Uno de los denunciantes de Cristina de Kirchner por gastos pagados con fondos oficiales cuando era senadora, el abogado radical Ricardo Gil Lavedra, dijo que el archivo que ordenó un juez no implica que se haya cerrado la causa.
El juez federal Norberto Oyarbide archivó la causa abierta en octubre pasado para determinar si los viajes internacionales que durante 2007 realizó la entonces primera dama, Cristina de Kirchner, implicaron algún tipo de delito. La causa se originó en una denuncia presentada por los abogados Ricardo Gil Lavedra, Julio Strassera y Andrés D'Alessio, quienes solicitaron a la Justicia investigar quién autorizó y pagó esas giras proselitistas. Cabe recordar que éstas fueron presentadas por el oficialismo como destinadas a la «instalación internacional» de la candidatura presidencial de Cristina de Kirchner. A los requerimientos del fiscal del caso, Eduardo Taiano, el gobierno respondió que la primera dama había realizado cinco viajes, que abarcaron varios países (Venezuela, Estados Unidos, España y Alemania, entre otros) gastando casi ocho millones de pesos en un total de 24 días. Por ejemplo, en febrero de 2007, la señora de Kirchner viajó a Francia, acompañada por 20 personas que se alojaron en el Hotel Meurice, un cinco estrellas cuya tarifa mínima es de 800 dólares. Sin embargo, el juez consideró, en resolución fechada el 4 de julio, que «no existe» en este caso « malversación de caudales públicos», por cuanto «el fin (de los viajes) no es otro que dar a conocer los actos de gobierno». Oyarbide deja, no obstante, abierta la posibilidad de que haya habido «un aprovechamiento durante las misiones asignadas por el Poder Ejecutivo Nacional para la realización de la campaña electoral», razón por la cual deriva las actuaciones al fuero correspondiente. En diálogo con este diario, Ricardo Gil Lavedra se manifestó sorprendido por la decisión del juez y expresó su convicción de que -se pruebe o no la existencia de delito- estamos ante una falta de ética grave.
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Periodista: ¿Cuál es su opinión sobre la decisión de Oyarbide?
Ricardo Gil Lavedra: Lo que me llama la atención es que la causa estaba a cargo de la fiscalía (de Eduardo Taiano) y, apenas trascienden los primeros datos a la prensa (a principios de mayo), Oyarbide se aboca a ella y la archiva. Toda la documentación que obra en el expediente la aportó Taiano. Lo primero que cabe aclarar sobre la decisión del juez es que se trata del archivo de la causa, es decir, que no hay cosa juzgada, no queda cerrada la causa y se puede reabrir si hay nuevos elementos. Para tomar su decisión, el juez consideró que el dinero salió de partidas asignadas para ello y que Cristina viajó como primera dama para publicitar actos de gobierno. Cada uno de estos viajes estuvo acompañado por un decreto que firmó el marido (el entonces presidente, Néstor Kirchner),-sobre la necesidad del viaje de la primera dama, la comitiva que la acompañaría e imputando los gastos a la Presidencia del República. El juez, por otra parte, manda estos antecedentes a su colega (María Romilda) Servini de Cubría para que investigue si hay infracción al código electoral. Yo no he tenido acceso a todos los elementos del expediente, pero no creo que la condición de primera dama la habilite para una representación oficial y de la magnitud de estos viajes. Me parece que no debe ser así en un régimen republicano y creo que los gastos que tengan relación con la esposa o el esposo tienen que estar exclusivamente destinados a actividades de acompañamiento. Acá resulta inocultable que el objeto fue hacer campaña electoral, rompiendo la equidad que debe regir entre los diferentes partidos.
P.: ¿Para ustedes el cargo era de malversación?
R.G.L.: Esperábamos que el juez lo estableciera, para lo cual hay que determinar qué partidas se usaron concretamente. Si la plata se gastó para los fines establecidos es probable que, en ese caso, no sea malversación. Pero lo cierto es que tendría que haber una reglamentación acerca de qué gastos protocolares cabe asignar a la esposa o al esposo del presidente.
P.: ¿Se trata como mínimo de una falta ética?
R.G.L.: Yo diría que de una falta ética sustancial, no mínima. Me parece una conducta claramente antirrepublicana, la de utilizar los fondos del Estado para que la esposa haga campaña-electoral. Hay cierta confusión en este gobierno acerca de la utilización de los fondos públicos, que no son de las autoridades, sino del pueblo y, por lo tanto, requieren una administración transparente. Las políticas de este gobierno tienden a lo contrario, porque concentran facultades sin control de gastos. Es el caso de los fondos fiduciarios, también el de los superpoderes, que los habilitan a cambiar el destino de las partidas presupuestarias que estableció el Parlamento; en fin, todo apunta a poder usar a su antojo la plata de todos.
P.: ¿Hay un agujero legal en esta materia?
R.G.L.: Tengo entendido que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas se dirigió a la Oficina Anticorrupción para solicitarle que, en uso de sus facultades, reglamente qué fondos se pueden destinar a actividades de la primera dama o el primer caballero. Y, aunque no puedo dar una opinión legal precisa sin ver el expediente, puedo decir que esto hiere el sentido común y las elementales reglas de decencia en el uso de fondos de otros.
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