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28 de octubre 2004 - 00:00

La nueva Corte Suprema, motivo de seria alarma

Porque represente modos de pensar y sentir demasiado ajenos a la mayoría de la sociedad argentina, porque ponga en riesgo el desarrollo económico social futuro del país con fallos tan insólitos como incongruentes, porque da inseguridad que, buscando mostrar independencia del poder político que gobierna, se caiga hasta en lo descabellado, porque no se sabe si el propósito final es divergir en lo aparentemente chico con el actual gobierno para conceder políticamente luego en lo grande, porque alarma que hayamos pasado de una supuesta «mayoría automática» de cinco miembros a la primacía de sólo uno o dos que arrastran al resto de los integrantes atemorizados y silenciados con la acechanza de juicios políticos, por todo eso y más nuestra nueva Corte Suprema de Justicia es fuente de grave preocupación entre los moderados del país. Por lo menos puede afirmarse ya que cualquier cambio de gobierno significará nuevos juicios y desplazamientos en ese alto tribunal porque se perdió la oportunidad de rehacerlo con ecuanimidad y respetando las oposiciones fundadas, las tradiciones más arraigadas y generalizadas de los más en la Argentina. Tampoco se hizo una consulta auténticamente democrática, vaciando de contenido las formas de presentación de los candidatos cuando ya al lanzarlos a la opinión pública se sabía -y así quedó demostrado- que ninguna objeción sería tomada en cuenta, predominando el pensamiento único en los nombramientos. Prevalece la sensación -con todo el mal que ello representa para recuperar la seguridad jurídica perdida interna y externamente-de que estamos ante una Corte Suprema efímera por su lejanía con la realidad nacional que muestra su accionar y que su período de vigencia será el del gobierno que así la estructuró. Por qué se llega a esta situación de amplia desconfianza trató de explicarlo un muy logrado artículo del columnista Mariano Grondona en «La Nación», algunos de cuyos párrafos más destacados se transcriben.

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Mariano Grondona

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En el año 2000, el Gobierno rechazó el reclamo de la señora Susana Yofre de Vaca Narvaja, madre de Fernando Vaca Narvaja, para que se le extendieran los beneficios de la indemnización por haberse exiliado en 1976 junto con 26 familiares. Como la solicitante no había sido detenida previamente ni su hijo es desaparecido (el desaparecido fue el esposo, se rectificó a Grondona) el gobierno de De la Rúa entendió que la ley 24.043 no se le aplicaba. Ante el reclamo judicial de la señora de Vaca Narvaja, la decisión de De la Rúa fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal.



El Estado debería afrontar indemnizaciones de varios cientos de millones de pesos.

Pero la cuestión no es ésta, ya que si el fallo es considerado justo, ningún cálculo financiero debería impedir su aplicación. La cuestión de fondo es, entonces, otra: ¿estamos ante un fallo ecuánime, equilibrado, sobre la década de los setenta?

Tanto en el gobierno de Alfonsín como en los de Menem, De la Rúa y Duhalde, se tendía a perdonar los delitos aberrantes cometidos tanto por el terrorismo subversivo como por el terrorismo de Estado. Alfonsín eximió de pena a los oficiales de las Fuerzas Armadas que alegaban «obediencia debida». Menem amplió este criterio al indultar simultáneamente a terroristas y a militares. La idea del doble perdón se mantuvo hasta en la presidencia de Duhalde, que completó la lista de indultos de Menem con algunos casos más.

Quiere decir que, de 1983 a 2003, el país asistió por fases sucesivas a una verdadera amnistía que enviaba al olvido todas las aberraciones de los años setenta. Este criterio cambió radicalmente a partir de la actual etapa de gobierno, en la que no sólo se ha agravado mediante diversas leyes la situación de uno de los bandos en lucha durante los años setenta, sino que también se ha promovido la fundación de un Museo de la Memoria que exaltará al bando guerrillero en las 17 hectáreas que ocupaban los institutos navales de enseñanza en torno de la ESMA. Ahora, a través del fallo de la Corte, no sólo se perdona, sino que también se compensa monetariamente a los familiares de uno de los terroristas más sangrientos de nuestra historia.





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