La ley alcanza a las cooperativas de trabajo surgidas de fábricas quebradas, cerradas o vaciadas. El plazo podrá ser prorrogado por el Ejecutivo si persisten las causas de la emergencia.
Archivo. Tras la aprobación, quedarán suspendidas todas las acciones judiciales, trámites y diligencias que busquen ordenar o ejecutar el desalojo de empresas recuperadas.
El Gobierno bonaerense promulgó la Ley 15.679, que declara la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas en todo el territorio de la provincia por tres años, a partir de su publicación este martes en el Boletín Oficial.
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El plazo se cuenta desde la sanción de la norma, el 20 de octubre, y podrá ser extendido por el Poder Ejecutivo si se verifica que las causas que justifican la emergencia no desaparecieron.
Durante ese período quedarán suspendidas todas las acciones judiciales, trámites y diligencias que busquen ordenar o ejecutar el desalojo de empresas recuperadas, cualquiera sea el estado en que se encuentren.
Según el texto publicado, tampoco podrán cortarse los servicios provinciales de energía eléctrica, agua potable y cloacas. A cambio, las distribuidoras deberán ofrecer planes de pago con facilidades para saldar las deudas que se acumulen durante la emergencia, según las pautas que fijen el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y la Autoridad del Agua (ADA).
La ley alcanza a las empresas organizadas como cooperativas de trabajo, o en proceso de constitución, gestionadas por trabajadores que provienen de una firma anterior que quebró, cerró, fue abandonada por sus dueños, vaciada o desmantelada, entre otras situaciones. Para acceder a los beneficios, deberán estar inscriptas en el Registro Provincial de Cooperativas, que depende del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
Además, la norma declara de interés provincial el proceso de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores como posibles continuadores de la explotación de una firma en crisis o quiebra.
Según los fundamentos del proyecto, en territorio bonaerense funcionan cerca de 200 unidades productivas recuperadas, que generan alrededor de 5.000 puestos de trabajo cooperativos y registrados, y la provincia concentra la mayor cantidad de empresas de este tipo del país.
La iniciativa fue impulsada por la senadora de Fuerza Patria Malena Galmarini y también la firmaron Valeria Arata, Mónica Macha, María Rosa Martínez y Sabrina Bastida. El texto se originó en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y fue elaborado junto a las propias cooperativas. El Senado le dio media sanción el 6 de octubre y Diputados la convirtió en ley el 20, en la misma sesión en que se aprobaron la Ley Ema y otras normas educativas.
“Esta tarde en la Cámara de Diputados sancionamos la ley que protege a las empresas recuperadas, porque defenderlas es cuidar el trabajo y la producción de nuestra provincia”, sostuvo tras la votación el vicepresidente de la Cámara baja, Mariano Cascallares.
La nueva ley da continuidad a la emergencia que había fijado la Ley 15.485, promulgada en abril de 2024 por 18 meses y luego prorrogada por decreto.