La causa es por violación a la Ley 26.659, sancionada en marzo de 2011. Dicha norma protege los recursos naturales en el Atlántico Sur.
La presentación fue realizada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. El Ejecutivo sostiene que las compañías realizan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina.
El Gobierno presentó la denuncia penal contra la petrolera Navitas Petroleum y otras empresas por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Radicada en los tribunales de Comodoro Py, la denuncia fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno y quedó radicada tras el sorteo en el juzgado federal 12, que subroga Julián Ercolini.
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La denuncia es contra cinco empresas por violación a la Ley de Hidrocarburos, la ley 26.659 que sanciona las actividades no autorizadas por la Argentina en esa zona.
La presentación fue realizada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. El Ejecutivo sostiene que las compañías realizan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina.
En la presentación se denuncia a NAVITAS PETROLEUM DEVELOPMENT & PRODUCTION LTD - NAVITAS PETROLEUM ATLANTIC LIMITED - NAVITAS PETROLEUM LP - JHI ASSOCIATES INC - ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD.
El Gobierno presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en una nueva ofensiva judicial para cuestionar las actividades petroleras desarrolladas en el área bajo licencias otorgadas por el Reino Unido.
La presentación fue realizada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, según informó la Oficina del Presidente.
La denuncia alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd. El Gobierno sostiene que algunas de estas sociedades cuentan con licencias otorgadas unilateralmente por autoridades británicas para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte.
De acuerdo con la presentación oficial, las actividades denunciadas se desarrollarían en presunta violación de las disposiciones establecidas por la Ley 26.659, que establece el régimen aplicable a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
La acción judicial no se limita a las sociedades involucradas. También alcanza a sus accionistas y a quienes hayan intervenido en las actividades investigadas, incluyendo directores, gerentes, síndicos, administradores, mandatarios, representantes y otras autoridades.
El Gobierno considera que la explotación de recursos naturales en el área de Malvinas sin autorización argentina constituye una afectación de los derechos soberanos del país.
En ese marco, la Casa Rosada sostuvo que continuará impulsando acciones para investigar y sancionar actividades que, según su interpretación, vulneren los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Uno de los principales proyectos involucrados es Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. La petrolera Navitas tiene una participación mayoritaria en el proyecto y actúa como operadora, mientras que la británica Rockhopper Exploration posee el porcentaje restante. Rockhopper, sin embargo, no figura entre las cinco sociedades alcanzadas por la denuncia anunciada por el Gobierno.
La decisión de avanzar judicialmente se suma a otras medidas impulsadas por el Ejecutivo para reforzar su estrategia sobre Malvinas.
Milei pidió priorizar proyectos estratégicos para 2027
En paralelo con la denuncia, el presidente Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice en la elaboración del Presupuesto 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada Ushuaia y otros proyectos considerados estratégicos.
La intención es que esas iniciativas sean incorporadas al proyecto de Presupuesto que el Gobierno enviará al Congreso el próximo 15 de septiembre, con el objetivo de fortalecer las capacidades vinculadas con la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos argentinos.
De esta manera, la Casa Rosada busca combinar la vía judicial contra las empresas que participan de proyectos hidrocarburíferos en Malvinas con una mayor presencia estatal y el desarrollo de infraestructura estratégica en el extremo sur del país.