Los jueces de la Corte se pintaban ayer para la guerra contra la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados a quien consideran que se arroga un rol de tribunal de inquisición ajeno a su misión específica. El disparador del mal humor judicial fue un pedido de informes sobre el manejo administrativo interno del máximo tribunal, los jueces creen que nada tiene que ver con su responsabilidad jurisdiccional del máximo tribunal y que ya están siendo investigados a partir de los fallos de la Corte sobre la causa de las armas, el rebalanceo telefónico, el «corralito» financiero, el tope de la edad de los jueces para jubilarse y la investigación abierta en torno al atentado a la Embajada de Israel. En el acuerdo de hoy se analizará este nuevo avance de los diputados sobre la Corte: «esto es la Conarepa del gobierno», se quejaron en el cuarto piso de Talcahuano 550.
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La nota que irritó a los jueces supremos está firmada por el diputado peronista Sergio Edgardo Acevedo, a quien en Tribunales se les reprochan sus ataques a la Corte. Este delegado del gobernador Néstor Kirchner quiere saber sobre régimen de viajes, liquidación de viáticos y licencias, vacaciones, viajes al exterior y comisiones de servicio, pagos por diferentes conceptos, liquidaciones de haberes, afectación vehicular y todo cuanto corresponda al manejo de los recursos, olvidando que la Corte tiene la misma auto-nomía y autarquía en el manejo del presupuesto por ser cabeza del Poder Judicial. «El presidente de la Comisión de Juicio Político se atribuye facultades de superintendencia impropio de un Estado republicano», se quejó otro de los jueces para quien -con el criterio de Acevedo-la Corte podría pedir los gastos de Duhalde y de los legisladores.
Los reproches de los ministros -varios de ellos siguen juramentados a enfrentar el juicio político pese a cierto cansancio que se nota en ese recinto-apuntan a desnudar las «derrapadas» verbales de Acevedo cada vez que acusa a la Corte. Analizan con cierta información que esta incontinencia ya ha provocado malestar entre varios miembros de la comisión que integra, sobre todo con radicales que tratan de diferenciarse de los delegados legislativos de la cooperativa bonaerense duhaldista-alfonsinista-moreauísta-storanista. Ayer se hizo circular profusamente la opinión de la diputada Margarita Stolbizer que hizo notar sus discrepancias por la superficialidad de las imputaciones contra el tercer Poder de la República.
Tampoco todos los peronistas están de acuerdo con la verborragia del santacruceño: «Graciela Camaño -PJ Buenos Aires-suele sostener en privado que no es una talibán del duhaldismo para descabezar a la Corte y junto a ellas se alzan otras voces femeninas del PJ del Interior», lanzó otro informado en esas alturas judiciales.
En este fuego cruzado, los máximos jueces tuvieron ayer el apoyo de la Cámara Federal Penal de La Plata. Los camaristas Carlos Alberto Nogueira y Antonio Pacilio declararon la inconstitucionalidad del artículo 12 del decreto 214/02. Esta norma administrativa que firmó Eduardo Duhalde suspendía por 180 días la tramitación de los juicios por el «corralito» y demoraba el desembolso del dinero después que la Corte lo declaró inconstitucional y sacó a la superficie un larvado enfrentamiento desde el mismo momento en que el bonaerense se hizo cargo del Poder Ejecutivo. También para contraponer capacidad intelectual, cuatro de los ministros han elegido a abogados de reconocido fuste para ejercer su defensa en Diputados. Ellos son Gregorio Badeni, Eduardo Aguirre Obarrio y Pedro Bianchi para patrocinar a Guillermo López, Eduardo Moliné O'Connor y Julio Nazareno y Germán Bidart Campos para mantener los argumentos defensistas de Carlos Fayt. Todos, sin excepción, piensan que «el ataque a la Corte es un ataque a la Constitución» y sobre ese eje girará su defensa.
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