos) por la diferencia de precios que calculen Javier de Urquiza (para el mercado internacional) y Guillermo Moreno para el mercado local.

Sin explicación

La confusión entre subsidio (regalo de dinero para promover un sector al que se quiere proteger en busca del bien común) y compensación (devolución a un productor en un punto de la cadena de valor con cargo a la recaudación de las retenciones sobre la venta final) es un ejemplo de la mala gestión del gobierno. Quienes cuentan estas peripecias tampoco tienen explicación para que esta resolución siga vigente. Que se firmase en 2007 se entiende -o no- por el desorden del ministerio en donde se ordenaron pagos al ex grupo Greco y aparecieron sobres con dinero inexplicable en los baños.

La gestión no mejoró con los sucesores de Miceli, que mantuvieron en sus cargos en las áreas de Agricultura que habían promovido este subsidio a grupos que, de paso, controlan desde algunas bancas del Congreso sus negocios con una eficacia que el Estado no tiene para los suyos, que son los de todos.

Tampoco la actual gestión en el área ha derogado esa norma, pese a que admiten que es un error administrativo y político que cuenta cada día muchísimo dinero. La relación preferencial de esos grupos con el matrimonio Kirchner, por lo menos a través del senador Roberto Urquía, les valió este tipo de medidas, que son legales pero que entran en la zona gris. Urquía ha perdido el favor presidencial -ya no es el mejor senador nacional, hasta lo soñaron los Kirchner como gobernador de Córdoba-. Que haya cruzado el charco y se haya alineado junto a los activistas del campo no ha bastado para que alguien haga caer el subsidio.