La Corte Interamericana condenó a la Argentina por la destitución del exjuez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O'Connor

El tribunal internacional consideró que el juicio político que terminó con su salida vulneró garantías judiciales, la independencia judicial y sus derechos políticos. También cuestionó la quita de su pensión vitalicia y ordenó al Estado regularizar ese beneficio y pagar indemnizaciones a sus herederos.

El proceso se había iniciado después de que la Comisión de Juicio Político de Diputados admitiera cuatro pedidos de remoción. 

Gentileza: Litigio Periodismo Judicial

La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó internacionalmente a la Argentina por la destitución del exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eduardo Moliné O’Connor, quien fue removido por el Senado el 3 de diciembre de 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

En una sentencia dictada el 20 de agosto de 2026, y conocida hoy , el tribunal concluyó que el juicio político estuvo atravesado por irregularidades y que la acusación se sustentó en el contenido de las decisiones judiciales que Moliné O’Connor había firmado como integrante del máximo tribunal.

Uno de los puntos del fallo es que la Corte consideró que utilizar los criterios jurídicos de un magistrado para justificar su destitución constituyó una injerencia indebida en la separación de poderes y una afectación a la independencia judicial.

El proceso se había iniciado después de que la Comisión de Juicio Político de Diputados admitiera cuatro pedidos de remoción. Los cargos estaban vinculados, entre otros asuntos, con las causas Meller, Magariños y Macri.

En ese contexto, la Corte Interamericana puso especial atención en el hecho de que el juicio político se había apoyado en el contenido de las sentencias del magistrado, una cuestión que consideró incompatible con las garantías que deben proteger a quienes integran el Poder Judicial.

La resolución declaró que la Argentina violó los derechos a las garantías judiciales y políticos de Moliné O’Connor, así como su derecho a la protección judicial. También encontró vulneraciones al derecho al trabajo, la seguridad social, la propiedad privada y la garantía del plazo razonable.

La resolución declaró que la Argentina violó los derechos a las garantías judiciales y políticos de Moliné O’Connor, así como su derecho a la protección judicial.

Otro aspecto relevante fue la revocación de la pensión vitalicia que el exjuez tenía otorgada desde 1998. El beneficio fue quitado en octubre de 2004, después de su destitución. La Corte consideró que esa decisión también afectó sus derechos y ordenó al Estado regularizar el régimen de la pensión que le correspondía.

En materia de reparaciones económicas, el tribunal fijó una indemnización de 600.000 dólares por daño material, en concepto de lucro cesante, y otros 25.000 dólares por daño inmaterial. Los montos deberán distribuirse entre su esposa y sus hijos.

La Corte también tuvo en cuenta el impacto que la destitución tuvo sobre su trayectoria profesional. En uno de los pasajes más significativos, sostuvo que la remoción arbitraria interrumpió una carrera de más de 13 años en el máximo tribunal y «canceló, de manera definitiva e imprevista, la opción de vida que la víctima había estructurado en torno al ejercicio de la judicatura».

Moliné O’Connor había fallecido el 20 de agosto de 2014, por lo que el proceso internacional continuó a través de sus familiares. La petición original había sido presentada ante la Comisión Interamericana en noviembre de 2003 y el caso llegó a la Corte recién en agosto de 2024: habían transcurrido más de dos décadas.

Como parte de las medidas ordenadas, la Corte dispuso que la Argentina publique y difunda la sentencia y su resumen oficial. Además, estableció que las autoridades nacionales deberán interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución —que contempla la causal de mal desempeño para la remoción de jueces de la Corte Suprema— respetando el debido proceso, la independencia judicial y los derechos políticos.

El Estado tendrá un año desde la notificación del fallo para informar las medidas adoptadas. La Corte Interamericana mantendrá la supervisión hasta que se cumpla íntegramente la sentencia.