Los jueces del máximo tribunal cuestionaron a la Justicia de Entre Ríos por rechazar un amparo sin evaluar si la vía administrativa garantizaba una respuesta efectiva. El caso involucra a una adolescente con discapacidad que dejó de asistir a la escuela ante la falta de una propuesta de educación inclusiva adecuada.
Los magistrados dejaron sin efecto un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que había rechazado un amparo presentado por la madre de una adolescente con discapacidad para reclamar que se garantizara su escolarización mediante un Proyecto Pedagógico Individual (PPI).
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El máximo tribunal advirtió que la joven había dejado de concurrir a la escuela y cuestionó que los jueces provinciales rechazaran el planteo sin analizar si el trámite administrativo ofrecía una respuesta efectiva.
El caso llegó a la Corte luego de que la madre de la adolescente, titular de un certificado de discapacidad, presentara una acción de amparo contra el Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE).
Su reclamo apuntaba a que se ordenara “el cese inmediato de la conducta lesiva y omisiva consistente en denegarle el derecho a la educación inclusiva” y se dispusiera la implementación de un proyecto pedagógico que permitiera garantizar la continuidad de su trayectoria escolar.
En primera instancia, la Justicia hizo lugar al planteo y ordenó elaborar un proyecto pedagógico individual. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia entrerriano revocó esa decisión y rechazó el amparo porque consideró que ya existía un expediente administrativo en el que se discutía la situación educativa de la adolescente.
La madre apeló y la Corte, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, le dio la razón y dejó sin efecto la sentencia provincial.
El punto central del fallo fue que la existencia de un trámite administrativo no alcanzaba, por sí sola, para cerrar la vía judicial. Los jueces Rosatti y Rosenkrantz señalaron que el tribunal entrerriano se había limitado a mencionar ese procedimiento, sin examinar si realmente constituía una alternativa útil y efectiva para proteger los derechos de la adolescente.
En el expediente administrativo, iniciado en abril de 2025, las autoridades educativas habían ofrecido a la familia un cambio de trayectoria hacia una escuela integral. También propusieron que la joven cursara únicamente Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología, con un proyecto pedagógico individual y acompañamiento de una maestra. Otra alternativa fue su incorporación a la escuela especial Mayor E. Pastor.
La madre rechazó esas propuestas porque entendía que no garantizaban una educación inclusiva acorde con las necesidades de su hija.
La situación se agravó en mayo de 2025, cuando la adolescente dejó de concurrir a la escuela secundaria. En un informe posterior, la Supervisión de Educación Especial sostuvo que había presentado distintas alternativas educativas y cuestionó la negativa de la tutora a aceptarlas.
Sin embargo, la madre volvió a intimar al Consejo General de Educación mediante una carta documento del 4 de agosto de 2025. Allí denunció el incumplimiento de las normas que garantizan el derecho a la educación inclusiva y reclamó una propuesta adecuada para su hija.
Frente a ese escenario, Rosatti y Rosenkrantz fueron contundentes: “La sentencia apelada no brindó razones para comprobar la existencia de otras vías idóneas y efectivas diferentes a la del amparo” para proteger los derechos constitucionales que se denunciaban vulnerados.
También remarcaron que los jueces tenían el deber de actuar con rapidez y brindar una respuesta que no quedara atrapada en cuestiones formales.
“Tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que -atendiendo a los derechos involucrados- no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción”, sostuvieron.
En su voto concurrente, Ricardo Lorenzetti puso el acento en la protección especial que merece el derecho a la educación cuando están involucrados niños, niñas y personas con discapacidad.
Recordó que tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconocen el acceso a la educación en condiciones de igualdad y sin discriminación.
Además, destacó que la legislación nacional y la normativa de Entre Ríos establecen obligaciones concretas para garantizar la inclusión escolar.
En uno de los pasajes de su voto, Lorenzetti advirtió: “Una interpretación que frustre la aplicación efectiva de un derecho fundamental no solo diluye las finalidades de la legislación, sino que provoca una pérdida de confianza en las instituciones que debe ser evitada”.
Y dejó una definición: “El derecho a la educación es operativo y confiere a su titular una pretensión jurídica de implementación”.
Con la decisión, la Corte dejó sin efecto el rechazo del amparo y volvió a poner en el centro del debate la obligación del Estado de garantizar una educación inclusiva efectiva, sin que los procedimientos administrativos se conviertan en un obstáculo para el ejercicio de un derecho fundamental.